La policía de Bukele volvió a establecer una cuota diaria mínima de arrestos a dos semanas de las elecciones

Infobae reveló entonces que había cuotas de 40 capturas diarias en delegaciones de las ciudades que rodean a San Salvador, la capital. Las exigencias de cumplir con un número de arrestos diarios llevaron, inevitablemente, a abusos masivos que afectaron a miles de salvadoreños, según organizaciones de derechos humanos en El Salvador y relatores de las Naciones Unidas.

El gobierno de Bukele decretó el régimen de excepción el 27 de marzo de 2022, luego de un fin de semana en que las pandillas MS13 y Barrio 18 provocaron un caos de violencia que dejó 87 muertos en 72 horas en las calles, barrios y comunidades del país. La causa de la masacre, según revelaron luego investigaciones hechas por agentes estadounidenses e informes internos de la inteligencia policial salvadoreña a los que Infobae ha tenido acceso, fueron desacuerdos entre el gobierno de Bukele y las dos pandillas, con las cuales el presidente y sus enviados habían negociado pactos de gobernabilidad y beneficios electorales desde al menos 2017, cuando el actual mandatario era alcalde de San Salvador. A cambio de mantener bajas las cifras de homicidios, líderes pandilleros fueron blindados por Bukele y los suyos de la extradición a Estados Unidos, donde son reclamados por actos de terrorismo, asesinatos y otros crímenes.

Desde que fue decretado, en marzo de 2022, el régimen de excepción se ha prolongado 22 meses. La medida limitó los derechos al debido proceso, a la defensa, a la libre expresión y a la libre asociación, entre otros. De acuerdo con un informe de Human Rights Watch, de mayo de 2023, el régimen de excepción trajo consigo “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos en prisión”. La organización Socorro Jurídico Humanitario, una de las que lleva mejores cuentas sobre los abusos, cifró en 216 las muertes de salvadoreños en las cárceles del país hasta finales de 2023. La mayoría de esos fallecidos nunca fueron condenados por pertenencia a pandillas.

El gobierno de Bukele ha llegado a cifrar en 80,000 el número de salvadoreños presos durante el régimen de excepción. En decenas de intervenciones públicas, el fiscal general del país, leal al presidente, y sobre todo el ministro de seguridad pública, Gustavo Villatoro, han dicho que todos los detenidos son pandilleros o han colaborado con las pandillas, aunque luego han matizado al reconocer que unas mil personas fueron liberadas, tras meses en las cárceles, porque no tenían nada que ver con las organizaciones criminales.

Mariona. Fotos del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, una de las cárceles más grandes de El Salvador. Familiares de personas que guardan prisión ahí han denunciado que agentes del gobierno salvadoreño les cobran USD1,500 por visitar a sus parientes. Fotos: Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador.

Lo cierto es que, para agosto de 2022, ya los jefes policiales habían levantado la exigencia de que sus subalternos cumplieran con cuotas diarias de capturas, según confirmó a Infobae el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), una asociación de agentes y oficiales que ha denunciado abusos cometidos durante el régimen de excepción, como violaciones sexuales por parte de policías y militares.

No fue hasta el 10 de enero pasado que, según las fuentes consultadas para esta nota, entre ellas el MTP, volvió la orden de cumplir con una cuota diaria de capturas. Ese día pasó algo en la cárcel de Mariona, la más importante del país, que amenazó con fisurar la narrativa oficial según la cual todo, en el tema de seguridad pública, está bajo control. Aquel día, de acuerdo con una denuncia del MTP que luego Infobae confirmó con un funcionario del Ejecutivo y otro de la Policía, alguien murió en Mariona.

Un día movido en Mariona

Los buses con agentes antimotines empezaron a llegar pasadas las 6:00 a.m. a Mariona, la cárcel ubicada unos 8 kilómetros al norte del centro de San Salvador. También llegaron agentes especializados a otras prisiones del país a hacer requisas. Pero hubo algo distinto en Mariona: ahí sobrevoló un helicóptero de la fuerza pública y a esa cárcel entraron médicos forenses del Instituto de Medicina Legal a hacer una inspección, según confirmó un oficial de la Policía a Infobae.

