«La obligación moral de resistir».
Ese es el mensaje que Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de la campaña de María Corina Machado y Edmundo González para las elecciones presidenciales en Venezuela del pasado 28 de julio, tiene fijado en su perfil de X.
Él y otros cinco opositores venezolanos llevan nueve meses refugiados en la embajada de Argentina en Caracas.
Acudieron a la embajada el 20 de marzo, después de que la Fiscalía de Venezuela, afín al gobierno, los acusara de delitos como «conspiración» y «traición a la patria».
Argentina admitió en un comunicado haberlos acogido «con el respaldo de la inviolabilidad consagrada en la Convención de Viena, de la cual ambas naciones, Argentina y Venezuela, son signatarias».
Desde agosto, sin embargo, la embajada está bajo la protección de Brasil después de que el gobierno de Nicolás Maduro revocara a los diplomáticos argentinos la autorización de permanecer en el país. Las autoridades alegan que desde la sede diplomática se planificaron supuestos actos terroristas por parte de los asilados.
En estos 9 meses, la oposición venezolana y los mismos asilados en la embajada han denunciado el asedio a la sede diplomática de diversas formas.
Desde hace unas semanas denuncian que están sin suministro eléctrico y, por tanto, sin agua.
Centenares de personas han sido detenidas antes y después de las elecciones de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), con una mayoría de miembros nombrados por el oficialismo, dio por ganador a Maduro sin mostrar resultados.
La oposición denunció fraude tras publicar más del 80% de las actas, que evidenciaban un claro triunfo de González.
El candidato tuvo que salir del país y está ahora en España.
María Corina Machado, líder de la oposición que fue inhabilitada para las elecciones, está en la clandestinidad.
Como otros muchos más, ambos están acusados de «traición a la patria», entre otros delitos.
Seis de esos opositores acusados siguen refugiados en la embajada argentina sin saber cuánto más podrán resistir.
«Actos para desestabilizar al gobierno»
Quienes comparten refugio junto a Pedro Urruchurtu son Magalli Meda, directora de campaña de la líder opositora María Corina Machado; Omar González, Claudia Macero y Humberto Villalobos, colaboradores del partido Vente Venezuela, que lidera Machado; Fernando Martínez Mottola, exministro y asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
«Es una situación estresante, agobiante. Obviamente luego de 9 meses y en particular luego de estas 3 semanas (sin luz), hay un desgaste emocional. Es natural con la lejanía de la familia, las fechas en las que estamos, las presiones que hay y las amenazas», dijo Pedro Urruchurtu en declaración a medios.
Eugenia Olavarría Meda, que vive en España, es la hija de Magalli Meda. Ella se enteró de la situación de su madre por una amiga, cuando Magalli ya estaba a resguardo.
«Las amenazas llevaban tiempo siendo rumores, desde diciembre de 2023. Hasta que se materializaron, fueron una realidad», contó a BBC Mundo por teléfono desde España.
La Fiscalía General de Venezuela emitió en marzo una orden de aprehensión contra todos ellos. Los señalaba de estar vinculados con presuntos actos de violencia para desestabilizar al gobierno.
El fiscal general, Tarek William Saab, dijo que estaban involucrados en una trama conspirativa que incluía asaltos a cuarteles militares y manifestaciones, entre otras acciones violentas.
A lo largo de 2024 y, especialmente tras las elecciones del 28 de julio, el gobierno de Venezuela detuvo a centenares de personas. A principios de agosto, Maduro afirmó que había «2.229 terroristas capturados». En el último informe de Foro Penal, esta ONG hablaba de 1.903 personas «presas por razones políticas».
Eugenia Olavarría dice que estaba mentalmente preparada para que su madre tuviera que buscar refugio, pero no para «el primer asedio, el 29 de julio, cuando rodearon la embajada».
Fue después de las elecciones, cuando el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Maduro sin presentar las actas que mostraran los resultados, algo que la oposición y parte de la comunidad internacional califican como fraudulento.
La embajada estuvo sin agua, sin servicio eléctrico y rodeada de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Además, esa noche, intentaron entrar al inmueble sin éxito.
«Estamos sin electricidad desde el 23 de noviembre, vimos que hubo despliegue para eso y no hubo ningún aviso. Vino un vehículo de Corpoelec, la empresa del Estado en materia eléctrica, y sencillamente se lleva los fusibles. Una empresa estatal se presta para asediar y quitarle servicios a una embajada. Creo que es la mayor evidencia de la violación de la Convención de Viena», explicó Urruchurtu.
