El presidente de Fedecámaras Portuguesa, Osman Quero Pérez, manifestó que después de expropiaciones, intervenciones y controles de precios, los resultados han sido el desabastecimiento y la creación de un comercio informal denominado bachaqueros, al fijar posición sobre la reciente ocupación temporal y la supervisión controlada contra varias empresas de alimentos, entre estas el Consorcio Oleaginoso de Portuguesa (Coposa) y Polar.
Fedecámaras Portuguesa emitió, este lunes 27 de abril, un comunicado ante la medida tomada por la administración de Nicolás Maduro, llevada a cabo el viernes 24 de abril, cuando los ministros para la Alimentación y para el Trabajo, junto a 60 efectivos militares, ejecutaron la ocupación temporal de Coposa, la empresa de referencia regional, y se anunció el control de precios de una decena de productos.
«La crisis ha dejado sin financiamiento al empresario, con una operatividad de menos de un tercio de su capacidad instalada, a lo que se agregan unos servicios públicos desmantelados como la electricidad, la falta de combustible, agua potable, telefonía y seguridad, sin contar con un servicio de salud público eficiente, que no es cónsono con un país que ha generado riquezas a manos llenas», se lee en el comunicado oficial de la organización, mientras su presidente advierte que las consecuencias de esta política de controles nunca han beneficiado a la ciudadanía.
Quero Pérez aseguró que la diferencia de los años anteriores, cuando se inició la expropiación y ocupación de empresas por parte del Gobierno nacional, es la “miseria” que se vive desde hace cinco años por la caída del Producto Interno Bruto, la inflación, desabastecimiento y todo lo que ha derivado en la emergencia humanitaria que se registra en el país.
Indicó que todo el empresariado exige que se respeten las libertades democráticas y económicas establecidas en la Constitución y resaltó el hecho de que siempre que se requiera y, aún más, en estos tiempos de emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19, el sector privado ha logrado ofrecer bienes y servicios a la población, y tal hecho ha sido reconocido por el mismo ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, al manifestar que fueron los empresarios portugueseños quienes colaboraron con la habilitación de la sala de aislamiento de los hospitales de Guanare y Acarigua-Araure.
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«Hoy en Venezuela, todo lo que se produce y se emprende requiere más esfuerzo que en buena parte del mundo. Y si ha sido así para el sector empresarial, que ha capitalizado su trabajo y su esfuerzo por años, sabemos que es aún peor -por ejemplo- para los sectores sociales más vulnerables, que deben buscar contracorriente lo necesario para los suyos», según expresa la organización gremial.
La representación empresarial calificó las últimas acciones como un escenario perturbador en lo económico y social. «Nos azota ahora la pandemia del COVID-19, que exige cumplir con una cuarentena y el reajuste de nuestro estilo de vida, lo cual nos limita sobremanera en todos los ámbitos, incluído el productivo. Las empresas han hecho sus mejores esfuerzos para continuar con sus procesos, al tiempo que cuidan y protegen a sus trabajadores y colaboradores».
Manifestó que lo acontecido en los últimos días, al referirse a la intervención de empresas del sector agroalimentario, revive las peores experiencias de las últimas dos décadas, de las cuales el principal perjudicado es el país en su conjunto, en especial los más vulnerables.
«No tenemos margen de error para lo que se nos viene encima. Los sectores productivos, en especial el agroalimentario, han agotado sus reservas para atender a la población. La solución al desabastecimiento, a la hiperinflación, a la crisis del combustible, a la restricción del financiamiento y a la eliminación de empleos, en resumen, a la destrucción del aparato productivo nacional -hoy en ruinas- no llegará atacando lo poco que queda en pie«, advierte la junta directiva de la cúpula empresarial.
Fedecámaras Portuguesa exhorta a que se protejan todos los sectores productivos. «Que no soportan más acciones arbitrarias en desconocimiento de las libertades democráticas constitucionales que socaven la confianza y que sigan obligando al cierre de centenares de empresas, desde la producción primaria hasta el comerciante. Ya no es solo una exigencia de quienes producimos, sino un clamor general hacia los que administran el poder y las armas de la nación para evitar que Venezuela se convierta en un país inviable, sin futuro para las generaciones por venir».
También este lunes, el gobernador Rafael Calles se pronunció en su programa radial respecto a la ocupación de la empresa aceitera con más de 45 años de fundada, manifestando que se trata solo de una revisión para garantizar que se mantenga la distribución justa y equitativa para la población.
«El que no tiene nada que temer no debería preocuparse. He hablado con el presidente de Coposa y así me lo hizo saber, están dispuestos a la revisión. Yo les pido que mantengan la productividad, es una empresa bien importante para nuestro estado y nuestro país, produce más del 30% del aceite de Venezuela«, indicó el mandatario regional.
«Se harán las revisiones necesarias, no hay que tener temor. Estamos trabajando para garantizar los alimentos y las medidas tomadas están dentro de la Ley de Precios Justos«, puntualizó Calles.
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