El gobierno de Bukele se apresuró, a través de declaraciones de sus funcionarios a medios de comunicación escogidos, a desmentir que alguien hubiese fallecido en Mariona. Pero según el funcionario del Ejecutivo sí hubo al menos un muerto, un custodio no un preso, lo cual obligó a la intervención de los antimotines. Las circunstancias de estos hechos no están claras, ya que el gobierno, la policía, la DGCP y el ministerio de seguridad lo han manejado todo bajo el más absoluto hermetismo o los han negado.

Lo que está claro es que, después de lo que sucedió en Mariona, la Policía se puso en alerta. El mismo 10 de enero, el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, giró un memorándum a todas las jefaturas y subjefaturas anunciando que los permisos y licencias del personal quedaban sin efecto hasta nuevo aviso. Infobae tiene una copia de ese documento.

Los alrededores del penal se empezaron a llenar de familiares de presos, quienes llegaban a intentar averiguar qué había pasado. La primera información que circuló es que habían asesinado a alguien adentro. Fuentes de la PNC dijeron a Infobae que en las primeras horas circularon tres hipótesis: la posibilidad de una fuga masiva, el escape de un interno y, la tercera, que un empleado de Centros Penales había sido asesinado.

Un funcionario del Ejecutivo que recibió informes de la PNC aseguró que, en efecto, se trataba de la muerte de un oficial de prisiones y que una de las líneas de investigación es que el fallecido era el jefe de seguridad de Mariona. Infobae intentó contactar a funcionarios del gobierno Bukele para que comentaran sobre estos hechos pero no hubo respuesta.

Tras los incidentes del 10 de enero y la nueva orden de ajustar una cuota diaria de detenciones, la cárcel de Mariona, una de las que más ha recibido a detenidos durante el régimen de excepción, ha estado cerrada a cal y canto. Desde que las medidas extraordinarias fueron decretadas en marzo de 2022, los familiares de los presos no han podido ver a los suyos a menos de que paguen un soborno a una red de custodios, según denuncias de una mujer que pagó para ver a un pariente. Tras la sospechada muerte de un funcionario de prisiones, las fuerzas especiales se quedaron en el perímetro del penal.

El 12 de enero, dos días después de los sucesos en Mariona, las capturas aumentaron. Y, según un vocero del Movimiento de Víctimas del Régimen El Salvador (MOVIR), en esa fecha fueron capturados al menos dos líderes comunitarios, uno de ellos en Guarjila, en el departamento de Chalatenango, al norte del país.

Un guardia vigila, del Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot), en Tecoluca (El Salvador), en una fotografía de archivo. EFE/Rodrigo Sura

El Centro Penal La Esperanza, que es el nombre oficial de la cárcel conocida como Mariona por la población aledaña, es la prisión histórica del país, y la más grande hasta que se construyeron el Penal de Máxima Seguridad en Zacatecoluca que empezó a funcionar en 2003 y el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador (CECOT), inaugurada por Bukele en enero de 2023. Mariona también ha sido el epicentro del régimen de excepción. Ahí empezaron a llegar los capturados durante el régimen y ahí han muerto al menos 60 personas durante los últimos 22 meses después de recibir golpizas de custodios y policías según ha confirmado a Infobae una persona que trabajó en el penal hasta finales del año pasado.

Roberto, un profesional que estuvo preso durante un año y siete meses, relató a Infobae cómo ocurrían esos abusos.

Roberto estaba ahí antes de la entrada en vigor del régimen de excepción. Por buen comportamiento lo destacaron labores administrativas en la cárcel, lo que le permitió entrar en contacto con los grupos de reos que empezaron a llegar a partir de marzo de 2022.

