El anuncio de la Casa Blanca sobre el levantamiento de sanciones a Cuba y Venezuela no es para extrañarse, porque es parte de la agenda demócrata desde la campaña electoral del 2020 para continuar la política de Barack Obama hacia a ambas dictaduras.
Diario Las Américas, Leonardo Morales
Los regímenes de La Habana y de Caracas -en pleno ahogamiento económico- esperaban esto desde que el expresidente Donald Trump entregó el poder en Washington. El candidato presidencial y ahora Presidente, Joe Biden, se encargó de anunciar en reiteradas ocasiones que revisaría la política de su predecesor.
El retraso estuvo ocasionado, entre otros asuntos, por el caos en la retirada de Afganistán y el histórico levantamiento popular del 11 de julio del 2021 en Cuba, con la esperada represión, más de 1.300 detenciones, torturas, cientos de encarcelamientos, varios muertos y largas condenas en prisión (incluso a niños) por parte del régimen cubano.
La conmoción internacional y el rechazo público en la Unión Europea forzaron a Washington a [aparentar] cierta dureza y repulsión por la masacre cometida por el régimen contra seres indefensos en las calles de varias provincias de la isla.
El Departamento de Estado y el propio Biden pidieron el cese de la brutal represión e impusieron “sanciones” colectivas a la policía y a las fuerzas especiales, sin el más mínimo efecto en ninguna institución cubana y mucho menos en los verdaderos responsables.
Las concesiones de Biden y el éxodo acordado
En medio de temas trascendentales que desvían la atención como la guerra en Ucrania, la peor inflación en Estados Unidos en casi 50 años y a pocos meses de las decisivas elecciones legislativas de noviembre, la administración Biden premia el nuevo código penal cubano y el incremento de la represión para desarticular cualquier oposición organizada dentro de la isla. Lo mismo con Venezuela.
Entre las medidas anunciadas están el incremento de remesas familiares con la eliminación del límite de 1.000 dólares trimestrales. Biden permitirá remesas no familiares y el aumento de los vuelos a otras provincias de la isla, además de restablecer el programa de reunificación familiar suspendido desde el 2017.
Eso es exactamente lo que ansiaba el régimen cubano para oxigenarse, luego de los efectos de la pandemia y la ineficacia crónica del sistema socialista para sostener la economía, que se ha agudizado por décadas.
El Departamento de Estado especificó que estos flujos financieros no deben «enriquecer» a personas o entidades que violen los derechos humanos.
La burla aumenta cuando demócratas afirman que «la política de la administración Biden hacia Cuba sigue centrándose ante todo en el apoyo al pueblo cubano, incluidos sus derechos humanos y su bienestar político y económico».
Según Havana Consulting Group, en el 2019 Cuba recibió alrededor de 3.128.93 millones de dólares de remesas en efectivo. Al sumar el valor de las mercancías y otros beneficios la cifra asciende a 6.616 millones de dólares. Estas estadísticas son las que mantienen a la dictadura castrista, muy lejos del bienestar del pueblo y mucho menos dentro de algún respeto a las libertades individuales y derechos.
Las cifras de inmigrantes en EEUU en marzo de este año superaron los 221,000, de ellos 32,141 fueron cubanos, el segundo grupo más numeroso después de los mexicanos.
Sin el consentimiento de Washington, el régimen castrista no se hubiese atrevido en estos momentos a impulsar un éxodo migratorio en contubernio con Nicaragua y México para facilitar el pretexto público al gobierno de Biden, que había indicado ya sus verdaderas intenciones mediante el anuncio de la reapertura de la embajada en La Habana. Es decir, como ocurrió en el mandato de Obama, [nada ha sido casual], sino meticulosamente planificado.
Ucrania y el petróleo ruso, pretextos para oxigenar al narcorégimen venezolano
Los demás pretextos vinieron directamente de parte de la Casa Blanca a través de su estrategia contra la industria estadounidense del petróleo que puso el barril de crudo sobre los 100 dólares; hizo dependiente otra vez a EEUU de los precios internacionales al cerrar los oleoductos desde Canadá e implementar restricciones, para luego no mostrar ningún indicio de querer frenar la guerra en Ucrania, con sus pertinentes consecuencias a nivel mundial.
Todo lo anterior derivó en precios récord de la gasolina en EEUU y las sanciones a Rusia que incluyeron el petróleo que compra Norteamérica a Moscú. Fue entonces cuando la administración Biden tuvo la “genial idea” de buscar nuevamente el petróleo de Venezuela, que subvenciona Irán con diluyentes esenciales y otros químicos y que comercializa Rusia en casi el 100%.
Pero para hacerlo, primero debía levantar ciertas sanciones impuestas por el expresidente Trump como parte de sus efectivas acciones contra las dictaduras y regímenes, enemigos todos de EEUU.
El senador Marco Rubio tomó las señas de Biden desde el principio y alertó sobre el calzo político de una carta a principios de mayo redactada “casualmente” por 18 legisladores progresistas (socialistas) para levantar sanciones a Venezuela y flexibilizar las relaciones con Cuba.
“La administración Biden ya ha decidido levantar muchas sanciones al narcorégimen de Maduro. Esta carta de los congresistas de EEUU, que son abiertamente marxistas, solo busca tapar lo que Biden ya planea anunciar muy pronto”.
