El régimen nicaragüense canceló este martes la personalidad jurídica a la Asociación Universidad de Administración, Comercio y Aduana María Guerrero (Unacad) y a otras 9 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro.
EFE
La disolución de esas organizaciones fue aprobada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según un acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
La entidad indicó que cerró la Unacad, que funcionaba desde febrero de 2005, a petición del centro de estudios.
La UNACAD presentó ante el Consejo Nacional de Universidades (CNU) su solicitud de disolución voluntaria y ante el Ministerio del Interior solicitó la cancelación de su personalidad jurídica por disolución voluntaria debido a los bajos ingresos que percibe, lo que les impide cumplir con el programa de inversiones, explicó esa cartera.
Las otras 9 ONG canceladas son la Asociación Cámara Forestal de Nicaragua, Asociación Iglesia El Nuevo Remanente, Asociación de Industriales Exportadores de Nicaragua, Asociación Instituto Nicaragüense de Estudios Humanísticos, y Fundación Cristiana Renuévame Señor.
También la Asociación Máter Purisima Nicaragüense Año 2000, Fundación Aguas Bravas Nicaragua, Asociación Iglesias Solo Jesucristo Salva Hechos 4:12, y Cámara Red Local del Pacto Global en Nicaragua
El Ministerio del Interior argumentó que canceló la personalidad jurídica a esas 9 ONG por estar en incumplimiento de sus obligaciones, conforme a las leyes que los regulan, obstaculizando el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro.
El Estado se queda con los bienes
Sobre la liquidación del patrimonio de los organismos, la cartera del Interior explicó que corresponderá proceder de oficio a la Procuraduría en el traspaso de bienes muebles o inmuebles a nombre del Estado de Nicaragua, excepto sobre la universidad que solicitó su disolución voluntaria.
Con el cierre de estas diez ONG, suman más de 3.550 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
Algunos diputados sandinistas, como Filiberto Rodríguez, han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Daniel Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas las 7.227 que estaban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
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