El 10 de diciembre de 2019, cuando juró como presidente, el peronista Alberto Fernández esperaba sacar a Argentina de dos años de recesión e inflación récord y terminar, de una vez por todas, con el default de la deuda externa contraída por su predecesor, Mauricio Macri. Prometió además cerrar la grieta política que desde hace casi 80 años divide a peronistas y antiperonistas. Contaba para ello con el apoyo del su partido -tan diverso en ideologías como pragmático-, el aval de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y las expectativas de una clase media deseosa de resultados tras el fracaso político del macrismo. La pandemia hizo añicos todas las previsiones, incluso las más pesimistas.
Federico Rivas Molina | El País
Argentina se encuentra hoy inmersa en una grave crisis, con índices de pobreza por encima del 44% (la peor cifra en 15 años) y su moneda por los suelos. Sus problemas económicos están a tono con la debacle global, pero al final del año estará un poco peor que el resto. Su PIB caerá en 2020 un 12,9%, más que cualquier otro país del G20 y por encima incluso que aquel 2002 de la crisis del corralito, cuando la actividad se hundió un 10,9%. La recuperación será también más lenta: en 2022 el PIB argentino quedará a 3,5 puntos porcentuales del nivel precrisis. A la crisis se sumó la covid-19, con casi 1,5 millones de contagios y 40.000 muertos. El 17 de octubre, día que se considera fundacional del peronismo, Fernández dijo que se consideraba “el gobernante de la pandemia”. “Nos habrá tocado sobrepasar el momento más difícil que el mundo ha experimentado. En una Argentina en crisis, esa pandemia la condenó infinitamente más”, sostuvo.
El balance general del primer año de Gobierno kirchnerista está atravesado por la complejidad del cuadro general. Muestra los claroscuros de una gestión que ha debido enfrentar una emergencia en una situación estructural muy endeble, víctima de “enfermedades previas”, como dijo la directora del FMI, Kristalina Georgieva, para referirse a Argentina. La popularidad de Fernández alcanzó cifras astronómicas en abril, cercanas al 80%, cuando el confinamiento decretado el 20 de marzo aún mantenía a raya la curva de casos de coronavirus. El cansancio de la gente y la subida de casos terminaron por minar ese porcentaje, pero aún se mantiene alto. “Fernández llega a fin de año con un nivel de aprobación en torno al 50% y de rechazo del 47%. Al cabo de un año tan difícil, eso es favorable”, dice Eduardo Fidanza, director de Poliarquía Consultores.
Con el anuncio, en agosto, de la reestructuración de 65.000 millones de dólares en bonos que se encontraban en default el Gobierno cumplió con su principal promesa de campaña. “Volcado de forma prioritaria a la cuestión sanitaria, pudimos resolver exitosamente la reestructuración de la deuda privada. Nos habían dejado una mochila de plomo, y el Gobierno logró despejar el panorama financiero, y redirigir recursos de la deuda para quienes más lo necesitaban”, dice el jefe de Ministros, Santiago Cafiero. El acuerdo con los bonistas, sin embargo, no logró detener la caída del peso ni sacar a flote la economía. La política no ha ayudado demasiado.
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