La cancillería argentina denunció «el hostigamiento» del que fue objeto su sede diplomática. A su vez, el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano indicó que esto obedecía a «las injerencistas acciones» del gobierno del presidente argentino Javier Milei a la hora «de desconocer los resultados electorales».
Venezuela exigió al gobierno de Argentina retirar a su personal diplomático del territorio venezolano y, desde agosto, Brasil asumió la representación diplomática del país austral.
Desde entonces, la oposición y los refugiados han denunciado un continuo hostigamiento al edificio.
Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, replicó: «Yo no sé qué llama él (Javier Milei) que estén acosando su embajada. (…) La embajada de Argentina está ahí. Ellos verán. Que paguen la luz, pues. Que paguen los servicios. Tampoco es que les vamos a regalar nada».
Sin agua, luz ni apenas comida
La falta de electricidad no es el único problema que denuncian padecer en la embajada. La oposición dijo que también cortaron el suministro de agua potable.
Debido a la escasez de agua en Venezuela, en muchos lugares se instalaron tanques para almacenarla cuando llega. Pero funcionan a motor.
«Como no hay electricidad, el agua no llega», añade Olavarría Meda.
El flujo de agua suele llegar a la embajada los martes o los miércoles, pero entra poca cantidad. Es por eso que normalmente llegaban unos tanques adicionales, algo que no ocurrió en las últimas tres semanas.
«Lo poco que ha entrado de agua potable ha sido literalmente por autorización de las fuerzas de seguridad que deciden cuándo, cuánta agua y cómo entra, lo cual es tremendamente grave», apuntó Urruchurtu.
Y la situación no mejora.
«Hoy logré hablar con ella (mi madre) a sus 4 de la mañana, que es cuando se prende la planta (generador eléctrico)… A ver si lograba lavarse la cara. Cuando se acaba la planta, no puede hablar. La data (del teléfono móvil) es complicada.», dijo Eugenia Olavarría.
Pero, según su testimonio, ahí no se acaban las penurias.
«Había motorizados de las empresas privadas que les hacían delivery (entrega a domicilio) que ya no quieren completar los pedidos de comida, de medicinas», explicó.
Precisamente cuenta que hace unos días, sin luz, Humberto Villalobos, uno de los refugiados, tuvo un accidente. «Se rompió la rodilla, le cosieron puntos. Necesita cosas de farmacia».
«Si dejan pasar a quienes nos hacen delivery (reparto), les hacen preguntas incómodas, se les acusa de estar colaborando con terroristas, por ejemplo. Eso se suma a un clima de terror generalizado que hace que tengan miedo de venir», remarcó Urruchurtu.
«Todo lo estamos racionando. La poca electricidad que tenemos, la poca agua que ingresa, el tema de la comida o de primeros auxilios, medicamentos, etcétera. Es complicado en el acoso», añadió.
Además, no hay nada que entre o salga de la residencia que no esté controlado. «El régimen toma fotografía de todo. Sabe todo lo que hay. Sabe que somos 6 civiles desarmados e indefensos».
«Cada vez se quedan más y más aislados. Los amenazan de todos los lados. Están sobreviviendo. Me da pena (vergüenza) incluso preguntarle cómo limpian los platos», remarcó Eugenia, la hija de Magalli Meda.
En su programa semanal «Con el mazo dando», que retransmite el canal estatal VTV, el ministro Cabello habló de «la farsa de los asilados en la embajada argentina» y reprodujo un video donde se mostraban supuestas fotos de bidones de agua y un escrito con la leyenda «entrega de agua potable en la Embajada de Argentina».
También expuso más fotos de una piscina, supuestamente de la sede diplomática, llena de agua e imágenes de los refugiados donde, según el escrito en pantalla, estaban «disfrutando de una parrilla».
«Es terror psicológico»
Denuncia Eugenia Olavarría que ahora los opositores refugiados «se sienten más espiados y vigilados que nunca porque han puesto vigilancia en las casas de alrededor. Sobre todo la que está al lado (de la embajada). Echaron a los vecinos».
Hace una semana se informó de un supuesto allanamiento de casas adyacentes a la sede de la Embajada de Argentina en Caracas. «El procedimiento, según la denuncia en redes sociales, lo habrían efectuado funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)», informó la prensa local.
La información no ha sido confirmada por autoridades del Estado venezolano ni por la dirigencia de la oposición.
«Hemos visto hombres armados, en particular en la casa que está al lado. Hace poco salieron unas fotos de esto, van con armas largas, de asalto. Es muy angustiante. A eso se le suma la presencia de patrullas a las afueras de modo permanente. Así que es un asedio permanente en el que además del tema de la falta de servicios, se mezcla el de las fuerzas de seguridad», puntualizó Urruchurtu.
