Estados Unidos está reconsiderando la premisa detrás de su decisión anterior de permitir que Chevron y otras empresas estadounidenses e internacionales continúen su presencia en Venezuela, a medida que aumenta la presión de las sanciones diseñadas para obligar a Nicolás Maduro a renunciar.
Por Haik Gugarats | ArgusMedia.com
Hasta ahora, Chevron y las compañías petroleras europeas han estado exentas de las sanciones petroleras de los Estados Unidos impuestas en enero de 2019, lo que les permite continuar operaciones en Venezuela y levantar cargas de crudo de operaciones de empresas conjuntas con PdV de propiedad estatal. Las exenciones han llegado con condiciones estrictas destinadas a evitar que las compañías petroleras extranjeras proporcionen fondos directos a PdV o al régimen de Maduro. La última autorización para que Chevron y las compañías petroleras estadounidenses operen en Venezuela vence el 22 de abril.
“Como hemos visto cambios en el funcionamiento del régimen de Maduro, también tenemos que considerar cómo nuestra política de sanciones cumple con las nuevas demandas”, dijo hoy la subsecretaria adjunta de Estado, Carrie Filipetti. La administración de los Estados Unidos justificó anteriormente las exenciones al señalar que la presencia continua de socios de empresas conjuntas PdV no proporciona apoyo material directo al gobierno. Pero Estados Unidos está comenzando a considerar si alguna compañía exenta de sanciones está involucrada “en algo que está ayudando al régimen de Maduro, incluso si no está proporcionando ingresos directos”, dijo Filipetti durante una discusión en línea organizada por Heritage Foundation, con sede en Washington. “Parte de lo que comenzamos a pensar no es solo el apoyo material directo, sino también el apoyo material indirecto al régimen”.
La administración aún tiene que tomar una decisión sobre si renovar o alterar las autorizaciones otorgadas a Chevron y otras empresas estadounidenses. Washington ha señalado desde febrero que planea intensificar las sanciones para forzar a Maduro a favor de un gobierno de transición que culmine en una elección presidencial. El mes pasado, la administración de los Estados Unidos estableció una hoja de ruta de transición que desmantelaría gradualmente las sanciones junto con los pasos hacia la democracia. Maduro ha rechazado la última propuesta estadounidense.
La inestabilidad que enfrentan los mercados mundiales de petróleo debido al colapso de la demanda generado por la pandemia de coronavirus está agregando nuevas dimensiones al cambio en el enfoque de la administración estadounidense hacia el país de la OPEP.
Estados Unidos justificó extensiones de exención anteriores sobre la necesidad de preservar la industria petrolera de Venezuela para un futuro gobierno democrático. Los partidarios de nuevas extensiones también argumentaron que obligar a Chevron a abandonar Venezuela permitiría a Caracas nacionalizar más activos estadounidenses y potencialmente entregarlos a empresas controladas por el estado ruso o chino. Las sanciones estadounidenses impuestas en febrero y marzo han obligado a Rosneft, controlado por el estado ruso, a transferir sus activos petroleros de Venezuela a una entidad no identificada propiedad del gobierno ruso.
Una posible adquisición de los activos petroleros de Chevron en Venezuela por parte de una compañía rusa parece menos probable dada “la falta de capacidad para vender realmente todo este petróleo debido a las sanciones de Estados Unidos combinadas con el bajo precio del petróleo”, dijo Filipetti.
Otro funcionario estadounidense dijo la semana pasada que Washington estaba menos interesado en cercar el sector petrolero de Venezuela para apuntalar la recuperación económica del país, en parte porque es probable que PdV enfrente una fuerte competencia de competidores globales de menor precio.
Los planes de reconstrucción económica de la oposición política respaldados por Estados Unidos para Venezuela están anclados en una apertura a gran escala de la industria petrolera.
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