Más de 340.000 personas pidieron excusa para no votar hoy en el referéndum obligatorio sobre el nuevo texto de Constitución en Chile, una cifra que triplica las presentadas en el plebiscito de septiembre de 2022 y que evidencian del cansancio de un sector de la población respecto a un proceso para elegir entre mantener una Constitución escrita en dictadura -y reformada en democracia- y una renovada carta magna de tinte conservador.
EFE
Según informaron las autoridades policiales a cargo de procesar esta documentación, durante toda la jornada electoral miles de personas hicieron fila en las afueras de las comisarías para excusarse formalmente y evitar así las multas establecidas por no participar en el proceso, al que estaban convocados 15,4 millones de ciudadanos chilenos.
«Se ha pedido una redistribución de funcionarios de Carabineros de Chile para el proceso de excusa, porque hay lugares en particular donde hay mayor concentración de ciudadanos que están concurriendo a excusarse», señalaron las autoridades.
Hasta el momento, la cantidad de solicitudes validadas es el triple de las anotadas para el plebiscito constitucional de 2022, y representan cerca del 2% del padrón electoral y casi el cuádruple en comparación con las elecciones celebradas el pasado 7 de mayo para elegir a los consejeros constitucionales que han participado en el proceso de elaboración del proyecto de carta magna.
El dato, al que se suma la menor participación en el extranjero, pone sobre la mesa, según los expertos, la fatiga electoral y la apatía con que buena parte de la población chilena afrontó este nueva cita con las urnas, la décima desde 2020.
De acuerdo a la ley chilena, un ciudadano puede excusarse de participar en comicios obligatorios solo si se encuentra a más de 200 kilómetros de su local de votación, sufre alguna enfermedad, está ausente del país o tiene un impedimento grave, que debe ser acreditado antes un juez correspondiente.
Se trata del segundo proceso constitucional que vive Chile, tras el que concluyó en septiembre de 2022 con un contundente rechazo del electorado a un proyecto escrito por una convención de mayoría izquierdista que proponía una transformación radical de la institucionalidad chilena.
La actual carta magna entró en vigor en 1981, en plena dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1980), pero fue reformada decenas de veces en democracia, especialmente en 2005, durante la Presidencia de Ricardo Lagos (2000-2006).
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