Distintos grupos de activistas protestaron este lunes en varias ciudades de Bolivia en rechazo a las modificaciones a la ley 348 sobre violencia contra la mujer, que plantea que los casos de violencia familiar se puedan conciliar, y advirtieron que esta medida es un retroceso porque vulnera los derechos constitucionales de las mujeres.
EFE
La polémica por esta reforma se desató tras unas recientes declaraciones del ministro de Justicia, Iván Lima, quien afirmó que las mujeres que sufran violencia por parte de sus parejas, sean las que decidan si el agresor debe ser procesado penalmente o se pueda ir a una conciliación.
Las activistas portaban carteles con mensajes como «no a la conciliación, ni olvido, ni perdón», «no se concilia con el feminicida» y varios con los nombres de las mujeres que han muerto, la fecha del deceso y cómo fue la muerte.
En declaraciones a Efe, Thiara Molina, una de las activistas que participó en el plantón frente al Ministerio de Justicia en la ciudad de La Paz, pidió la renuncia del ministro Lima y dijo que el «Estado se está lavando las manos».
«Cómo nos van a decir que seamos nosotras las que decidamos (…) estamos sujetas a amenazas, a coerción (…) se están gastando millones en una reforma que no va a solucionar el problema estructural», denunció Molina, quien recordó que cada «tres días» muere una mujer.
En la protesta de este lunes, los grupos de activistas colocaron una silueta del cuerpo de una mujer con el nombre de Alexandra, una mujer trans de 19 años, que fue asesinada en la ciudad de Cochabamba la semana pasada.
Por su parte, la bancada femenina del partido opositor Comunidad Ciudadana (CC) en el Congreso cuestionó que «estas idas y venidas del Gobierno demuestran que, en relación a la problemática de género, no tiene una política clara y efectiva, son erráticas, ambivalentes y de total falta de responsabilidad del Estado» y se declararon en emergencia.
En declaraciones a medios, Virginia Velasco, senadora por el gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), dijo que se deben escuchar a todos los sectores involucrados y que el debate sobre esa reforma no puede ser solo entre algunos. También propuso que sean los hombres los que vayan a rehabilitación con apoyo sicológico.
El ministro Lima aclaró que los casos en los que la mujer fue víctima de abuso sexual o feminicidio sí serán llevados a la justicia penal, sin embargo, colectivos, políticas y demás organizaciones sostienen que, sin importar el grado de la lesión, el Gobierno debe garantizar la justicia en todos los casos.
Lima afirmó que está previsto que se presente la próxima semana al Parlamento el documento con las modificaciones a la ley 348, luego de analizar algunas propuestas que han llegado al ministerio.
Unas 113 mujeres murieron en Bolivia en 2020, víctimas de violencia machista, y en 2021 ya van al menos 12 casos de feminicidios.
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