Argentina sigue conmocionada –y desconcertada– con el asesinato de Fabián Gutiérrez, el exsecretario de Cristina Fernández de Kirchner y arrepentido, –en rigor «imputado colaborador»–, que declaró en contra de la actual vicepresidenta en la causa de « los cuadernos de las coimas» (sobornos), principal investigación judicial de corrupción del poder en democracia.
La oposición exigió que el crimen pase a la justicia Federal y tanto el juez local, Carlos Narvarte, como la fiscal Natalia Mercado (hija de la gobernadora Alicia Kirchner y sobrina de Cristina Kirchner) queden al margen de la investigación. El Gobierno rechazó las hipótesis que vinculan a la vicepresidenta de Alberto Fernández y madre del diputado Máximo Kirchner, con la muerte de Gutiérrez y calificó de «repulsiva» la nota pública de la coalición Juntos por el Cambio.
La oposición se resiste a que se repitan los mismos errores que se registraron en la muerte – asesinato según informe de Gendarmería– del fiscal Alberto Nisman en vísperas de explicar en el Congreso su denuncia contra la por entonces presidenta. Esa, «las posibles conexiones de su muerte con delitos federales» (la causa de los cuadernos), y la desconfianza hacia el Ejecutivo y las autoridades de la provincia de Santa Cruz, feudo kirchnerista desde principios de los años 90, son las razones que empujan a los opositores a exigir el cambio de fuero.
Como primera medida, exigen «que no haya familiares de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el proceso». En un comunicado, firmado por las autoridades de Juntos por el Cambio, la exministra Patricia Bullrich y Federico Angelini (Pro), Alfredo Cornejo y Alejandra Lordén (UCR), y Maximiliano Ferrero y Mariana Zuvic (Coalición Cívica) consideran el asesinato de Gutiérrez «un crimen de extrema gravedad institucional» y advierten: «La Justicia provincial ya está tratando de instalar, sin pruebas, algunas hipótesis sobre el motivo del asesinato», en alusión a que el juez dijo que «no tiene nada que ver con una cuestión política» y apuntó a la teoría del crimen pasional, con chantaje incluido, según confesión de los presuntos autores. Dicho esto, añaden, «el juez, la fiscal y las fuerzas policiales, responden al poder político enquistado en la provincia de Santa Cruz».
Maletas llenas de dinero
En este contexto, recuerdan que en 2018 «Gutiérrez confesó ante la Justicia haber sido testigo de los circuitos de corrupción del kirchnerismo», con la entrega de «valijas» llenas de dinero. El cuerpo de Gutiérrez fue descubierto el sábado por la mañana, en la parte trasera de una casa de Calafate, enterrado y envuelto en una sábana blanca. Tenía la garganta seccionada, cuchilladas y golpes hasta en la cabeza.
El hallazgo se comunicó por la tarde. En el comunicado se piden «explicaciones por la demora en hacer pública la aparición del cadáver» y se advierte de que se «podría haber generado una manipulación de la escena del crimen». El comentario, implícitamente, se refiere a lo sucedido en el apartamento de Alberto Nisman. El cuerpo del fiscal, con un tiro en la cabeza, fue descubierto en el cuarto de baño. Se intervino sin los recaudos exigidos y la escena quedo contaminada con el trasiego y la intervención de gente ajena a la investigación. La fiscal Viviana Fein apuntó inicilmente, en el domicilio de Nisman, que se trataría de un suicidio, extremo desmentido posteriormente por el informe de Gendarmeria que advirtió que el fiscal fue drogado, golpeado y asesinado.
Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de Alberto Fernández, rechazó y descalificó, en la red social Twitter, los términos del comunicado de la oposición y la sombra de sospecha que considera que se tiende en el mismo. «La sola idea de que el Gobierno nacional tiene responsabilidad (en el crimen) es, definitivamente, repulsiva». En una seguidilla de comentarios, retuiteados por el presidente Fernández, consideró «inadmisible utilizar la sensibilidad que el dolor del crimen genera para sacar ventajas políticas». Tras calificar de «infausta» la muerte de Gutiérrez añade que «el modo que pretende falsearse la realidad para lograr la confusión pública es penoso».
Con la técnica del ventilador a mano, Cafiero expresó su malestar porque la oposición difundiera esas declaraciones, en un momento en el que se descubren «presuntos mecanismos que vincularían a servicios de inteligencia, periodistas y magistrados en la promoción de falsas acusaciones penales», en alusión a una investigación en marcha sobre espionaje en el Gobierno de Mauricio Macri. «La responsabilidad política –añadió Cafiero– debería multiplicarse».
Ricardo Alfonsín, designado embajador de Argentina en España, también intervino en Twitter. «… No hay posibilidad de convivencia democrática cuando la dirigencia, sin prueba ni fundamento, siembra sospechas semejantes».
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