La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha recibido un informe con el balance de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el chavismo en Venezuela en el que se recogen 25 nuevos casos de detenciones arbitrarias, secuestro, tortura, agresión sexual a presos políticos. Ese documento afirma que el régimen ha endurecido la represión por medio del estado de excepción decretado por la pandemia.
Por David Alandete | ABC
El informe lo presentó la directora del Instituto Casla, Tamara Suju, ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro, acompañada por una vicepresidenta del Europarlamento, la checa Dita Charanzová. En él, el organismo multilateral ha hallado pruebas de que «141 personas fueron víctimas de Detención Arbitraria, Tortura, Desaparición Forzada Temporal y Violación o alguna forma de violencia sexual», ocurridas entre 2014 y 2020.
Según el informe de Casla, de los casos analizados, 57 víctimas eran hombres y 15 eran mujeres, 38 civiles y 34 militares. En 14 de los 25, hubo violación y otras formas de agresión sexual, donde 38 víctimas directas fueron desvestidas, padecieron intento de violación y tres fueron violadas. Por lo menos 25 presos políticos fueron colgados de una polea o columna horizontal, mientras se hallaban esposados, para ser asfixiados y someterles a descargas eléctricas,
El estudio documenta casos de torturas donde las víctimas perdieron uñas de las manos y de los pies a golpes. Varias víctimas fueron objeto de ahogamientos fingidos con el método de «waterboarding», y otras fueron torturadas con el método de la llamada «falanga», o sea, golpear con varas de madera o metal, en las plantas de los pies, a personas arrodilladas, colgadas boca abajo o acostadas.
Según dijo el secretario general Almagro, la Justicia internacional debe tomar en cuenta estas denuncias documentadas. «La importancia de que haya justicia es para detener estos procesos de crímenes de lesa humanidad permanentes, continuos, que vivimos al presente. Que haya justicia hoy puede implicar que salvemos vidas, que detengamos torturas, que rescatemos víctimas. Ese es el tema de que haya justicia hoy respecto a la dictadura venezolana. Las acciones concretas están encaminadas deben ser internacionales», dijo.
Asegura el informe que la Guardia Nacional Bolivariana fue el cuerpo con mayor participación en las detenciones arbitrarias y torturas documentadas en 2020, sobre todo de manifestantes contra el régimen. El Dgcim y el Sebin fueron los organismos de inteligencia mayor implicados en las torturas.
Según el documento, por lo menos 20 personas fueron torturadas por agentes cubanos, en presencia de venezolanos. Estas torturas fueron ejecutadas dentro de un centro de tortura secreto dentro de una base militar. Los soldados cubanos llevaban uniformes militares venezolanos, y en la sede del Dgcim en Caracas. Las víctimas fueron sometidos palizas, asfixias, descargas eléctricas, colgamientos y a varios les golpearon las uñas con un martillo.
En general, según el informe, «no existe un plan de seguridad y defensa en el que no hayan participado los “asesores cubanos”». Preguntada por la concurrencia del régimen iraní, la directora de Casla, Tamara Suju, dijo que su papel es más de entrenamiento y control psicológico.
«Los violaron con palos para hacerlos hablar»
«Funcionarios iraníes están trabajando en la llamada Escuela de Operaciones Psicológicas, que está en Fuerte Tiuna, y es una escuela de formación psicológica de oficiales para controlar a la sociedad venezolana», dijo Suju. «Estos cursos duran un año y seis meses y la mitad del curso es dado por funcionarios cubanos y por funcionarios iraníes».
El Instituto Casla ha enviado a la Corte Penal Internacional esas denuncias, que se suman a otras presentadas previamente.
Una víctima de torturas intervino por vídeo en la presentación del informe para denunciar que fue «torturado, brindado, fui desnudado. Presencié como violaban a otros manifestantes a través de palos. Los violaron con palos para hacerlos hablar, para solo incriminar a dirigente de Voluntad Popular y dirigentes de Primero Justicia. Fui vendado, fui torturado durante tres días seguidos. Estuve incomunicado con mis familiares y sin acceso a abogados. Se me violaron mis derechos fundamentales, mis derechos humanos».
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