“La dictadura castrista tiene simpatizantes dentro de la administración Biden «y el resultado es que hoy vemos los primeros pasos hacia las políticas de Obama sobre Cuba», puntualizó Rubio.
Como hizo Obama con La Habana, Biden -sin consultar con nadie y por sorpresa- envió a Caracas una delegación para negociar con Nicolás Maduro. La exigencia fue que retomara el diálogo con el presidente interino Juan Guaidó, después de que éste se enterara por los medios de prensa que una delegación estadunidense conversaba con el dictador en la capital venezolana.
El gobierno de Biden, los venezolanos y el resto del mundo han comprobado que las [supuestas negociaciones] con la oposición venezolana sólo le han servido a Maduro para perpetuarse en el poder, darle legitimidad a una narcodictadura y regalarle tiempo para que reciba oxígeno financiero y económico de sus aliados.
El doble rasero de la Casa Blanca y la hipocresía de las sanciones a Rusia
La doble moral de Washington es cada vez más evidente: por un lado “condenan públicamente” las dictaduras y por el otro les abren las puertas y les ofrecen lo que necesitan para afianzarlos en el poder. Todo bajo el precepto de moda, “ayudar a la gente, no a los gobiernos totalitarios”; como si hubiese dentro de las dictaduras alguna libertad o [licencia extranjera] que destrone el centralismo y el férreo control que imponen ese tipo de desgobiernos.
La Casa Blanca ordenó varias rondas de sanciones a Rusia y a sus exportaciones de petróleo, además de exhortar a otros países y a grandes empresas a sacar sus inversiones de Moscú.
Ahora, busca el petróleo venezolano cuando la empresa rusa Rosneft comercializa más del 83% del crudo sudamericano.
“Venezuela produce entre 750.000 y 800.000 barriles diarios de petróleo (con diluyentes iraníes) y lo máximo que podría llegar a producir en los próximos seis meses son unos 950.000 barriles diarios. Eso es muy poco comparado con Rusia, que produce 11 millones de barriles diarios y exporta 7 millones. O sea, que Venezuela no frenaría en nada la subida del precio del petróleo”, explica el experto Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad de Rice, en Texas.
Elliott Abrams, enviado especial de EEUU para la crisis en Venezuela, dijo que “en 2019, a medida que el régimen se encontraba desesperado frente a la recesión, se ha apoyado cada vez más en Rusia. Y el papel de Rusia en la economía venezolana se ha incrementado considerablemente en los últimos tres años”.
Según Abrams, Rusia trata de borrar sus huellas en el comercio del crudo venezolano: “Lo comercializa, lo financia, lo oculta, lo transfiere de barco a barco; cambian el nombre de las embarcaciones y apagan los transpondedores, hasta le añaden diluyentes”.
Rosneft y PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) trabajan juntos en seis plantas de extracción y tratamiento de crudo, entre ellas las de Petromonagas, Petrovictoria y Petromiranda.
La agenda de la izquierda y la extrema izquierda
“El secretario de Estado Antony Blinken y la secretaria del Tesoro, Yanet Yellen, han declarado que la Administración Biden no sólo mantendría las sanciones actuales contra el régimen venezolano, sino que buscaría formas de fortalecerlas e imponer sanciones adicionales. Una vez más, la administración Biden ha incumplido su palabra y ha traicionado a quienes buscan liberarse de las dictaduras opresivas y tiránicas”, fue la reacción del congresista Mario Diaz-Balart frente a las concesiones de la izquierda y la extrema izquierda a Cuba y Venezuela.
Por su parte, Bob Menéndez, senador demócrata cubanoamericano por Nueva Jersey y presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado se pronunció sobre el tema.
“Desde Teherán a La Habana y a Pyongyang, la historia demuestra que las negociaciones basadas en concesiones unilaterales no conllevan a cambios factibles en las acciones de regímenes autoritarios”.
“Como autor de la Ley VERDAD, creo firmemente en la necesidad de una solución negociada a la crisis venezolana. Pero al mismo tiempo, cualquier negociación basada sólo en concesiones de nuestro gobierno simplemente ignora la realidad del régimen de Maduro y su largo historial de abuso; de sus negociaciones para mejorar su provecho político. Por más de una década, Maduro ha destruido su país, ha matado y ha torturado a miles de venezolanos, y ha delinquido hasta desatar una catástrofe humanitaria que desestabilizó a nuestro hemisferio”.
“La administración Biden debe abstenerse de levantar más sanciones hasta que Maduro haga concesiones concretas en la mesa de negociaciones. Adicionalmente, no pueden dársele más limosnas al régimen hasta que Maduro libere a todos los ciudadanos estadounidenses encarcelados injustamente por razones políticas en Caracas”.
Esta es otra estrategia de los regímenes totalitarios: arrestar y condenar a ciudadanos estadounidenses para luego chantajear a EEUU con su liberación. Entre los últimos ejemplos aparece Alan Gross, el subcontratista de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) arrestado y encarcelado en La Habana para luego exigir negociaciones a Washington para su liberación durante el gobierno de Obama.
El gobierno de Biden se apresura en sus intereses partidistas y sus compromisos con la extrema izquierda o mal llamados progresistas. El camino que ha seleccionado dista incluso de la cultura democrática de miembros de la bancada azul, y ahora las concesiones a Cuba y Venezuela confirman su desorientación frente a las presiones en un momento crítico de su mandato.
