Al menos 36 “presos políticos” sufren los síntomas de COVID-19 en Nicaragua, de los cuales solamente uno ha recibido atención médica y se encuentra en estado crítico, informó este jueves 14 de mayo, un grupo de familiares de personas que han sido arrestadas por expresarse en contra del presidente Daniel Ortega.
EFE
La denuncia se da un día después de que el Gobierno de Nicaragua, en medio de una fuerte presión por las condiciones en las cárceles frente a la pandemia, envió a sus casas a 2.815 reos, pero no incluyó a ningún “preso político” entre los beneficiados.
“Hay 35 presos políticos con síntomas de COVID-19, más Uriel (Pérez), que está hospitalizado, ninguno fue excarcelado ayer, eso muestra el carácter criminal del régimen Ortega Murillo”, dijo en conferencia de prensa Rodrigo Navarrete, tío del reo recapturado en julio pasado, Jaime Navarrete, quien tiene lesiones irreversibles a causa de torturas en prisión, según múltiples denuncias.
Los “presos políticos” muestran síntomas como tos persistente, fiebre, cansancio, y dificultad para respirar, afirmó Karen Lacayo, hermana del convicto Edward Lacayo, quien además de sufrir signos de COVID-19 tiene diabetes crónica, por lo que su caso es de riesgo.
Mientras los familiares brindaban la conferencia, el “preso político” Wilmer Mendoza, quien también había sido capturado después de ser excarcelado en 2019, sufrió un desvanecimiento súbito en una audiencia de juicio en su contra, en el Complejo Judicial de Managua.
“Desmayado, expulsando saliva y orinado, así fue sacado de sala de audiencia el recapturado preso político Wilmer Mendoza Espinoza”, denunció su abogado, Eber Acevedo, con la foto del hombre tirado en el piso, mientras los funcionarios se limitan a observarlo.
“Esto es lo que viven los presos políticos. Todos los funcionarios, y trabajadores judiciales, y oficiales de policía, totalmente inertes y negligentes”, criticó la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), María Oviedo, quien también fue encerrada en una cárcel en 2019.
Defensores de los derechos humanos han reclamado que en Nicaragua los opositores, incluidos los “presos políticos”, no tienen garantizado el acceso a la salud.
El caso de Pérez fue notorio, ya que fue sacado inconsciente por las autoridades de la cárcel “La Modelo”, y estuvo desaparecido tres días, hasta que los familiares lo encontraron intubado en un hospital dedicado a atender a pacientes con COVID-19, donde había sido llevado por los carceleros, sin avisar a nadie.
Los familiares de los “presos políticos” exigieron, una vez más, a liberación absoluta de los opositores, unos 193, quienes, al igual que los reos comunes, sufren hacinamiento, reciben agua de mala calidad racionada, y no tienen acceso a la salud, según denunciaron.
Tanto la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han llamado al Gobierno de Ortega a que garantice el acceso a la salud en medio de la pandemia.
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