Amnistía Internacional (AI) emitió este martes una «acción urgente mundial» por la liberación de la activista venezolana Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, detenida el pasado viernes por estar «presuntamente vinculada» con una trama conspirativa contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios, según informó la Fiscalía.
EFE
«Rocío San Miguel no ha tenido acceso a sus familiares ni representación legal. Ella está detenida por defender los derechos humanos en Venezuela. AI exige a Nicolás Maduro su libertad inmediata e incondicional y que se garantice su integridad personal», dijo AI en un comunicado.
La organización indicó que San Miguel «se encuentra desaparecida forzosamente, lo cual se asemeja a un patrón ampliamente documentado», pues aunque el fiscal general, Tarek William Saab, reconoció su detención el pasado domingo, «ha negado información sobre su paradero».
«Sus abogados han requerido información en centros de detención en Caracas y hasta la fecha no han recibido respuesta. Su hija y otros familiares también fueron detenidos», señaló AI al recordar que este lunes la defensa de la activista reportó la «desaparición» de cinco familiares de San Miguel, por cuya liberación también abogó.
Las otras personas detenidas, según uno de los abogados de la defensora de derechos humanos, son Miranda Díaz San Miguel, hija de la activista; Miguel Ángel y Alberto San Miguel, hermanos; Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda, y Alejandro González Canales, expareja de la activista.
En un pronunciamiento anterior, AI pidió la libertad «inmediata e incondicional» de San Miguel, así como el respeto a sus derechos y a la «medida cautelar de protección dictada a su favor» por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012.
El fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, denunció este martes una «feroz campaña» internacional en contra del sistema de Justicia del país tras la detención de la activista y sus familiares.
En un comunicado, Saab ratificó que San Miguel fue presentada la noche de este lunes ante el Tribunal Segundo Contra el Terrorismo, y que el MP solicitó para ella una medida «preventiva de libertad» por la «presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación».
Remarcó también que se solicitó la privación de libertad «preventiva» para González Canales por la «presunta» comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.
Asimismo, indicó que su despacho solicitó para «los cuatro ciudadanos restantes», cuyos nombres no mencionó, pero son, presumiblemente, el resto de los familiares de San Miguel que la defensa de la activista reportó como «desaparecidos», medidas cautelares, «consistentes en presentaciones periódicas ante el tribunal de la causa».
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