La organización internacional por los Derechos Humanos, Amnistía Internacional (AI), denunció la incesante escalada de persecución y represión registrada en Venezuela, que continúa siendo utilizada como herramienta de control por parte del régimen de Nicolás Maduro en medio de un controvertido escenario electoral.
Por Lydnel Reyes / Diario Las Américas
En una nueva declaración pública, presentada este lunes 15 de abril, la organización hizo referencia al incremento de las desapariciones forzadas, uso indebido del derecho penal, violaciones a las garantías del debido proceso y juicio justo, campañas estigmatizantes, y posibles actos de tortura en contra de personas percibidas como críticas a Maduro.
Destacan principalmente la arremetida contra miembros y dirigentes del partido político Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, quien resultó electa como candidata presidencial en las primarias opositoras de octubre de 2023 con más del 90% de los votos, y ha sido inhabilitada por la dictadura para asumir cargos públicos por 15 años.
En los últimos dos meses, cuerpos policiales a servicio del régimen a detenido arbitraria e injustamente a siete miembros del equipo más cercano a Machado, entre los cuales se encuentran el coordinador nacional Henry Alviarez y la secretaria política nacional Dignora Hernández, además de los coordinadores regionales Emill Brandt de Barinas, Juan Freites de Vargas, Luis Camacaro de Yaracuy, Guillermo López de Trujillo y Joe Villamizar de Aragua, quienes fueron acusados de presuntos actos conspirativos.
Además, la fiscalía venezolana emitió también órdenes de aprehensión a otros seis colaboradores de la líder opositora, entre ellos Pedro Urruchurtu, coordinador de Relaciones Internacionales de la campaña de Machado; Magalli Meda, jefe de campaña; Humberto Villalobos, coordinador electoral de campaña; Claudia Macero, jefe de prensa; Omar González, jefe de campaña de Machado en el estado Anzoátegui; y Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria.
Estos se encuentran refugiados en la embajada de Argentina en Venezuela en calidad de huésped, a la espera de un salvoconducto que les permita salir de la nación suramericana sin ser víctimas del hostigamiento de Nicolás Maduro.
Ley antifascismo
El documento señala, además, que la dictadura chavista ha emitido la aprobación de proyectos de leyes represivas, que buscan castigar y perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y a la disidencia política. Tal es el caso de la ley “antifascismo” aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional de 2020 afín a Maduro, que a juicio de la mayoría opositora y distintas organizaciones, reforzará la represión contra sus oponentes ante el proceso electoral de este año.
Esta ley prevé penas de hasta 12 años de prisión por promover «acciones violentas», la divulgación de mensajes prohibidos en medios y redes sociales, así como la criminalización y persecución mediante inhabilitaciones políticas y multas a quienes piensen y opinen distinto.
En este sentido, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer sostuvo que en el país suramericano, el 2024 ha iniciado con una alarmante escalada en la política de represión instaurada por la tiranía de Nicolás Maduro para intentar cercenar el espacio cívico, las voces críticas y la oposición política”.
Otro aspecto resaltado en el texto es el incremento de detenciones arbitrarias en contra de personas defensoras de derechos humanos y activistas de oposición, como el caso de la abogada y activista Rocío San Miguel, quien lleva más de dos meses secuestrada por la dictadura venezolana acusada de cargos de “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración” vinculados al supuesto plan “Brazalete Blanco” que buscaba asesinar a Nicolás Maduro.
A su vez, recordaron el caso del activista de derechos humanos Javier Tarazona, detenido en 2021 y juzgado por acusaciones de “terrorismo”, “instigación al odio” y “traición a la patria”, tras denunciar graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Desde Amnistía Internacional exigen a las autoridades venezolanas el cese definitivo de esta política de represión, “la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos, el retiro de los proyectos de ley que atacan al espacio cívico, y la colaboración con mecanismos internacionales de escrutinio y rendición de cuentas”.
Atención internacional
Asimismo, la organización advierte que la situación en Venezuela debe contar con la máxima atención internacional para que los mecanismos represivos del régimen venezolano no limiten los derechos de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos de ese país.
En especial las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 28 de julio en la que no se permitió la inscripción de la líder opositora María Corina Machado y su postulada Corina Yoris ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como candidatas presidenciales de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal bloque opositor venezolano.
Enfatizaron que la comunidad internacional debe apoyar a quienes denuncian y reclaman por sus derechos en Venezuela, a la vez que resaltaron la reciente actualización ante el Consejo de Derechos Humanos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (MIIDH) de Naciones Unidas, presentada en marzo de 2024, en la que se expuso que, en la actualidad, Venezuela se encuentra en “una fase de reactivación de la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades”.
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