“El Ministerio Público ha solicitado ante la autoridad judicial que se declare la reserva de las actuaciones, por ello a partir de hoy se ha declarado en reserva todo el proceso de investigación”, informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, citado en un comunicado de esa entidad.
Infobae
El fiscal argumentó que esta declaratoria es para precautelar el objeto de la investigación y que “no puedan ser beneficiadas algunas personas y puedan darse a la fuga o puedan esconder cierta información”.
Lanchipa sostuvo que dentro de la etapa preparatoria de este polémico caso “se tiene identificadas a varias personas que serán convocadas a declarar en calidad de testigos”.
Además enfatizó que el proceso está siendo llevado con “transparencia y objetividad”, “evitando que la investigación sea politizada o contaminada”.
Este proceso es el mayor caso por corrupción en Bolivia en los cerca de seis meses que lleva en el poder de forma transitoria Jeanine Áñez, investigado además por una comisión parlamentaria, con críticas a la interferencia en la Justicia después de que fuera detenido y luego liberado el juez que lo lleva, sin que haya constancia aún de qué instancia ordenó aprehenderlo justo cuando iba a tomar declaración a los procesados.
Por este caso ya está detenido preventivamente en el penal de San Pedro en La Paz el ex ministro interino de Salud Marcelo Navajas, aunque sufrió una descompensación este pasado martes y fue internado en un hospital.
De la misma forma está detenidos preventivamente por seis meses el ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud Fernando V., el ex director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Geovanni P. y el conocido en este proceso como “testigo clave” Luis Fernando H.
El caso se refiere a una compra con supuesto sobreprecio, en al menos el triple de su valor, de 170 respiradores a una empresa en España destinados a hospitales de Bolivia para pacientes críticos con coronavirus, aunque en el país colectivos médicos alertan de que solo valen para emergencias y no para terapia intensiva.
El contrato es cuestionado por el coste pagado, algo más de 27.000 dólares por respirador, tras haberse firmado en un tiempo inusual de solo cuatro días pese a las advertencias de varios funcionarios sobre posibles irregularidades, como la intervención del ex ministro sin que fuera preceptiva.
Bolivia pagó cerca de 2,2 millones de dólares y el Gobierno interino del país asegura que no pagará más a la empresa intermediaria contratada en España, IME Consulting.
(Con información de EFE)
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