Los representantes del sector licorero aseguran que a pesar de estar en un 90% cerrados, Táchira sigue estable con el consumo de estas bebidas.
El presidente de la Cámara de Licoreros en el estado Táchira, Jhonson Delgado, explicó el jueves 6 de agosto que el comercio del sector ya se encontraba en niveles bajos antes de la pandemia a mediados de marzo, contabilizando alrededor de un 60% en el descenso de las ventas. El declive en la actualidad alcanza el 90% si se compara con el mismo periodo registrado en 2019.
Desde hace casi cinco meses, las autoridades en la entidad mantienen la prohibición de tener locales abiertos debido a la cuarentena radical y las medidas para evitar la propagación del covid-19 y ante esa situación, han tomado dos caminos para mantenerse a flote: Uno, aguantar cerrados -que ha sido el 90% de las licorerías- y el restante 10% se arriesga a vender a escondidas el licor, ya sea pagando «vacunas» a los funcionarios policiales o rogando que no los vean.
“Hace unos 21 días, tras un acuerdo con las autoridades que manejan todo lo relacionado con la pandemia, dieron autorización de laborar jueves, viernes y sábado hasta las 2:00 de la tarde, pero para el lunes siguiente se presentó un repunte en los casos, declararon cuarentena estricta durante las siguientes tres semanas, y no hemos podido volver a abrir”, dijo uno de los comerciantes afectados consultados por el portal La Opinión de Cúcuta.
A pesar de tener los locales cerrados, el consumo de licor en el estado Táchira se mantiene estable debido a que muchos comerciantes venden estos productos de forma ilegal, donde muchos particulares han apelado a las redes sociales y al delivery para consumar las transacciones fuera de la ley que en los últimos cuatro meses ha aumentado un 500%.
Comerciantes del ramo manifestaron su preocupación por lo que ocurre en la entidad, ya que a ellos con licencia para vender licores y con negocio formal, se les obliga a mantener los establecimientos cerrados mientras prolifera la venta por vías no correctas de productos alcohólicos. Incluso, denuncian que empleados de las distribuidoras también están inmersos en la práctica de comercio ilegal de licor.
“Una caja de cerveza cuesta 75 mil pesos, y con esa cantidad se puede alimentar una familia pequeña durante una semana”, reflexionó Marianela Acosta, trabajadora del rubro licorero.
Al parecer, los pasos ilegales también colaboran con el auge de este tipo de comercios en Táchira, ya que por allí también ingresan todo tipo de productos -incluyendo bebidas alcohólicas-.
Las políticas desde la administración de Nicolás Maduro respecto a los estados fronterizos ha sido de establecer estrictos controles de bioseguridad para tener un mayor control de las personas que retornan a Venezuela y evitar una mayor propagación del covid-19 en el país. Se ha hecho una campaña y practicado detenciones en pasos que no son el puente internacional Simón Bolívar, única comunicación autorizada para el paso de migrantes, así como la activación de otras medidas para intentar mantener el orden durante la pandemia.
En el estado Táchira suman más de 200 los detenidos por violar las restricciones impuestas durante la cuarentena. El más reciente operativo se realizó la noche del sábado 1 de agosto.
De acuerdo con la información aportada por el protectorado de Táchira designado por el gobernante Nicolás Maduro, y que dirige Freddy Bernal, la cifra de los detenidos en la entidad es de los últimos 30 días.
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