Hace dos días, Antonio Vathiotis Psofiu inició una huelga de hambre en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en Bogotá, donde se encuentra detenido desde julio del 2018 por un asesinato del que lo sindica el régimen de Nicolás Maduro. Así lo reseña EL TIEMPO.
Aunque ha perdido 44 kilos en los últimos meses, decidió dejar de recibir alimentos como forma de protesta. Lo hizo porque el 29 de junio pasado la Cancillería colombiana le reconoció a él y a su familia el estatus de refugiados políticos, pero sigue sin obtener una respuesta definitiva de las autoridades sobre su libertad.
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A Vathiotis lo capturaron el 3 de julio del 2018 en Cartagena, cuando estaba descansando con su familia, por una circular roja que se derivó de una solicitud de extradición de Grecia, el país donde él nació. Pero Grecia no lo requiere por un delito cometido en su territorio sino en Venezuela. Se trata del homicidio del capitán de la Milicia Bolivariana Ramzor Ernesto Bracho Brazo, quien murió al recibir varios disparos el 12 de marzo del 2014, en medio de una protesta contra Maduro.
En ese país también están presas otras dos personas: Antonio José Garbi y Juan David Polleti Pérez, a quienes según la defensa de Vathiotis se les imputaron cargos por el mismo delito por el que hoy él está preso en Colombia.
Vathiotis asegura que es inocente, dice que es un perseguido político y que Venezuela está usando a un tercer país para pedirlo en extradición, argumentos que han apoyado varios sectores diplomáticos que han intercedido a su favor. Esa intermediación de figuras venezolanas reconocidas por el actual gobierno como legítimas, facilitó que la Cancillería colombiana lo reconociera como refugiado.
En Venezuela, dijo la Cancillería en su reconocimiento, “ocurren una serie de crisis estructurales en materia de democracia, respeto de libertades civiles y económicas, acceso a la administración de justicia, acceso a servicios e insumos básicos, tanto alimenticios como médicos, que han conducido a un agravamiento en las condiciones materiales de existencia de la población”.
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Por eso, el documento firmado por la viceministra de asuntos multilaterales Adriana Mejía Hernández, asegura que Vathiotis “carecía de la protección nacional que pudiera brindarle su país de origen en materia de acceso, garantía y protección de sus derechos fundamentales, representando un riesgo para su vida e integridad personal”, por lo que se les concedió el refugio tanto a él, como a su esposa y a sus tres hijas.
A su favor han intercedido desde Humberto Calderón Berti, reconocido desde enero de este año por el presidente Iván Duque como el legítimo embajador de Venezuela, hasta Juan Guaidó, a quien Duque reconoce como el presidente interino de ese país.
También se ha pronunciado la fiscal de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, exiliada en Colombia. Pero ni las cartas, ni la diplomacia, ni la intervención de terceros han funcionado hasta ahora. Sigue detenido en La Picota sin que la Corte Suprema de Justicia decida sobre su situación jurídica, o la Fiscalía defina su libertad por haber logrado un asilo.
“Quiero que dejen de pasarse la pelota entre una y otra institución. Yo soy un preso político y así me lo han reconocido. Soy un padre de familia que nunca cometió un delito. En Venezuela me lo quitaron todo, y ahora me están quitando mi libertad”, asegura Antonio, desde su celda en la cárcel La Picota.
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El seis de agosto pasado, el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, José Francisco Acuña Vizcaya, quien tiene en su despacho el caso de Vathiotis, negó una serie de pruebas que había pedido el abogado del ciudadano greco-venezolano e incluyó otras, como las peticiones que ha hecho el embajador Calderón Berti y las declaraciones de la Asamblea Nacional de Venezuela que lo reconocen como preso político.
También le negó su libertad afirmando que esa decisión no le corresponde a la Sala de Casación Penal sino a la Fiscalía General. Por eso, asegura la Corte, cuando tuvo conocimiento de que había sido reconocido como refugiado le trasladó esa información al fiscal general encargado Fabio Espitia ya que, dice la Corte, Vathiotis se encuentra detenido por órdenes de esa autoridad.
La Corte también le dijo al ciudadano que no puede finalizar, por ahora, el trámite de extradición por su condición de refugiado ya que esa es una decisión que le corresponderá al presidente Iván Duque, como la persona encargada de definir las políticas migratorias en el país. Lo que sí hizo el alto tribunal fue pedirle a Grecia que le envíe la resolución en la que quede clara la acusación contra Vathiotis ya que, dice el alto tribunal, ese país no ha entregado “el soporte documental pertinente”.
La extradición que pide Grecia, según el embajador Humberto Calderón Berti y la Fiscal de Venezuela Luisa Ortega, es irregular. En sus escritos el embajador de Venezuela afirma que Vathiotis lleva más de 14 meses detenido con fines de extradición por una solicitud de Grecia por hechos cometidos en Venezuela, “los cuales han sido catalogados por nuestra Asamblea Nacional como persecución política por parte de la dictadura que impera en Venezuela”.
