Venezuela ha realizado un millón y medio de pruebas diagnósticas para COVID-19, pero únicamente entre 5% y 6% son pruebas moleculares (de reacción en cadena de la polimerasa, PCR), las de mayor fiabilidad para la detección del nuevo coronavirus, informó la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (Ocha, por sus siglas en inglés).
Mariana Souquett Gil | Efecto Cocuyo
En la actualización de su informe de situación sobre Venezuela, la Ocha asegura que de 1.511.433 pruebas realizadas hasta el 28 de julio, solo alrededor del 5% al 6% son pruebas PCR: entre 75.571 y 90.685. Aunque destaca que las autoridades activaron el 21 de julio un segundo laboratorio para diagnosticar la enfermedad, insta a ampliar la capacidad.
“Es imperativo fortalecer el diagnóstico por PCR de la enfermedad en la población en general, trabajadores de salud y grupos de riesgos, sobre todo en la población migrante; además de continuar la preparación y reorganización de los servicios de salud, a fin de poder manejar el impacto de un eventual crecimiento exponencial de los casos, asociado a la probabilidad de un subregistro de casos, y retrasos en la vigilancia y en el rastreo de contactos”, dice el reporte.
La agencia de la ONU resalta que desde el 6 de julio hubo un cambio en la tendencia de contagios y se comenzó a reportar mayor incidencia en los casos de transmisión comunitaria en comparación con los casos importados confirmados en las personas retornadas: hasta el 28 de julio, la transmisión local representaba 67% de los casos.
Apoyo a migrantes y centros de salud
Ocha agrega que para reforzar la respuesta ante la enfermedad también se deben “elaborar o socializar” los lineamientos nacionales para la detección y atención de COVID-19 en venezolanos retornados, que son más de 72.517, y en prevención de infecciones en espacios de alojamiento temporal.
Añade que se necesitan fortalecer las rutas epidemiológicas para disminuir la tasa de contagio una vez que las personas que regresan al país lleguen a sus lugares de origen.
Igualmente reportan que hasta el 11 de julio registraban 212 trabajadores del sector salud con COVID-19. “Entre los múltiples factores que podrían ser la causa de estos contagios están la limitada disponibilidad de Equipos de Protección Personal (EPP) o su uso inadecuado”, señala.
También indican que se debe asegurar la provisión de equipos de protección para el personal de los establecimientos de salud, los puestos de atención social integral en la frontera, en el personal que realiza visitas domiciliarias con el fin de evitar el contagio.
La oficina de Naciones Unidas además exhortó a apoyar la capacidad operativa de los establecimientos de salud, “con un suministro continuo de medicamentos e insumos”, al igual que de los servicios esenciales como agua, electricidad y eliminación de residuos sanitarios. Asimismo, Ocha llama a asegurar el fortalecimiento de las capacidades de los recursos humanos para evitar la salida del personal médico y “tomar acciones” para retener al personal.
Más respuestas
La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios señala que se deben mantener los esfuerzos para el control de casos de enfermedades inmunoprevenibles en los estados priorizados y la prevención de la reintroducción del sarampión en Venezuela. Para las enfermedades transmitidas por vectores se deben fortalecer las acciones de detección temprana, atención oportuna y vigilancia epidemiológica, especialmente en grupos vulnerables.
Ocha igualmente explica que en el contexto de la pandemia hay un incremento de reportes de casos de abuso, “incluyendo sexual y otras formas de violencia y maltrato infantil” en el hogar hacia niños, niñas y adolescentes.
“Algunos de esos casos están relacionados a la falta de recursos económicos de muchos padres, madres y cuidadores y el impacto que esto tiene sobre la alimentación y servicios en los hogares agravando el estrés psicosocial”, dice el reporte.
Alerta que los servicios de respuesta para niños, niñas y adolescentes, sobrevivientes de violencia son insuficientes, especialmente en estados y municipios con menor o ninguna presencia de organizaciones expertas y las remisiones a servicios presenciales en emergencias presentan dificultades por las limitaciones en el transporte público o en el acceso a combustible.
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