El economista, Alejandro Grisanti ofreció declaraciones en TV Venezuela en marco de lo ocurrido con CITGO en los últimos días. El director de la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA destacó que se trata de “un proceso que no ha terminado”, espera que el Gobierno de Donald Trump niegue la licencia que autorizaría a Crystallex a ejecutar el embargo de la compañía.
A continuación comunicado íntegro:
(Miami, 2 de agosto 2019) El director de la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA, designado por la Asamblea Nacional, Alejandro Grisanti, aseguró que aún hay recursos legales y políticos que el Gobierno del presidente encargado Juan Guaidó puede tomar para proteger a CITGO.
“Esto es un proceso que no ha terminado. Esto no es una sentencia firme. Hay muchísimos recursos legales y políticos que se pueden tomar para evitar la pérdida de CITGO, el principal activo de los venezolanos en el exterior”, explicó Grisanti en entrevista en el programa Código 58 que transmite TVVenezuela.
Señaló que la República y la estatal petrolera podrían llevar a cabo apelaciones ante distintos circuitos, para argumentar que ya PDVSA, CITGO y Venezuela no son la misma cosa, sino que se están respetando las institucionalidades tras la designación de la nueva Junta Administradora por parte del Parlamento.
El economista destacó que en la sentencia de la Corte de Apelaciones, aunque fue un revés para Venezuela, se deja claro que hace falta una licencia por parte de la Administración de Donald Trump para que Crystallex pueda ejecutar el embargo de CITGO.
“Venezuela está en un proceso muy especial, en un proceso de sanciones. Esas sanciones prohíben cualquier relación, tanto con PDVSA como con empresas de PDVSA, y cualquier tipo de transacción debe ser aprobada por la OFAC y la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos. El Gobierno americano tiene que darle todavía una licencia a Crystallex para que pueda ejecutar esta sentencia, cosa que nosotros esperamos y estamos pidiéndole al Gobierno americano que no sea así. Las probabilidades de que le nieguen la licencia son bastante altas”, manifestó.
Grisanti recordó que este juicio es consecuencia de “una nacionalización pésimamente mal manejada por el Estado venezolano”, desde el año 2008, cuando Hugo Chávez gobernaba el país, y que la sentencia que autorizaba a Crystallex a embargar CITGO se produjo en agosto de 2018, cuando Nicolás Maduro y su procurador estaban en plenas funciones.
“¡Qué bárbaro! ¿Cómo es posible una mentira tan grande? Esto es una deuda que nace por una nacionalización. Al presidente Chávez le encantaba conjugar el verbo expropiar. ¡Exprópiese! era lo que siempre decía”, dijo en respuesta a las declaraciones de Maduro, quien aseguró que el juicio venía siendo ganado por Venezuela y responsabilizó al equipo del presidente Juan Guaidó por la posible pérdida de la filial de Petróleos de Venezuela.
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