La Policía colombiana capturó en el departamento del Quindío (centro) al exsecretario de la Presidencia Bernardo Moreno Villegas para que pague una condena de cárcel de más de cinco años por los delitos de tráfico de influencias durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
EFE
En Calarcá se hizo efectiva la orden de captura emitida la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia contra Moreno, exdirector del director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), declarado culpable y condenado a cinco años de prisión por su participación en el escándalo de corrupción conocido como la ‘Yidispolítica’.
En octubre pasado la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia encontró a Moreno responsable del delito de tráfico de influencias y lo condenó a cinco años y siete meses de prisión, el pago de una multa y la inhabilidad para ejercer funciones públicas por 82 meses.
Además, en el fallo se le denegó el beneficio de detención domiciliaria por lo cual se dictó orden de captura en contra de Moreno.
Los hechos por los cuales fue condenado sucedieron cuando fue director del Dapre, cargo que ocupó entre el 19 de julio de 2004 y el 7 de agosto de 2010.
La Corte determinó que, estando en ese cargo, influenció «indebidamente en cinco servidores públicos» con el fin de que tramitaran el nombramiento o la contratación en entidades públicas de personas allegadas a la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina, para lograr su apoyo a la aprobación de la ley que permitía la reelección presidencial inmediata.
En 2005 Uribe logró aprobar la reelección presidencial inmediata, algo que no contemplaba la Constitución colombiana y que le permitió estar en el poder por dos mandatos consecutivos.
Así, personas recomendadas por Medina fueron nombradas en cargos públicos de varias entidades del Estado e incluso en notarías.
La sentencia de la Corte señaló que, producto de un «pacto ilegal», Moreno «influyó indebidamente para que se hicieran esos nombramientos, pese a que «sabía que una vinculación al Estado no podía convertirse en un medio para cumplir compromisos ilícitos».
Por estos hechos han sido condenados los excongresistas Yidis Medina Padilla, Teodolindo Avendaño Castellanos e Iván Díaz Mateus, así como los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt, y el exdirector del DAPRE Alberto Velásquez Echeverri.
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