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Por su parte, la fiscal Ortega asegura que la solicitud de extradición de Grecia es ilegal pues, según los antecedentes penales de la Fiscalía de los Jueces de Primera Instancia en Atenas, contra Vathiotis sólo pesa una multa de 300 dólares por una infracción de tránsito en la República Helénica.
Eso significa, según Ortega, que no hay ningún delito cometido en Grecia por el que pueda requerirlo. «Esto refuerza la tesis que hemos venido sosteniendo, que el Estado venezolano utilizó a Grecia para requerirlo por conducto de Interpol, sin que hubiese proceso penal válido en ese país”.
Esto refuerza la tesis que hemos venido sosteniendo, que el Estado venezolano utilizó a Grecia para requerirlo por conducto de Interpol, sin que hubiese proceso penal válido en ese país
«De empresarios a refugiados»
Vathiotis nació en Grecia. Siendo muy pequeño, a sus cinco años, se fue a vivir con su familia a Venezuela, en donde pasó 38 años de su vida. De ese país, al que asegura que ama y que le duele, salió en el 2014, cuando las presiones del régimen de Maduro se hicieron más fuertes.
Según cuenta, en Venezuela era un próspero empresario en Puerto Cabello, en el Estado de Carabobo en donde se hizo miembro del grupo político Voluntad Popular, grupo con el que empezó a movilizarse y a hacer un llamado para salir a las calles para protestar contra el régimen chavista. “Fui un líder en mi comunidad y les colaboraba a las personas que salían a protestar, a los jóvenes, dándoles agua, refrigerios”, cuenta Vathiotis.
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Según el ciudadano greco-venezolano, en Venezuela tenía una empresa de transporte de tractomulas con la que pudo constituir una vida estable. “Nunca estuve de acuerdo con el régimen, así que como miembro de Voluntad Popular apoyé las marchas y los llamados que empezaron a hacer desde el 2013 para salir a las calles a protestar”.
“Nunca estuve de acuerdo con el régimen, así que como miembro de Voluntad Popular apoyé las marchas.
Cuando el régimen se enteró que pertenecía a Voluntad Popular, según cuenta, le pidieron 500.000 dólares para no involucrarlo en delitos de traición a la patria y terrorismo. Pero, cuando estaba en Colombia consiguiendo materiales para su empresa, asegura, se enteró que en una marcha había muerto un agente de las Milicias Bolivarianas y que lo estaban culpando de ese asesinato. “Cuando murió ese soldado yo estaba en Colombia, tenía mi pasaporte vencido, no tenía como estar allá”, asegura.
Desde entonces comenzó la persecución en su contra. “Tenía una de las empresas más grandes de aduanas en el Estado de Carabobo. Tenía una agencia, mi casa, las tractomulas, pero me lo quitaron todo. Lo perdimos todo”. Con su esposa decidieron ir a Grecia un tiempo para intentar establecerse en el país natal de Antonio pero como sus tres hijas estaban estudiando no lograron adecuarse al idioma. “Mi esposa me dijo que intentáramos volver a Colombia por ellas, para tratar empezar aquí de nuevo”.
Fue así como regresaron a finales del 2014 a Colombia y constituyeron una empresa de calzado. En ese tiempo estuvieron trabajando y viviendo principalmente en Cúcuta, hasta la captura de Antonio, en julio del 2018.
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A sus 43 años, Antonio asegura que está viviendo el momento más difícil de su vida. En el patio de extraditables de La Picota, está detenido con exguerrilleros de las Farc que conocen su condición de opositor de Maduro y con quienes ha tenido choques.
“Cuando salimos al patio me dicen: ‘¡Qué viva Maduro! Yo me quedo callado, no respondo. Pero una vez, por cosas de conviviencia, tuve una pelea con un exguerrillero que fue extraditado hace poco a Estados Unidos. Me sacó un cuchillo, tuve que agarrar una silla y defenderme. Yo jamás había tenido un antecedente penal. Nunca había ido a una cárcel, ni de visita. Y ahora tengo que vivir lo que nunca pensé vivir”.
Su esposa Mairelys Macedo asegura que hoy no tienen recursos económicos, dice que sus dos hijas menores de edad no están estudiando y la mayor, que estaba inscrita en una facultad de medicina, no ha logrado continuar sus estudios en la universidad de Pamplona. “Lo poquito que habíamos logrado hacer en Colombia lo hemos perdido en pagar abogados, en los traslados, en el tiempo que estuvimos en Cartagena esperando que a Antonio lo enviaran a Bogotá. Aunque somos refugiados, nadie nos ha dado ayuda. Lo único que esperamos es que él quede libre para retomar nuestras vidas”.
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