Claudio Grossman, abogado de derechos humanos y asesor especial del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), renunció a su cargo alegando inconformidad con la demora en la investigación a las violaciones de derechos humanos denunciadas en Venezuela durante el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, informó este viernes la agencia AP.
Por CNE
En un correo electrónico enviado en noviembre a Karim Khan y obtenido por AP, Grossman aseguró que no podía justificar la falta de medidas serias contra los autores de graves violaciones y rechazó una renovación de contrato.
CNN intenta contactar a Grossman sobre los motivos de su renuncia.
La CPI informó a CNN este viernes que el rol de Grossman había expirado “de conformidad con su contrato preexistente”.
“El fiscal está sumamente agradecido con el profesor Grossman por la experiencia y el trabajo que ha prestado”, agregó en un comunicado.
Grossman, nacido en Chile y exdocente de la Facultad de Derecho de la American University en Washington, fue nombrado asesor especial de Khan en octubre de 2021 como parte de un equipo de expertos voluntarios cuyo objetivo era fortalecer áreas prioritarias identificadas por el fiscal.
La CPI informó a CNN este viernes que el rol de Grossman había expirado “de conformidad con su contrato preexistente”.
“El fiscal está sumamente agradecido con el profesor Grossman por la experiencia y el trabajo que ha prestado”, agregó en un comunicado.
La salida de Grossman de la CPI ocurre luego de que a principios de noviembre la Fundación Arcadia, una organización no gubernamental con sede en Washington que declara promover la democracia y combatir la corrupción, solicitara el retiro del fiscal de la investigación sobre presuntos delitos de lesa humanidad cometidos desde 2014 en Venezuela, citando un supuesto conflicto de interés debido a la relación familiar de Khan con una integrante del equipo de abogados del Gobierno de Maduro.
El mandatario venezolano se prepara para gobernar por un tercer período consecutivo a partir del 10 de enero, tras una elección cuestionada por la falta de transparencia en los resultados, denuncias de fraude, recrudecimiento de la represión y el cierre del espacio cívico, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.
El Gobierno de Maduro rechaza que haya cometido un fraude y alega que las personas detenidas tras las protestas son criminales y terroristas.
El pasado 29 de noviembre el fiscal Khan pidió a la Cámara de Apelaciones de la CPI que desestimara la recusación.
La creciente presión para que Khan procese a Maduro y a otros miembros de su gabinete también se produce mientras el fiscal enfrenta acusaciones de conducta sexual inapropiada con una asistente, señalamientos negados por el fiscal de la CPI.
En un discurso pronunciado el 2 de diciembre, Khan se defendió de las acusaciones que señalan la supuesta lentitud con la que ha actuado en el caso venezolano. “Desde hace tres años hemos estado trabajando con concentración y sin demora. Cuando estuve en abril de este año en Caracas recalqué a las autoridades venezolanas la necesidad de ver un impulso y progreso real en las investigaciones”.
El Estatuto de Roma, ratificado por Venezuela en 2000, tiene como objetivo procesar la comisión de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, una vez que la jurisdicción local no haya comenzado sus propias investigaciones. La CPI inició una investigación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela en noviembre de 2021 y llegó a un acuerdo con el Gobierno de ese país para cooperar con el trabajo de esa instancia.
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