Austria es desde hoy el primer país de la Unión Europea donde es obligatorio vacunarse contra la covid-19, con multas de hasta 3.600 euros si se incumple, una medida que pretende elevar el bajo nivel de inmunización, pero que ha generado un fuerte debate y una fractura social en el país.
EFE
La Ley federal sobre la vacunación obligatoria entró en vigor formalmente este sábado, menos de tres meses después de que el Gobierno conservador-ecologista la anunciara, al considerar que es la mejor vía para contener la pandemia, proteger al país de nuevas oleadas y evitar el colapso hospitalario.
Quedan exentas las embarazadas, los menores de 18 años, las personas para las que la vacuna suponga un riesgo y quienes se hayan recuperado de la enfermedad en los últimos 180 días.
Aunque fue aprobada con una mayoría superior al 75% en las dos cámaras del Parlamento, la ley ha ahondado la brecha y polarización social en torno a la gestión de la pandemia.
RECHAZO DE LA ULTRADERECHA
Un 25% de las personas en Austria siguen sin vacunarse contra la covid-19, y solo el 68% tienen actualmente la pauta completa en vigor.
La oposición liberal y socialdemócrata ha respaldado al Gobierno votando a favor de la ley, mientras que sondeos recientes señalan que casi un 40 % de la población la rechaza.
El partido ultranacionalista FPÖ lidera la lucha política contra las medidas de precaución, desde el uso de mascarillas hasta la vacunación, argumentando con la defensa de la libertad individual y poniendo en duda la gravedad de la pandemia.
Su líder, Herbert Kickl, ha llegado incluso a recomendar tomar paracetamol y un desparasitador para caballos como remedios contra la enfermedad.
EL FACTOR MIEDO
Pero también hay ciudadanos, sin afiliación política, que argumentan con el miedo a los efectos de las vacunas, especialmente las que usan tecnología de ARN mensajero.
Una de estas personas es Susanne, una enfermera de 42 años, que padece numerosas alergias y no se ha vacunado hasta ahora.
«La situación me estresa mucho por mi empleo, ya que no sé si el centro en el que trabajo podrá al final usar la ley de vacunación obligatoria para despedirme», explica a Efe.
Susanne asegura que una posible salida sería inmunizarse con un fármaco «convencional» como el que está desarrollando el fabricante francés Valvena, que inyecta el virus vivo, pero inactivo para que el sistema inmune desarrolle los anticuerpos.
Matthias, un estudiante de educación física, de 22 años, señala que no piensa vacunarse de ninguna forma, ya que cree que su juventud le protege de sufrir síntomas graves.
«La vacunación obligatoria me molesta mucho. No es una decisión basada en evidencias médicas sino una decisión política. No me puedo creer que un país como Austria tome una medida tan antidemocrática. Esta ley dividirá más a la población», asegura.
FALLOS DE COMUNICACIÓN
Muchos expertos en sanidad y comunicación coinciden en Austria que el Gobierno falló en su estrategia de comunicación para animar a vacunarse.
Los mensajes fueron pasando del alarmismo a anunciar varias veces que la pandemia estaba terminando, sin lanzar campañas específicas para los sectores más escépticos.
De hecho, desde que se anunciara el 19 de noviembre la nueva ley, el ritmo de nuevas primeras dosis no ha hecho más que bajar.
Antes del anuncio el número diario de nuevos pinchazos estaba por encima de los 15.000 de media, en diciembre eran solo 4.000 y en los últimos siete días incluso menos de 2.000.
Así, el porcentaje de personas con una sola dosis subió entre mediados de noviembre y febrero solo en 11 puntos porcentuales, al pasar del 64 al 75%.
INCOHERENCIAS DEL GOBIERNO
Thomas Czypionka, analista de políticas sanitarias del Instituto de Estudios Avanzados (IHS) en Viena, explica que una parte de los opositores menos convencidos finalmente se vacunará ahora, al considerar la obligatoriedad una forma para «escapar a su propia narrativa».
Pero también advierte de que muchos intentarán obtener un certificado médico que les exima de vacunarse, o presentarán recursos legales para no pagar las multas.
En ese sentido, recuerda el experto en diálogo con Efe, los juzgados planean reforzar sus plantillas ante la previsión de que haya una avalancha de recursos y apelaciones.
El inicio de la ley viene acompañado por nuevas medidas, que muestran, según los críticos, la incoherencia del Gobierno.
Así, entre el 12 y 19 de febrero se eliminarán todas las restricciones para personas no vacunadas, que desde noviembre no podían entrar en tiendas no esenciales ni comer en restaurantes.
La vacuna tampoco se exige para trabajar, aunque las empresas pueden incluirla en sus condiciones laborales y quien esté en el paro y rechace un trabajo por no estar vacunado perderá el derecho al subsidio de desempleo.
APLICACIÓN PROGRESIVA
La ley se aplicará de forma progresiva: en la primera fase, que durará hasta el 15 de marzo, se recordará a la población no vacunada en una carta la nueva obligación y se ofrecerá una cita concreta para vacunarse.
En la segunda fase, a partir del 16 de marzo, la Policía incluirá la revisión del estatus de vacunación en sus controles rutinarios en espacios públicos.
En una eventual fase tres, que sería anunciada por el Gobierno en caso de que la situación epidemiológica empeore mucho, se aplicarán multas de forma automática.
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