El cierre de la cuenta de Twitter de Donald Trump después de que partidarios del presidente asaltaran el Capitolio el 6 de enero fue celebrada por unos y denunciada por otros.
Por BBC
Y, como cabe esperar, entre los críticos de la decisión abundan los seguidores del presidente estadounidense. Pero estos no son los únicos que han hecho sonar voces de alarma.
La canciller Ángela Merkel -a quien nadie describiría como cercana a Trump- se refirió a la medida como «problemática» por limitar «el derecho fundamental a la libre expresión» de su colega norteamericano.
Mientras que el activista ruso Alexei Navalny recurrió al mismo Twitter para denunciarla como «un acto inaceptable de censura», en un ejemplo de la preocupación que la medida ha generado entre algunos defensores de la libertad de expresión, especialmente en países donde la misma no está garantizada.
«Obviamente Twitter es una empresa privada, pero hemos visto muchos ejemplos en Rusia y China de empresas privadas que se han convertido en las mejores amigas del Estado y facilitadoras de la censura», explicó en su post Navalny.
Para otros, sin embargo, lo más preocupante es precisamente que una empresa privada haya podido mandar a callar al que se supone es el hombre más poderoso del mundo, privándolo de su megáfono favorito -uno con el que además llegaba a más de 80 millones de uduarios.
«El hecho de que un director ejecutivo pueda desconectar el altavoz del presidente de los Estados Unidos sin ningún control y el equilibrio es desconcertante», escribió el comisionado de la Unión Europea, Thierry Breton, en un artículo de opinión publicado en Politico.
Y hasta el ministro de Salud de Reino Unido, Matt Hancock, terció en el debate, advirtiendo sobre los riesgos de que las plataformas tecnológicas «decidan quién debe y quién no debe tener voz».
Referencias a la censura y la libertad de expresión también han sido frecuentes en las críticas de los simpatizantes de Trump, los que además han sido objeto de medidas similares en diversas redes sociales.
Twitter anunció el lunes el cierre de «más de 70.000 cuentas» vinculadas a QAnon, la teoría de la conspiración que ya antes de las elecciones también había sido objeto de bloqueos y cierres en Facebook.
La red social de Mark Zuckerberg también suspendió temporalmente, la cuenta de Trump y lo mismo hicieron Instagram, Snapchat, Twitch y también YouTube.
Facebook dijo además que también estaba eliminando todo el contenido que menciona la expresión «Stop the Steal» («Paren el robo»), el lema asociado con las afirmaciones infundadas de Trump de que las elecciones presidenciales de noviembre pasado fueron manipuladas.
Y por si eso fuera poco para el trumpismo, la decisión de Amazon de dejar de proveer servicios de hospedaje en línea a Parler obligó al cierre temporal de esta alternativa a Twitter, especialmente popular entre los seguidores del presidente estadounidense.
El futuro de Parler está además comprometido por la decisión de Google y Apple de dejar de ofrecer la aplicación en sus tiendas virtuales, así como la negativa de muchos otros proveedores de hospedaje en línea de facilitarles espacio.
«La libertad de expresión está muerta y bajo el control de los grandes señores de la izquierda», fue el resumen de la situación que hizo -en Twitter- el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr.
Pero como recuerda David Díaz-Jogeix, director de programas de la ONG de defensa de libertad de expresión Article 19, incluso en las sociedades democráticas más avanzadas esta libertad está sujeta a ciertos límites que Trump (y varios de sus seguidores) parecen haber traspasado.
Riesgo de violencia
«En un inicio se eliminaron mensajes por el riesgo inminente y real de violencia. Ese es el elemento determinante», destacó Díaz-Jogeix, quien también considera obligatorio considerar el inmenso número de seguidores de Trump y su posición de influencia.
«En ese contexto, la eliminación de esos tuits tiene sentido. Y la suspensión de la cuenta es grave, pero legítima, aunque podría ser desproporcionada. Y digo ‘podría ser’ porque no sabemos si se trata de una suspensión permanente o indefinida», le dijo a BBC Mundo.
La potencial amenaza de violencia también fue el principal argumento esgrimido por Amazon Web Services (AWS) para explicar su decisión de dejar de prestarle sus servicios a Parler.
«Es evidente que en Parler hay una significativa cantidad de contenido que fomenta e incita a la violencia contra otros, y que Parler no puede o no está dispuesto a identificar y eliminar rápidamente este contenido, lo que constituye una violación de nuestros términos de servicio», argumentó Amazon.
Parler, que anunció una demanda contra Amazon, sostiene por su parte que las verdaderas razones fueron «animadversión política» y para «reducir la competencia en el mercado de servicios de microblogging en beneficio de Twitter».
Pero como explica la investigadora de ética y tecnología Stephanie Hare, esta no es la primera vez que una importante empresa de tecnología de EE.UU. toma medidas similares.
«Cloudflare dejó de proporcionarle servicios de entrega contenido, protección y soporte al sitio web de supremacistas blancos The Daily Stormer en 2017 y a 8Chan en 2019, después ese sitio web fuera utilizado por el perpetrador de una masacre en El Paso, Texas», destacó Hare.
Mientras que Díaz-Jogeix recordó que Twitter se reserva el derecho a restringir el acceso a su plataforma conforme en sus normas comunitarias y términos de servicio, lo que sin embargo podría ser legalmente cuestionable.
¿Quién controla a los controladores?
Más legislación es también lo que propone la Unión Europea.
De hecho la crítica de Merkel a la acción de Twitter contra Trump -hecha a través de su portavoz, Steffen Seibert- destacó que la libertad de expresión solo puede restringirse «de acuerdo con la ley y dentro de un marco definido por los legisladores» y no «por decisión de los administradores de las plataformas de redes sociales».
Y como recuerda Díaz-Jogeix, si bien las principales redes sociales provienen de un contexto cultural de «libertad de expresión absoluta», garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, los estándares internacionales «dan unas pautas de que, en ciertos momentos, por ejemplo de incitación al genocidio, incitación a la violencia, o a la discriminación a colectivos marginales, si se puede limitar la libertad de expresión».
«Las redes sociales se guían por unas normas comunitarias y lo que nosotros criticamos es que esas normas no estén basadas en los estándares internacionales de derechos humanos,. No pueden ser una decisión para (Mark) Zuckerberg o Jack (Dorsey), el CEO de Twitter, sino que deben basarse en estándares internacionales», le dice a BBC Mundo.
Pero para Artículo 19, también existe un riesgo en dejar la regulación de estas plataformas en manos de los gobiernos,
«Nosotros no queremos que Twitter o Facebook sean los que decidan quienes pueden disfrutar de la libertad de expresión. Pero tampoco nos parece buena idea que lo hagan los gobiernos, porque la historia ha demostrado que dejar que los gobiernos regulen la libertad de expresión es una mala idea», dice Díaz-Jogeix.
Como alternativa, Article 19 está pilotando en Irlanda una versión de los consejos reguladores independientes de la prensa escrita que ya existen en varios países europeos, adaptada a la realidad de las redes sociales.
Y aunque el debate está lejos de concluir, Díaz-Jogeix cree que el actual contexto ofrece una valiosa oportunidad.
«Lo que queremos es refocalizar toda esta discusión global que está habiendo sobre esto en preguntarse qué es lo que dicen los estándares internacionales de derechos humanos, en materia de libertad de expresión, pero también de respeto a la privacidad por ejemplo», le dice a BBC Mundo.
Y del resultado dependerá la calidad de mucha de la información que consumimos, y con ella, de nuestras democracias.
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