Los que llegaron en las primeras 48 horas, cuenta Roberto, tenían, casi todos, tatuajes relacionados con las pandillas. A todos los golpeaban al llegar. La primera golpiza ocurría cuando los detenidos se bajaban de los buses que los llevaban hasta Mariona. Al salir los obligaban a estar, en grupos de 10, en un patio sin sombra, durante al menos una hora. Ahí los golpeaban, con armas, bastones o con las manos. Luego los llevaban a un pequeño cuarto donde se suponía debían pasar una revisión médica, la cual raras veces ocurría. En ese cuarto, las vapuleadas continuaban mientras los custodios exigían a los detenidos que confesaran que eran miembros de grupos pandilleros.

Muy pronto, apenas unos días después de que se decretó el régimen de excepción, a Mariona empezaron a llevar grupos de presos de mayor edad, sin tatuajes. Mientras los golpeaban, esos detenidos suplicaban que pararan los golpes. “Al final, un viejito decía que sí a todo, decía que sí era pandillero, pero era para que le dejaran de pegar”, cuenta Roberto, quien accedió a dar su testimonio desde el anonimato por su protección personal y la de su familia.

Eran, aquellos, los días en que la Policía de Bukele obligaba a sus agentes y oficiales a cumplir con cuotas diarias de capturas.

El régimen de excepción como argumento electoral

La narrativa sobre seguridad pública es el principal argumento político del presidente Nayib Bukele y, desde hace algunos meses, su principal venta electoral de cara a las elecciones presidenciales que se celebrarán en El Salvador el próximo 4 de febrero.

Bukele se apuntó como candidato a la reelección a pesar de que eso está prohibido por la Constitución salvadoreña. Lo hizo amparado en una interpretación que hicieron magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a los que él mismo, Bukele, nombró a través de su mayoría en el Congreso luego de destituir, de forma ilegal, a jueces que aún no habían concluido su periodo legal.

Todas las encuestas dan al presidente un triunfo seguro. Sus más cercanos competidores, los aspirantes de los dos partidos tradicionales, no llegan juntos al 6% de las preferencias mientras Bukele ostenta preferencia entre el 70% y el 90%. Según esos sondeos, la seguridad pública es, para los salvadoreños, el principal logro del gobierno.

La percepción en las encuestas, testimonios recogidos por periodistas y académicos y las cifras oficiales dan cuenta de que las pandillas, hasta hace poco las principales causantes de homicidios, están disminuidas. Es imposible, sin embargo, cuantificar el cambio real en los números de asesinatos, extorsión y otros crímenes y de la violencia en general debido a que el gobierno ha cerrado el acceso del público a toda la información sobre muertes, actividad policial, autopsias y otras bases de datos que permitan una idea más cercana a la realidad. Este tipo de información ha sido declarada en reserva o confidencial al menos para los próximos siete años.

El ministro de Defensa de El Salvador, René Merino Monroy (i), y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele (d), fueron registrados durante un acto por el Día del Soldado Salvadoreño, en la Escuela Militar «Capitán General Gerardo Barrios», en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

No hay, tampoco, forma alguna de verificar el número real de capturas durante el régimen de excepción, los antecedentes de los capturados o sus posibles vínculos a pandillas. Tampoco es posible verificar, con datos oficiales, la cantidad de muertes ocurridas en las cárceles salvadoreñas, como la que se sospecha ocurrió en la cárcel de Mariona el 10 de enero pasado.

Así, amparado en la opacidad de las cifras, en medio de en un régimen de excepción que ya dura poco menos de la mitad de su primer mandato y que desde hace poco incluye órdenes de cumplir cuotas de capturas, llegará a su cita con las urnas el presidente-candidato Nayib Bukele. Tampoco está claro si, en su segundo periodo, el presidente reelecto eliminará las medidas extraordinarias que le han valido para llenar las cárceles del país.