La epidemia de la Covid-19 empeora en Catalunya, por lo que la Generalitat adopta medidas drásticas para reducir movilidad e interacción social, con el fin de evitar una situación que cueste mucho de gestionar en unas semanas. Para intentar que no debamos pasar las Navidades confinados. Las restricciones aprobadas ayer, si son ratificadas por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), entrarán en vigor la noche de hoy a mañana (0 h) y durarán, en principIo, 15 días. Entonces se valorará la situación para ver si algunas podrían relajarse.
Las medidas no son las mismas que las impuestas por el Gobierno estatal ante la situación de la Comunidad de Madrid. Son “excepcionales”, “severas”, “dolorosas”, pero “necesarias”, justificaron el vicepresidente de Economia y en funciones de presidente, Pere Aragonès, y los consellers Meritxell Budó (Presidència), Alba Vergés (Salut) y Miquel Sàmper (Interior). Aragonès dijo que se trata se “parar la segunda oleada” de la epidemia y de “salvar vidas”. De “no llegar tarde”, y por ello, se actúa “con contundencia” ahora “para evitar un confinamiento total en las próximas semanas”. “Si ahora somos capaces de bajar la curva, se podrá mantener la temporada navideña, de esquí…”, añadió Budó.
Tanto Aragonès como Vergés recordaron que los epidemiólogos ya advirtieron que el otoño e invierno podían ser complicados y se estaría entrando en esa “situación preocupante”. Así, Vergés justificó que las medidas se toman porque tras ocho semanas de estabilidad (con más casos de los esperados), en los últimos días los indicadores empeoran rápido: suben la incidencia (aunque la media catalana de 279 casos por 100.000 habitantes, queda lejos de las tasas que se alcanzaron en Madrid), el riesgo de rebrote y la tasa de contagios. El número de casos (también en residencias) se ha casi duplicado en dos semanas, cuando la atención primaria está al límite, y aumentan las hospitalizaciones.
El vicepresidente no cree necesario pedir el estado de alarma para aplicar las medidas, aunque admitió que “es una posibilidad que está ahí”, pero confía en que los jueces no las tumbarán, como ocurrió en la Comunidad de Madrid. “Lo que hacemos es lo que pedían los científicos, las medidas obedecen a criterios sanitarios y científicos”, afirmó. Agregó que el Govern no quiere hacer negacionismo “ni una guerra de banderas, como la que hemos visto no lejos de aquí” (en alusión a Madrid) y que tras las medidas no hay un “posicionamiento ideológico” y esperaba el apoyo de las otras comunidades, a quien se preveía explicar la normativa en el Consejo Interterritorial de ayer.
Vergés añadió que las medidas están en la línea de las que están tomando otros países europeos. No espera que en quince días “baje la curva de golpe”, pero sí resultados.
La más rigurosa es sin duda el cierre de bares y restaurantes, algo que no se dio ni en la fase 1 de desescalada, cuando se permitió abrir las terrazas al 50%. Vicepresidente y consellers tuvieron guiños de apoyo al sector, que anteayer ya se mostró indignado. El Govern, que se reunió con él ayer, anunció medidas compensatorias como 40 millones de euros en ayudas directas, abrir una línea de créditos y hasta modificar el Código Civil Catalán para introducir una cláusula que permita revisar los contratos de alquileres, para ayudar a negocios que no pueden afrontar los pagos.
De estas ayudas se podrían beneficiar otros sectores, como el del ocio nocturno, que se considera muy damnificado pues hace unos días esperaba abrir bares y discotecas. Una de sus patronales, Fecasarm, señaló ayer que las pérdidas superan los 900 millones y que recurrirá la nueva resolución de la Generalitat para que no se aplique.
¿Por qué cerrar bares y restaurantes? Vergés dijo que no se quiere señalar al sector, sino que el seguimiento de brotes ha mostrado que son “lugares de socialización evidente” y en los que es difícil un control para evitar contagios.
Las restricciones afectan a más ámbitos. Al cultural se le impone un cierre a las 23 horas y la vuelta
al 50% de aforo. El comercio podrá seguir abierto, pero con un aforo del 30%, como en la fase 1. Las tiendas de más de 400 metros cuadrados deberán hacer control de entrada. Los centros comerciales se verán mermados, con bares y restaurantes y áreas comunes cerradas. También se restringe la actividad deportiva: los gimnasios podrán abrir al 50% de aforo y los equipos podrán entrenar pero se para toda competición no profesional, estatal o internacional. O sea, habrá Barça pero no el partidillo de los niños o con amigos.
Porque esta interacción social es la que quiere reducir la resolución que aprobó el órgano gestor de la crisis, el Procicat. No especifica tanto qué se puede hacer o no, como en las fases de desescalada, pero se pide a la población que limite su movilidad a la menor distancia posible y la actividad a ir a trabajar (quien no pueda teletrabajar), a clase (los universitarios harán clases telemáticas), a comprar lo que se necesite… Si se quedan en casa o si salen a paseo, solo pueden estar juntas las personas que conviven, lo que Sàmper denominó la “burbuja de convivencia” o la “burbuja ampliada”. Siguen prohibidos los grupos de más de seis personas no convivientes.
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