El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, declaró este lunes la Emergencia Hídrica debido a la baja histórica de la cuenca del Río Paraná.
La declaración, que se suma al decreto de la Presidencia de Argentina a finales de julio, oficializada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 710, se mantendrá por 180 días y comprende las localidades de San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Zárate, Campana, Escobar, Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, La Plata y Quilmes.
Para ejecutar la medida, las autoridades locales crearon el Comité Interministerial de Emergencia Hídrica, que tendrá como tarea articular con los organismos provinciales, nacionales y municipales, las medidas de prevención, control y mitigación de los efectos producidos por la bajante hídrica y de identificación catastral de las zonas afectadas.
La baja histórica, que ya registra un impacto negativo contra la economía argentina, es debido al déficit de precipitaciones en las cuencas de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú. La sequía es considerada como la más grave en Argentina desde 1.944 y se traduce en «afectaciones incipientes» al abastecimiento de agua potable, la navegación, las operaciones portuarias y las actividades económicas vinculadas a la producción y explotación de la cuenca hídrica.
«En materia ambiental, los impactos esperados se relacionan con dos aspectos principales: la calidad y disponibilidad del agua y las consecuencias en la flora y fauna asociada a las dinámicas naturales propias de este mosaico de humedales», añade la declaración.
En el área de seguridad, dice el decreto, se deben «definir y articular las acciones o medidas necesarias para la gestión de situaciones de riesgo que se susciten en razón de la emergencia hídrica»; mientras que la autoridad ambiental debe adoptar «medidas necesarias para preservar los recursos naturales», así como «conservar, proteger y recuperar reservas y áreas que puedan verse afectadas durante la emergencia hídrica».
Con el decreto, la cartera de Infraestructura podrá tomar «medidas de intervención necesarias» para moderar o contener los efectos provocados por la bajante hídrica, brindar asesoramiento y colaboración. La cartera de Trabajo, por su parte, ha quedado autorizada para «implementar programas y acciones de sostenimiento del empleo en las zonas afectadas por la emergencia hídrica».
El área de Desarrollo Agrario las autoridades deben «gestionar y supervisar la asistencia a productores y productoras agropecuarios, forestales y pesqueros que vean afectada su producción, capacidad productiva y rendimiento, y a trabajadores y trabajadoras rurales, con el fin de morigerar o mitigar los efectos de la bajante».
La medida también involucra al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad gestionará y supervisará «la asistencia directa a personas víctimas de situaciones de emergencia, en caso de que los acontecimientos produzcan riesgos para los/as habitantes de las zonas alcanzadas por la emergencia».
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