Al menos 6.400 civiles fueron ejecutados por militares en Colombia y presentados como caídos en combate entre 2002 y 2008, reveló este jueves el tribunal de paz que investiga los crímenes más atroces del conflicto interno.
AFP
El número casi triplica la cifra de víctimas conocida hasta el momento y dimensiona este «fenómeno macrocriminal», como lo llamó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El tribunal, que surgió de los acuerdos de 2016 que condujeron al desarme de la guerrilla FARC, encontró que «por lo menos 6.402 colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008», durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-10).
Conocida en el argot militar como «falsos positivos», esta práctica destapó el peor escándalo que involucra a las fuerzas oficiales en seis décadas de lucha contra los grupos rebeldes.
Aunque el alto mando castrense siempre ha negado que fuera una acción sistemática, oficiales y soldados que se sometieron a la jurisdicción de paz confesaron su participación en los múltiples crímenes, evidenciando un «body count», un conteo premiado de cuerpos para mostrar resultados en la guerra interna.
Hasta el año pasado, la fiscalía había reconocido 2.249 ejecuciones de civiles a manos de tropas entre 1988 y 2014 e investigaba a 29 generales.
Para Jorge Cuervo, profesor de políticas en justicia y derechos humanos de la Universidad Externado, el informe de la JEP «nos va a acercar muchísimo más (…) a la realidad de lo que pasó en el conflicto armado colombiano».
La investigación expediente por expediente de la Fiscalía era «insuficiente para dar cuenta» del alcance de estos crímenes, agregó el experto, al valorar la decisión de la justicia de paz de agrupar las denuncias en «macrocasos» como lo hizo también con los secuestros de la guerrilla.
Sobre el particular, la JEP determinó en enero que 21.000 personas fueron tomadas como rehenes e imputó a ocho comandantes de la extinta agrupación insurgente.
Confesiones
El general Mario Montoya, comandante del ejército en la época, es el militar de mayor rango que responde ante los magistrados. Pese a los testimonios que lo inculpan, el oficial retirado niega que hubiera instigado crímenes de civiles.
«Existen 2.140 militares vinculados a investigaciones de ejecuciones extrajudiciales, lo que equivale al 0,9% del total de los hombres que operaron en el ejército en el periodo mencionado, (…) lo que muestra que en ningún momento existió una directiva o directriz al ejército para hechos tan atroces», dijo su abogado Andrés Garzón en una entrevista con la AFP en 2020.
La JEP se ocupa de las violaciones más graves de los derechos humanos cometidas por guerrilleros y soldados durante el enfrentamiento. Quienes confiesen su responsabilidad y reparen a las víctimas podrán recibir una pena alternativa a la prisión, pero si no lo hacen se exponen a condenas de hasta 20 años.
El tribunal de paz, que entró en funcionamiento en 2018, todavía no ha emitido su primera condena.
Blanca Monroy, madre de uno de los jóvenes asesinados por los militares en 2008, aplaudió el avance de las investigaciones.
Hasta ahora «solamente pensábamos» que las ejecuciones «eran del 2006 para acá», pero «se ve que en todos los territorios» hubo «muchos falsos positivos», dijo a la AFP, y agregó: «nos da tristeza que el ejército, que es el que nos tiene que cuidar (…) haya dejado tantas madres llorando, tantos hijos huérfanos, tantas hermanas tristes».
«Atropello»
El expresidente Uribe, que rechaza la competencia de la JEP por considerarla una concesión a la guerrilla que combatió ferozmente, consideró que el tribunal está cometiendo un «atropello» en su intento por «desacreditar» a su gobierno.
En una declaración pública, negó que hubiera instigado a las tropas a «violar la ley» cuando les exigía «eficiencia».
Según la JEP, la mayoría de las ejecuciones de civiles ocurrieron en el departamento de Antioquia (noroeste). El 25% de los 6.400 casos documentados se produjeron en esa zona. «La IV Brigada, con jurisdicción en la zona, podría ser la responsable del 73% de las muertes identificadas en el departamento entre los años 2000 y 2013», precisó la JEP.
Algunos de los restos de las víctimas fueron ubicados gracias a las declaraciones de miembros de la fuerza pública que, en su mayoría, «no habían sido investigados por la justicia ordinaria».
Para la abogada de dos militares que confiesan en la JEP, Tania Parra, el informe de este jueves revela además que hubo «complicidad» de autoridades para «ocultar» estos hechos. Por «los muertos siempre se abría una investigación», pero «o no hay resultados o (…) absuelven» a los responsables, comentó.
Veinte de al menos 219 militares que responden ante ese tribunal cuentan con seguridad ante las amenazas que han recibido por sus confesiones.
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