La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este miércoles la violencia policial registrada en Perú durante las manifestaciones tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo y aseguró que ha encontrado casos de «ejecuciones extrajudiciales» en Ayacucho.
«Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales», señaló el organismo, con sede en Washington, en un extenso informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Añadió que la violencia en la localidad debe ser investigada «con un enfoque étnico-racial» y consideró que la situación podría ser considerada como «una masacre».
Ayacucho fue escenario el pasado diciembre de una mortal protesta en la que varios manifestantes trataron de tomar el aeropuerto, lo que provocó que militares abrieran fuego contra ellos, según puede verse en numerosos videos difundidos en redes sociales. Ocho personas murieron y 26 fueron heridas.
El organismo se refirió también a los sucesos de Juliaca, donde 17 manifestantes murieron el pasado enero en enfrentamientos con la Policía.
«En esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas», aseguró la CIDH en su informe.
Su investigación cubre el período entre el 7 de diciembre y el 23 de enero y el organismo detalló que «la respuesta de las fuerzas estatales (a las protestas) no fue uniforme en todo el territorio nacional» y «hubo graves episodios de uso excesivo de la fuerza en casos concretos».
«De la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza. Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo», añadió.
El informe fue presentado este miércoles en una rueda de prensa virtual en la que la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, llamó al Gobierno de Dina Boluarte a investigar lo sucedido.
«Las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas en este informe deben ser investigadas inteligentemente por fiscales especializados en derechos humanos. Además, lo sucedido debe ser juzgado por jueces independientes, competentes e imparciales, dentro de un plazo razonable y con observancia de las garantías del debido proceso», apuntó.
Tras la investigación los «perpetradores» deberán «estar sujetos a las sanciones penales correspondientes» y «las víctimas de violaciones de derechos humanos deben ser reparadas integralmente».
«La superación de la crisis requiere de diálogo y acuerdos efectivos en el marco del Estado de derecho, un diálogo amplio, genuino e incluyente, con un enfoque intercultural y territorial donde todos los sectores de la sociedad se sientan representados», añadió Macaulay, quien pidió que se adopten medidas para fortalecer las instituciones democráticas en el país.
El organismo detalla en el informe una serie de acciones que, a su entender, deberían tomar las autoridades para superar la crisis, siendo la primera el diálogo con las partes afectadas y en especial con los grupos indígenas, que reclaman una mayor participación política.
El texto también insta a mejorar los protocolos de seguridad ciudadana para evitar futuros casos de uso excesivo de la fuerza, y aboga por luchar contra la impunidad impulsando las capacidades del Ministerio Público, incrementando sus recursos.
La CIDH pide también al Gobierno abstenerse de adoptar reformas legislativas o constitucionales que debiliten la autonomía e independencia del Sistema Nacional Electoral o del Poder Judicial, así como «delimitar las figuras de acusación constitucional, vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y disolución unilateral del Congreso, de forma que precisen (…) las conductas sancionables y sus correspondientes consecuencias».
La comisión destaca que el descontento social no es un hecho aislado, sino que tiene sus raíces en «la desigualdad estructural y la discriminación histórica, en particular hacia los pueblos indígenas y las comunidades campesinas de las provincias ubicadas al sur del país».
Las protestas sociales en Perú se desataron en diciembre después del autogolpe fallido de Castillo, que cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo, y contra el Gobierno de la que fue su vicepresidenta, Dina Boluarte.
Los sucesos, que se extendieron por todo el territorio nacional durante dos meses, dejaron un saldo de más de medio centenar de muertos y miles de heridos. EFE
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