«El gobierno venezolano no solo ha negado los salvoconductos, sino que ha adoptado acciones de hostigamiento inaceptables: corte de luz, agua, impedimento de acceso de alimentos, presencia de funcionarios del régimen alrededor», explicó el canciller de Argentina, Gerardo Werthein, en una sesión especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocada especialmente para abordar la situación de los asilados en la embajada.
«Esto viola la Convención de Viena y la convención sobre asilo diplomático. No podemos permitir que la inviolabilidad de las misiones diplomáticas sea socavada. Es terror psicológico», dijo.
«Intentamos estar bien. Tratamos de hacer una rutina, ejercicios. Aunque evidentemente hay días. Hay altibajos, naturalmente», señaló Urruchurtu.
A la falta de servicios y la vigilancia le suman «constantes amenazas en redes sociales, pronunciamientos, amenazas hacia nosotros. Se nos acusa permanentemente sin pruebas de nada».
«Es complejo mantener el ánimo en esta situación de desgaste».
No es el primer caso de un político de oposición que logra asilo dentro de una embajada en Venezuela. Uno de los casos fue el de Freddy Guevara en la de Chile o Leopoldo López en la de España. Pero este caso luce diferente.
«Es la primera vez que se da un asedio de esta magnitud y además continuado. Es peligrosísimo y marca precedentes gravísimos», dijo Urruchurtu.
La oposición venezolana, así como el gobierno de Argentina, ha solicitado al gobierno de Nicolás Maduro que a los seis de la embajada se les otorguen salvoconductos para que puedan salir del país sin ser detenidos.
«Esto pasa por una negociación y porque haya coordinación entre los actores que pueden brindarla. Hemos pedido mayores esfuerzos y de mayor urgencia entre Argentina y Brasil y también con otros aliados de la región y fuera de ella», apuntó Urruchurtu.
Hasta 13 países, entre ellos Chile, República Dominicana, El Salvador o Estados Unidos, presentaron en la OEA una declaración conjunta para exigir la «concesión inmediata» de estos documentos.
En mayo, cuando ya llevaban cerca de dos meses refugiados en la embajada, Cabello, quien en ese momento no era ministro, dijo: «No nos van a presionar. Hoy creo que salió la respuesta del gobierno de Venezuela: negado. No hay salvoconductos para los que no aman esta patria».
«No es delito»
Eugenia Olavarría cuenta que es poco lo que pregunta a su madre sobre cómo está, cómo se siente. Es un camino de ida y vuelta porque, a la vez, dice que su madre «me protege muchas veces de informarme de lo que pasa».
Pero asegura que, por el carácter y el modo de ser de su madre, muy activa, «está en una realidad muy diferente a la que tiene ser libre».
«Mi mamá vive llamada tras llamada. Ahora cada vez menos, porque le toca ahorrar pila (batería del teléfono). Está en contacto constante con voluntarios, con activistas… Se la pasa en una pantalla y mi mamá en su vida cotidiana estaba siempre en la calle, siempre en movimiento».
Olavarría dice que además su madre siente culpa por la situación en la que pone a su familia.
«Mi abuela está en el exilio; mi padre, escondido. Esto es una gran ruptura familiar», sostiene.
Como ocurre con el de Pedro Urruchurtu, en el perfil de X de Magalli Meda hay un tuit fijado: «Ganar una elección no es delito».
«Eso es lo que me dice todo el rato, que ganar elecciones no es un crimen, que lo que pasa en contra de ellos es un acto de guerra».
No es sencillo pensar en las salidas que tiene esta situación.
«Cualquier cosa es posible por parte del régimen. Hemos hecho un llamado a la Comunidad Internacional para lograr una salida enmarcada en el Derecho internacional. Es nuestro derecho dentro de la Convención de Viena en caso de asilo», dijo Urruchurtu.
«Claramente nosotros somos asilados, obviamente, porque recibimos asilo de Argentina, pero somos rehenes. Tememos por nuestra vida.»
«Hay que prepararse para todos los escenarios. Si la situación sigue así (sin luz, sin agua) no vamos a aguantar este mes. Si les regresan la luz capaz los mantienen así hasta el 10 de enero, a ver qué pasa», afirma Olavarría.
El 10 de enero es la fecha en la que Nicolás Maduro tomará posesión del cargo como presidente del país. A la vez, Edmundo González, desde España, califica de fraude el resultado oficial, reivindica su victoria y dice que será él quien asuma el cargo.
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