Las autoridades sanitarias cubanas reconocieron este lunes que la elevada mortandad de recién nacidos este enero en un hospital de La Habana se debió a «violaciones» en las «medidas» higiénicas del centro.
EFE
Según informó en un comunicado el Ministerio de Salud Pública (Minsap), el número total de neonatos fallecidos en el hospital Ginecobstétrico Diez de Octubre, conocido como Hijas de Galicia, ascendió a diez (inicialmente se reportaron ocho; dos murieron días después).
De ellos, de acuerdo con los resultados de la comisión de investigación, seis murieron por una infección bacteriana con «signos de sepsis con hemocultivos positivos a germen Gram negativo».
El comunicado apuntó que los otros cuatro infantes fallecieron por complicaciones en su estado de salud. Los diez eran prematuros y tenían problemas de peso.
Además de la falta de medidas «higiénico-sanitarias», la comisión concluyó que el brote también se generó porque el hospital no tenía los recursos materiales suficientes para «los procesos de atención» a los bebés.
De acuerdo con el Minsap, el brote concluyó el pasado 25 de enero.
Tras conocer el resultado de la investigación interna, el Minsap indicó que ha aplicado «22 medidas administrativas» contra 19 cuadros «de diferentes niveles» del centro de salud, así como contra 3 funcionarios y trabajadores.
En total, cinco de los principales directivos -no se especificó cuáles o en qué puesto de dirección- fueron cesados, dos cambiaron de puesto y otros nueve recibieron una sanción.
Cuba cerró 2022 con una tasa de mortalidad infantil de 7,5 por cada 1000 nacidos vivos, lo que representó un ligero descenso con relación al 7,6 registrado en 2021, según informó el Minsap a principios de este año.
Hace unos años este indicador estaba en torno a los 5 por cada mil nacidos vivos, una de las mejores cifras del hemisferio occidental.
Según un análisis del economista cubano Carmelo Mesa-Lago, publicado en el medio independiente El Toque y que toma cifras de los anuarios estadísticos oficiales, el Gobierno ha recortado desde 2007 el gasto social para ajustarlo a su capacidad económica.
Esto, según el experto, repercutió de forma importante en los recursos para la financiación en asistencia social y la sanidad pública.
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