La Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión la Ley de Minas, que plantea un instrumento legal con reglas claras y transparentes, que coloque al país a la vanguardia de las buenas prácticas de la regulación internacional en torno a la minería responsable y que además permita desarrollar al máximo su potencial e impulsar la industria minera.
Nota de prensa
Así lo anunció el presidente de la instancia parlamentaria Elías Matta, quien explicó la importancia de esta ley que va a asegurar al país, el uso de prácticas responsables y el desarrollo e implementación de esquemas integrales de certificación de minerales. “La actividad minera puede ser desarrollada cuidando el medio ambiente y, uno de nuestros mayores desafíos, es su transformación hacia una minería sustentable”.
Explicó el diputado Matta que, durante los últimos nueve años de vigencia de la Ley de Reserva del Oro, aunado a los casi 21 años de vigencia de la Ley de Minas, el sector minero en Venezuela se ha ensombrecido, se han debilitado por completo las instituciones mineras, se ha producido un crecimiento desbordado de la minería ilegal, graves daños al medio ambiente.
“Todo esto sumado a un exceso de decretos y resoluciones que han sido dictados en los últimos 4 años, cuyo único fin ha sido adecuar la legislación a intereses particulares, ello claro está, contrario al principio de seguridad jurídica y la transparencia debida”.
Frente a esta situación se consideró de carácter fundamental el establecimiento de un nuevo régimen legal, para asegurarle al país el uso de prácticas responsables y el desarrollo e implementación de esquemas integrales de certificación de minerales.
Aspectos resaltantes de la nueva Ley de Minas
Regula lo referente a todos los minerales metálicos y piedras preciosas existentes en el territorio nacional, cualquiera que sea el origen, ubicación o presentación. Salvo los no metálicos que son competencia de los Estados donde se encuentren.
Da apertura a la inversión privada nacional y extranjera. Fomenta la Minería Responsable y la implementación de esquemas integrales de Certificación de Minerales. Establece como principio que las actividades mineras deberán llevarse a cabo empleando estrategias de sostenibilidad ambiental, se priorizará la prevención de la contaminación y remediación ambiental.
Reconoce y fomenta de la participación ciudadana y responsabilidad social en los proyectos mineros. Reconocimiento a las Comunidades Indígenas. La ejecución de los proyectos mineros procurará la integración de las comunidades indígenas y los pueblos originarios. Las actividades mineras se harán sin lesionar su integridad, cultural, social y económica.
Prevé la posibilidad de acudir al Arbitraje Internacional como medio alternativo de solución de los conflictos.
Establece la Coordinación Interterritorial entre el Ejecutivo Nacional y el Regional para el aprovechamiento de los minerales no metálicos que se encuentren en las áreas donde se hayan otorgado derechos mineros.
El Órgano Rector del sector minero será el Ministerio con competencia en materia minera, a quien le corresponderá la planificación, promoción y formulación de las políticas públicas.
Crea el Catastro Minero Nacional, el cual estará a cargo de un órgano o ente autónomo, para la gestión y administración de los derechos mineros, del manejo de la información catastral; tramitar los asuntos ambientales (licencias); recaudar y distribuir el canon minero; mantener actualizada la información y datos de las áreas de interés minero.
Establece áreas donde están excluidas las actividades mineras, y áreas donde están restringidas. Establece cuatro Modalidades para la Exploración y Explotación Minera: 1) Ejercicio Exclusivo y Directo por la República; 2) Concesiones de Exploración y subsiguiente Explotación; 3) Autorizaciones de Explotación para el ejercicio de la Pequeña Minería; y 4) Permisos para la Minería Artesanal.
Prevé la libre prospección sin necesidad de solicitar autorización previa a la Autoridad Minera, siempre que no incluya excavaciones mecánicas ni perforaciones. Se amplía el lapso de duración de las Concesiones mineras a 60 años, con un período inicial de 30 años, más dos posibles prórrogas de 15 años cada una. El área máxima para la exploración será de 12.800 ha. 6.400 ha. Asimismo, se modifica sustancialmente el procedimiento y los lapsos para el otorgamiento de los títulos mineros.
En cuanto a la parte de la Minería y Ambiente precisó el diputado Matta que la nueva Ley de Minas proyecta desarrollar las actividades mineras cuidando al medio ambiente y progresar hacia una minería sustentable con menos impacto y menor huella ecológica. Se crea un Título exclusivo para regular la materia ambiental.
“En ese título se establece para ejercicio de las actividades mineras la obtención previa y obligatoria de las respectivas Autorizaciones Ambientales (AOT / AAR). Las actividades mineras se harán con arreglo a los principios del desarrollo sustentable y sostenible, de protección y conservación del medio ambiente y la ordenación del territorio. Es obligatorio la restauración de suelos y reforestación de las zonas afectadas. Prevé la fiscalización, contraloría, regulación y prevención de la contaminación y remediación ambiental”, precisó el parlamentario zuliano.
Indicó así mismo que las actividades mineras se harán empleando prácticas científicas y tecnológicas que minimicen el impacto ambiental, daños al patrimonio natural o cultural y generen un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.
“Se prohíbe la descarga de desechos de escombros, relaves u otros desechos no tratados, que generen riesgos de contaminación ambiental. Se fortalece al Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN) otorgándole otras competencias y ampliando sus ingresos”.
Precisó Elías Matta que la nueva política minera en Venezuela debe estar apoyada en un marco regulatorio que genere seguridad jurídica y confianza, que establezca condiciones competitivas, acceso a la información y una Autoridad Minera fortalecida, eficaz y eficiente.
“Para el desarrollo económico sostenible del sector minero es fundamental un ordenamiento jurídico confiable y una reestructuración de la institucionalidad minera y ambiental que las fortalezca”.
Dijo finalmente que la nueva Ley de Minas generará respuestas oportunas, una fiscalización eficiente, la promoción y el fomento de las actividades mineras en un marco de reglas claras para los inversionistas. Asimismo, fomentará la transparencia en los procedimientos y la rendición de cuenta. “El proyecto de Ley de Minas establece normas que garantizan el aprovechamiento sustentable de la minería”.
Nota de prensa
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