El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, envió al Congreso una nueva iniciativa para blindar contenidos en redes sociales y evitar su eliminación «arbitraria», días después de que el Supremo tumbara un decreto similar por su inconstitucionalidad, informó este domingo el Gobierno.
EFE
Así lo anunció la Secretaría de la Comunicación Social de la Presidencia en una serie de mensajes publicados en su perfil de Twitter, en el que afirmó que la nueva medida «garantiza los derechos de los brasileños» en las redes.
El Gobierno reconoció que el proyecto «va en la misma línea» que el decreto que Bolsonaro, investigado en la Justicia por la difusión de bulos, dictó en la víspera de las protestas del pasado 7 de septiembre, en las que muchos de sus partidarios exigieron una «intervención militar» y la «disolución» del Parlamento y el Supremo.
El texto modificaba el denominado «Marco Civil de Internet» y en la práctica dificultaba el combate a la desinformación y limitaba el poder de las redes sociales de excluir, suspender o bloquear perfiles y mensajes que violaran sus políticas de uso.
La medida fue ampliamente rechazada por especialistas del área, los más diversos sectores políticos y hasta por la Fiscalía General, y a los pocos días de su publicación fue suspendida de forma cautelar por la jueza del Supremo Rosa Weber.
El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, siguió el mismo camino y desestimó el decreto porque consideró que generaba «inseguridad jurídica».
Bolsonaro ha visto en varias ocasiones como le han bloqueado algunos contenidos publicados en sus redes sociales, especialmente aquellos relacionados con la pandemia de coronavirus, cuya gravedad niega, y el sistema electrónico electoral, del que asegura sin pruebas que fomenta «fraudes».
En este contexto, el Gobierno busca ahora resucitar el asunto con la presentación de un proyecto de ley específico con el que busca que las redes sociales estén obligadas a «presentar una causa justa para excluir y eliminar contenidos y usuarios».
«La medida apenas combate las arbitrariedades y las exclusiones injustificadas y dudosas que atentan contra los brasileños y sus libertades», aseguró la Secretaría de Comunicación.
A su juicio, hoy «no hay reglas bien definidas que exijan una justificativa clara para la exclusión de contenido y cuentas en redes», lo que abre la puerta a «acciones arbitrarias y violaciones del derecho a la libertad de expresión».
«El proyecto de ley quiere justamente evitar que contenidos y perfiles idóneos reciban -de forma injusta- el mismo tratamiento que aquellos que sean criminales», defendió el Gobierno.
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