La fecha y las condiciones de la elección presidencial en Venezuela siguen siendo una incógnita, una constante que se viene repitiendo desde que la oposición ganó abrumadoramente la elección parlamentaria del año 2015 al obtener 112 de 165 curules.
Según el análisis del Observatorio Electoral Venezolano (OEV) a partir de los comicios parlamentarios, “la autoridad electoral escoge el momento más conveniente para fijar la fecha de los comicios y maneja con alta discrecionalidad los tiempos electorales en beneficio del partido gobernante, complicando la preparación de los distintos actores políticos”
¿Venezuela sin elecciones libres y competitivas?
La fecha
Corresponderá ahora al Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por factores afines a Nicolás Maduro, definir la fecha de la elección y los lapsos técnicos para organizarla. Las leyes venezolanas confieren discrecionalidad absoluta al organismo comicial para definir estos temas, por lo que pudiese elaborarse un cronograma que fije la elección presidencial dentro de varios meses, o realizar una convocatoria express como ocurrió en el año 2018.
No obstante, el acuerdo firmado entre representantes de Maduro y la Plataforma Unitaria en Barbados -con la mediación del gobierno de Noruega- establece que la fecha de la elección presidencial debe ser acordada entre las partes firmantes del acuerdo. La Plataforma Unitaria no acudió a las reuniones en el Parlamento argumentando que no era el espacio previsto para discutir el desarrollo de lo pactado en octubre de 2023.
El exintegrante del Consejo Nacional Electoral (2006-2013) Vicente Díaz sostiene que el cronograma que apruebe la autoridad electoral debe incluir un “lapso adecuado de postulaciones, un lapso adecuado de impugnaciones, de observaciones e impugnaciones al registro electoral, de campaña electoral, de auditoría suficiente al sistema de votación y revisión técnica. Convocatoria a la comunidad internacional y nacional que pueden fungir de observadores electorales»
Diaz advierte: “El CNE puede realizar las elecciones muy rápido. No en 30 días, porque existen unos lapsos legales que son los únicos que están establecidos en la ley, que requieren un poco más de tiempo. Pero sí lo pueden hacer muy rápido. Ahora, eso no quiere decir que al hacerlo de esa manera se están respetando los derechos políticos de todos los venezolanos. Un lapso prudencial para hacer eso efectivamente son alrededor de seis meses para que se puedan hacer las cosas como se tienen que hacer».
Las inhabilitaciones
Aunque el presidente de la Asamblea Nacional y jefe del grupo negociador Jorge Rodríguez sostiene que el acuerdo firmado en el Parlamento sustituye al acuerdo de Barbados, a través de un comunicado los partidos integrantes de la Plataforma Unitaria Democrática ratificaron que se mantienen “dispuestos a cumplir responsablemente con los compromisos que adquirimos en el Acuerdo de Barbados para impulsar el respeto a las garantías políticas y electorales previstas en la Constitución nacional y en las leyes; por tanto, estamos dispuestos a trabajar con la contraparte en una propuesta de cronograma y fecha de la elección presidencial de 2024, así como a revisar cualquier propuesta o documento referido a la materia electoral, siempre que sea dentro del marco del Acuerdo de Barbados”.
Sin embargo, la Plataforma Unitaria exigió: “Dejar sin efecto las inconstitucionales y arbitrarias inhabilitaciones que desde el régimen se fabrican a su conveniencia. Activar mega jornadas de inscripción y actualización del Registro Electoral, dentro y fuera de nuestro territorio, que permitan atender a los casi diez millones de venezolanos que tienen el derecho a inscribirse o actualizar sus datos. Iniciar de inmediato los trámites pertinentes para que la elección presidencial cuente con observación electoral internacional calificada e integral. Acordar un robusto protocolo de auditorías de todo el proceso electoral que dé garantías a todos los participantes del proceso en cierne; y la devolución inmediata de las tarjetas de las organizaciones políticas a sus legítimas autoridades*
Para la consultora política Carmen Beatriz Fernández “cuando el gobierno firmó los acuerdos de Barbados creyó que las primarias serían un fracaso estrepitoso, logístico, que dejarían mal parada a la oposición y por eso avanza Barbados; pero cuando vieron que las primarias fueron un éxito era muy tarde para echar para atrás. En este momento, lo que están buscando es bordear el acuerdo sin saltarse las líneas rojas; es decir, buscan formas de trampear el espíritu de Barbados sin contravenirlo (…) Otra forma de bordear el acuerdo sobre derechos políticos y electorales será la fecha de las presidenciales. Es decir, convocar a una consulta para mostrar control con vueltas y recovecos pero que al final los comicios se harán en el segundo semestre como se pactó en Barbados. No van a violar Barbados sino su espíritu que es otra cosa y están buscando cómo darle la vuelta permanentemente. Lo mismo con las invitaciones a los observadores internacionales, a la Unión Europea. Estoy segura de que van a invitarlos, ahora lo harán en el borde del tiempo límite a fin de que les sea imposible hacer una observación”.
Candidata perseguida
Por su parte, la candidata presidencial de la Plataforma Unitaria María Corina Machado sostiene que es necesario que el régimen entienda que tiene cumplir con el acuerdo de Barbados y correr conmigo en una elección libre y abierta (…) Yo no soy una candidata inhabilitada legalmente, yo soy una candidata perseguida. Yo no puedo salir de mi país, no puedo tomar un vuelo interno, no puedo rentar un hotel, no puedo rentar equipo de sonido, ni autobuses para movilizar a mi equipo, me bloquearon tres veces en el estado Monagas. Cuatro de los miembros de mi equipo en los estados están detenidos y tres de ellos desaparecieron durante 27 días»
El retraso en definir la fecha de la elección presidencial puede explicarse en los resultados de las encuestas. El presidente de la consultora Poder y Estrategia, Ricardo Ríos, sostiene que actualmente la población que se autodefine opositora, casi triplica a la suma de las dos corrientes del oficialismo (chavismo y madurismo).
Ríos explica que para el mes de enero de 2024 el 8% de los consultados se autodefine “chavista con Maduro” y el 6% como “chavista que no apoya a Maduro” (en marzo de 2023 esta cifra era de 11% para cada categoría), mientras que el 32% se autodefine como “opositor” (en marzo de 2023 este número llegaba apenas al 17%).
Según Ríos, el cambio en los resultados de la autodefinición política se explica por dos eventos específicos: El gobierno no logró cumplir con las expectativas de aumentos salariales en 2023 y la oposición logró articularse y movilizarse en torno a la primaria.
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