«Cuando la ciencia da armas, hay que utilizarlas», dijo este domingo el presidente francés, Emmanuel Macron, horas más tarde de que 160.000 personas se manifestaran en el país contra su plan de establecer un certificado sanitario, cuyos trámites parlamentarios se han ralentizado más de lo previsto.
María Díaz Valderrama / EFE
«Me alegro de que en los últimos quince días hayamos constatado una fuerte subida de la vacunación. Vamos a pasar el umbral de los 40 millones de primovacunados, tenemos que continuar, porque hay dosis disponibles y la vacuna es la única protección eficaz», dijo el jefe del Estado, durante una visita oficial a la Polinesia Francesa.
La necesidad de vacunarse acaparó este domingo buena parte de sus declaraciones desde el Pacífico Sur, mientras que en París los senadores adoptaron de madrugada el proyecto de ley con importantes modificaciones, que requirieron la reunión entre diputados y senadores este domingo por la tarde para hallar un acuerdo.
Sobre las 19.00 horas del domingo, la prensa francesa señaló que había un principio de acuerdo de cara a la adopción del texto durante la noche.
Ya desde el pasado miércoles, el certificado sanitario -de vacunación, de haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses o un test negativo de las 48 horas anteriores- se impuso mediante decreto para la entrada en museos, cines, teatros y salas de deporte.
Pero el Ejecutivo quiere también que el documento se extienda para acceder a bares, restaurantes, cafeterías, centros comerciales y transportes públicos de largo recorrido. El objetivo: acorralar al máximo a los antivacunas.
El proyecto de ley, que incluye además la obligación para el personal sanitario de vacunarse contra el coronavirus antes del 15 de septiembre, empezó a ser debatido el pasado miércoles en la Asamblea Nacional hasta su aprobación 48 horas más tarde, y tardó casi 24 horas en ser aceptado por el Senado, la pasada madrugada.
Los senadores, en su mayoría de la derecha, han introducido modificaciones importantes, como la condición de vincular la extensión del certificado sanitario al restablecimiento del estado de emergencia hasta el 31 de octubre, o la exención de los centros comerciales.
La Cámara alta ha eliminado también la obligatoriedad en terrazas y ha sacado a los menores de entre 12 y 18 años de la ecuación hasta el 30 de septiembre.
Además, los senadores quieren aplazar hasta el 15 de septiembre el uso del certificado para los trabajadores de los establecimientos en los que es obligatorio; han flexibilizado el aislamiento obligatorio de los contagiados y han introducido una enmienda para que los menores de 16 y 17 años puedan vacunarse sin autorización parental.
COMISIÓN MIXTA
Una vez aprobado el texto, con 199 votos a favor y 123 en contra, la comisión mixta paritaria de siete diputados y siete senadores se reunió para buscar un pacto en vista a la aprobación de la ley, que podría prolongarse hasta bien entrada la noche.
El presidente del grupo de La República en Marcha, el partido de Macron, Bruno Retailleau, acusó a los conservadores de haber privado el texto de su sustancia, y advirtió de que multiplicar las excepciones solo equivaldría a no hacer nada.
Macron, que hasta hace algunas semanas rechazaba la opción de imponer la vacunación a la ciudadanía, ha reconocido que la posibilidad se estudiará cuando llegue el momento y su Ejecutivo no ha escondido que se han visto obligados a instaurar estas medidas.
La campaña de vacunación se ha acelerado en las últimas dos semanas, desde que se hicieron los anuncios sobre el certificado sanitario, pero los datos de inoculación habían mostrado un claro estancamiento, con franjas de la población en las que los porcentajes eran insuficientes.
En el caso de los sanitarios, en hospitales y residencias los primovacunados apenas llegaban al 60 %, y el pasado 18 de julio ni siquiera un 80 % de los mayores de 75 años tenían la pauta completa.
Si senadores y diputados llegan a un acuerdo, el texto podrá ser adoptado esta noche. De no ser así, tendrá que volver a la Asamblea, que tendrá la última palabra antes de dejarlo en manos del Consejo Constitucional para su examen previo a la promulgación a principios de agosto, cuando el Ejecutivo quiere que el dispositivo esté en funcionamiento.
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