378 migrantes venezolanos fueron asesinados en la frontera entre Colombia y Venezuela entre 2017 y 2019, informó este lunes la Fundación Paz y Reconciliación.
De acuerdo con su informe «Sin Dios ni Ley. Análisis de la situación de seguridad en la frontera colombo-venezolana», 4.911 perdieron la vida en los últimos 7 años en esa volátil zona donde se intensifica la guerra entre distintos grupos armados ilegales.
«La actual dinámica de seguridad en la frontera presenta un recrudecimiento de la violencia y el incremento de los escenarios de riesgo tanto para la población migrante como para la población colombiana que reside o transita en esta zona del país», señala el documento.
El informe indica, además, que 71 niños, niñas y adolescentes han sido vinculados a algún grupo armado ilegal, 71.561 personas han sido expulsadas forzosamente y 203 han sido secuestradas.
Frontera convulsa
Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera terrestre de 2.219 kilómetros que abarca desde la zona desértica del norte de ambos países hasta las selvas del Orinoco y el Amazonas, en el sur.
Desde hace décadas transitan por esa frontera contrabandistas de gasolina y mercancías, así como traficantes de drogas y armas.
Esta situación se ha agravado con la ruptura de relaciones diplomáticas ordenada hace casi un año por Nicolás Maduro.
El informe revela que en esa frontera operan 28 organizaciones armadas ilegales, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional.
«Estructuras como las del ELN y los Grupos Armados PostFarc pueden identificarse a lo largo de los siete departamentos fronterizos, concentrándose especialmente en los de Norte de Santander, Arauca y Vichada», precisa el documento.
Terreno de bandas criminales
En la zona también habitan 13 grupos irregulares como el Ejército Popular de Liberación, considerado por el gobierno como una banda criminal; Los Rastrojos o el Clan del Golfo, también disidentes de las FARC.
En la frontera se mueven también 14 organizaciones criminales de carácter transnacional como los Pranes y el Cartel de Sinaloa.
El pasado 22 de enero, Human Rights Watch presentó un informe en el que asegura que las personas viven bajo el feroz control de estas bandas.
HRW indicó que los guerrilleros son la policía. Ellos tienen el control social en el departamento colombiano Arauca y el estado venezolano de Apure.
Alerta de próximas disputas
El informe de Pares también señala que hay territorios en disputa en una guerra abierta entre actores ilegales que generan violencia y desplazamiento de comunidades.
«Por ejemplo, una disputa de carácter regional que involucra al ELN y al EPL en Norte de Santander en dos zonas, el Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta», dice Pares.
La región del Catatumbo está integrada por los municipios de Tibú, El Tarra, Sardinata, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Ocaña, Hacarí, La Playa, Ábrego y Bucarasica. En esta última, grupos armados ilegales se disputan el territorio para controlar la cadena del narcotráfico.
Como muestra de su poder, el ELN anunció un paro armado por 72 horas entre el 14 y 17 de febrero en el Catatumbo.
«El ELN se ha aliado con una serie de colectivos venezolanos y el EPL se ha aliado con el Clan del Golfo y bandas locales para resistir la ofensiva del ELN», afirmó la fundación.
El documento advierte que hay espacios en una tensa calma, pero se prevén disputas en los próximos meses.
Los enfrentamientos vendrían por los diferentes grupos surgidos luego de la desmovilización de agrupados con Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.
«Se están reagrupando, al menos, en tres organizaciones de tipo regional y la disputa es inminente», reza el texto.
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