El Gobierno chino acaba de imponer a las empresas fabricantes de material sanitario del país la prohibición de exportar productos que carezcan de un certificado de calidad previo. El Ministerio de Comercio y Administración General de Aduanas de la República ha dictado una orden, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, que regula el «desarrollo ordenado de materiales médicos» tras el escándalo por la adquisición de 640.000 ‘test pirata’ por parte del Gobierno español a la empresa Bioeasy Biotechnology. Este compra ascendió, según los precios fijados por la propia compañía para este producto, a unos tres millones de euros.
El Gobierno asiático destaca que «en la actualidad, la situación epidémica mundial se está acelerando». Por ello, y «sobre la base de hacer un buen trabajo para prevenir y controlar la epidemia, la exportación ordenada de suministros médicos es una medida importante para profundizar en la cooperación internacional en la prevención y el control de la epidemia». Pero también para «responder conjuntamente a la crisis mundial de salud pública».
De esta forma, el Gobierno chino establece que a partir de ahora y con el objetivo de «apoyar eficazmente la lucha mundial contra la epidemia, garantizar la calidad y la seguridad del producto y regular la orden de exportación» pasa a ser obligatorio un nuevo certificado para «la exportación» de productos. Concretamente «de nuevos reactivos de detección de coronavirus, máscaras médicas, ropa de protección médica, ventiladores, termómetros infrarrojos, etc.».
El Ministerio de Comercio subraya que desde hoy mismo, «cuando la empresa se declara en la aduana, debe proporcionar una declaración escrita o electrónica y prometer que los productos de exportación han obtenido el certificado de registro de producto de dispositivo médico de China». Es decir, «que cumple con los estándares de calidad del país importador», extremo que según el propio Gobierno chino no llevó a cabo la empresa Bioeasy ubicada en la localidad de Shenzhen.
A partir de ese momento, «la aduana inspeccionará y emitirá el certificado de registro del producto del dispositivo médico aprobado por el Departamento de Regulación de Medicamentos», añade.
Estas «medidas» de «supervisión de calidad», avanza el Gobierno chino, no son definitivas y «se ajustarán dinámicamente de acuerdo con el desarrollo de la situación epidémica».
Por todo ello, recuerda China que «las empresas de exportación de material médico relevantes deben garantizar la calidad y seguridad del producto, cumplir con los estándares y requisitos relevantes y apoyar activamente a la comunidad internacional en la lucha contra la epidemia» para evitar casos como el protagonizado por el Gobierno español.
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Tras el fiasco de los test rápidos para detectar el Covid-19, el Gobierno español ha devuelto el primer paquete de material a la empresa Bioeasy y le ha encargado un nuevo producto. Tras comprobar que los test visuales adquiridos apenas tenían una fiabilidad de un 30%, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha adquirido otro modelo, en esta ocasión con un sistema de lectura con máquina, y que la compañía ha prometido que dispone de un mayor índice de fiabilidad.
A día de hoy el Gobierno español sigue sin desvelar tanto el precio que ha pagado por los test pirata como el nombre del «intermediario español» al que recurrió para hacer efectiva la operación. Se ha limitado a calificar de «muy agresivo» al mercado de estos productos en Asia y ha reconocido que a veces les han ofrecido «gangas que al final no lo eran».
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