El gobierno de Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de mentir sobre las cifras reales de contagios y muertes por coronavirus y denuncia una campaña sistemática por parte del régimen venezolano para silenciar a los periodistas y médicos que han tratado de revelar la magnitud real de una pandemia que se suma a una crisis humanitaria y sanitaria preexistente sin precedentes en todo el continente americano. Enrocado, el régimen chavista insiste en que no tiene más de 345 contagiados y 10 fallecidos por coronavirus, una cifra que EE.UU. considera imposible y que atribuye a la voluntad de Maduro y su gobierno, especialmente la vicepresidenta Delcy Rodríguez, de prevenir un estallido de protesta contra su gestión de la crisis.
Según dijo preguntado por ABC Jon Piechowski, subsecretario adjunto para Iberoamérica del departamento de Estado, EE.UU. no tiene motivos para creer que las cifras de Maduro son reales, ya que el régimen acostumbra a «inventarse estadísticas y compartir datos falsos, que es lo que hacen los sistemas autoritarios». «No es algo que hayamos visto sólo en Venezuela, lo hizo China en los primeros días de la crisis. Nosotros seguiremos pidiendo la máxima transparencia para luchar de forma conjunta contra el virus y derrotarlo», añadió Piechowski.
Alarmado por el secretismo de Maduro con respecto a los casos de coronavirus, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, telefoneó el lunes al presidente encargado de Venezuela, el opositor al chavismo Juan Guaidó, y le transmitió su apoyo para que la Asamblea Nacional sea quien coordine una respuesta realista a la crisis. Según explicó la portavoz del departamento de Estado, Morgan Ortagus, «el secretario Pompeo reafirmó el compromiso de EE.UU. con el pueblo de Venezuela y condenó la creciente represión del régimen de Maduro a los actores democráticos y a los médicos y periodistas de Venezuela que dicen la verdad sobre la respuesta al covid-19. Tanto el secretario Pompeo como el presidente interino Guaidó condenaron enérgicamente el bloqueo de Maduro a la asistencia médica y alimentaria internacional».
Desde hace aproximadamente un año, el régimen chavista bloquea el ingreso de ayuda humanitaria que países como EE.UU. han intentado introducir en Venezuela desde Colombia. En esos envíos hay alimentos y medicinas para tratar enfermedades hasta ahora casi desterradas pero que han resurgido por la falta de salubridad entre los desplazados internos, como el sarampión. Las organizaciones humanitarias denuncian que el régimen carece incluso del tratamiento para dolencias graves, como el cáncer o el sida. En 2019, el país caribeño fue el que mayor aumento de casos de malaria registró en todo el mundo. Desde 2018, EE.UU. ha destinado 56 millones de dólares (unos 50 millones de euros) para programas de emergencia en Venezuela.
Según ha denunciado la organización Human Rights Watch, el régimen de Venezuela carece de los medios para enfrentarse a una pandemia que ha hundido la economía del mundo desarrollado. Lo más importante, es que ni siquiera el régimen puede saber cuántos contagios tiene porque solo el 70% de los hospitales venezolanos tiene capacidad para diagnosticar el virus. De hecho no hay en todo el país más de 300 pruebas de diagnóstico para una población de casi 30 millones. Según Támara Taraciuk Broner, subdirectora de HRW, «son muchos los motivos para preocuparse, empezando por la censura y falta de transparencia oficial». «En los últimos días, las autoridades han detenido a periodistas o profesionales de la salud que cuestionan las cifras o la respuesta oficial», añade.
La organización Médicos Unidos de Venezuela ha denunciado que el régimen detuvo el mes pasado a al menos tres doctores por pedir más recursos para diagnosticar y tratar a pacientes de coronavirus: Luis Araya en Lara, la epidemióloga Carmen Hernandez en Nueva Esparta y Jorge Yespica en Aragua.
También han sido detenidos varios periodistas que han informado de la verdadera magnitud de la pandemia, incluido el fotógrafo Davidson Rojas, que fue liberado con cargos tras 12 de días de detención. Al periodista Melquiades Ávila, de Delta Amacuro, el régimen le detuvo simplemente por preguntarse en redes sociales si «el país está preparado para la llegada del coronavirus». Según Delvalle Canelón, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, el régimen «busca infundir miedo a los periodistas para que en los medios se imponga la autocensura».
La opositora Asamblea Nacional, por su parte, ha elaborado sus propios informes sobre la preparación ante los contagios masivos. Según el último, hecho público el jueves, un 54% del personal sanitario venezolano carece de mascarillas, necesarias para prevenir contagios, y un 50% ni siquiera tiene guantes de látex. En el 75% de centros médicos ni siquiera hay jabón y el 78% carece de gel desinfectante. La escasez de gasolina y gasóleo supone además una grave amenaza porque peligra el funcionamiento de los generadores en los hospitales, necesarios ante los constantes cortes de electricidad. Según la Asamblea Nacional, el 98,4% de los ciudadanos señala carencias en el suministro de gasolina. En total, el 87% de los ciudadanos reporta no poder abastecerse de gasolina.
Para Piechowski, el subsecretario de estado adjunto de EE.UU., «es lamentable que la crisis haya llegado a este punto». «Esta enfermedad», dice, «es una miseria adicional a una situación represiva y grave que está afectando a demasiados venezolanos. Simplemente le recuerdo al mundo la urgencia y la necesidad de que Venezuela haga la transición a un gobierno democrático donde las personas puedan disfrutar de oportunidades de nuevo». El 31 de marzo, EE.UU. hizo público un plan de transición en Venezuela que ha ofrecido al chavismo para convocar nuevas elecciones. Este contempla « apoyo humanitario, electoral, económico y de gobernanza, desarrollo y seguridad, con un enfoque inicial especial en el sistema de atención médica y en el suministro de agua y electricidad». Maduro lo ha rechazado.
El jueves se cumplió un año desde que la Casa Blanca apoyó un pronunciamiento de Guaidó y Leopoldo López, apoyado por un grupo de uniformados, que acabó fracasando por la traición de jerarcas del chavismo como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y el juez del Supremo Maikel Moreno. Durante aquel pronunciamiento López salió de su encierro domiciliario y se refugió en la embajada española en Caracas, donde sigue.
El jueves, Donald Trump, emitió un decreto con el que moviliza a 200 reservistas para sumarse a una operación de las fuerzas armadas de EE.UU. contra el tráfico de narcóticos en el Caribe y el Pacífico. Esa operación está en pie desde principios de abril, y uno de sus objetivos manifiestos es impedir la salida de cargamentos de droga desde Venezuela, después de que la fiscalía norteamericana le imputara a Maduro y a otros altos mandos del chavismo diversos delitos de narcotráfico.
Carente de liquidez, el régimen ni siquiera puede encargarse del suministro de material médico y electricidad en los hospitales. De momento, sí ha dificultado el regreso a su país de cientos de inmigrantes que quieren retornar por carretera desde Colombia, un país que registra, de momento, 7.285 casos y 324 muertes.
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