La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez cumplió este domingo un año de prisión preventiva admitiendo en una carta los errores de su gobierno y con el apoyo de algunos líderes de oposición que reclamaron para que se defienda en libertad ante las acusaciones del Gobierno de ser partícipe de un «golpe de Estado».
EFE
Durante esta jornada no hubo actos ni manifestaciones o concentraciones de apoyo hacia la exjefa de Estado interina como ha pasado en otras ocasiones, cuando algunos activistas se apostaban en exteriores del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores en La Paz.
Únicamente una carta manuscrita que difundió la familia de Áñez por sus redes sociales y algunos pronunciamientos por Twitter de algunos líderes de oposición recordaron el tiempo transcurrido, mientras que desde el Gobierno la fecha se pasó por alto.
ARREPENTIMIENTO POR LOS «ERRORES»
Añez se dirigió a Bolivia para «pedir perdón por los errores» que se cometieron durante su gobierno interino, principalmente la extensión de su Gestión de tres meses a casi un año y por «haber confiado» en quienes finalmente, consideró, la traicionaron.
«Abusaron de mi confianza, de mi buena fe, mintiendo y manipulando la verdad, como ocultándola y negociando con nuestros verdugos para volver al poder», dijo sin dar nombres ni brindar más detalles en su manuscrito.
Cuando Áñez asumió la Presidencia en 2019, nombró a varios de los exparlamentarios de la opositora Unidad Demócrata, partido al que ella representaba en el Senado, como ministros de Estado y responsables de cumplir objetivos como una inmediata convocatoria a elecciones y la pacificación del país.
Sin embargo, su gestión fue cuestionada primero por la extensión de su mandato que atribuyó a la pandemia, con el aplazamiento de comicios en dos ocasiones, y por algunos hechos de corrupción que implicaron a algunos de sus colaboradores más cercanos.
«Pido perdón por los errores cometidos durante el año de mi Gobierno», señaló, al mismo tiempo que dijo estar «secuestrada y presa siendo inocente».
PRONUNCIAMIENTOS DE APOYO
El primero en pronunciarse esta jornada fue el expresidente y líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, que en Twitter señaló que Áñez, «la segunda Presidenta constitucional en la historia de Bolivia», «se convirtió en presa política».
Mesa dijo que el Gobierno del presidente Luis Arce «sólo busca encubrir el gigantesco fraude cometido por @evoespueblo en 2019», en referencia a Evo Morales, y pidió la libertad de Áñez junto a la de varios «presos políticos».
«Un año presa sin derecho a juicios de responsabilidades que le corresponden. Esto no es justicia, es venganza de los fraudulentos que fugaron, que hoy buscan lavarse la cara, tapar su cobardía y manipular la historia linchando a Áñez», escribió el también exjefe de Estado Jorge «Tuto» Quiroga.
A su turno, el empresario opositor Samuel Doria Medina dijo que a Áñez, «la detuvieron por un delito inexistente» y que «la acusaron de algo que físicamente no pudo cometer» además de que «no gozó del derecho a la Salud».
Doria Medina fue aliado de Áñez durante su Gobierno y candidato a la Vicepresidencia del país acompañándola en el binomio hasta que la exmandataria decidió retirar su candidatura días antes de las elecciones de 2020.
Hace un año Áñez y dos de sus exministros fueron detenidos bajo acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración, por lo que se dispuso su detención preventiva, por el caso denominado «Golpe de Estado I».
Esa condición primero fue por cuatro meses y luego ampliada a seis y más tarde se abrió un segundo caso, «golpe de Estado II», en el que las acusaciones son por incumplimiento de deberes y resoluciones contra la Constitución por supuestas acciones irregulares que Áñez cometió para asumir la Presidencia.
A juicio del Gobierno y del Movimiento al Socialismo (MAS), durante la crisis de 2019, Áñez asumió ilegalmente la cabeza del Parlamento cuando lo que correspondía era recomponer la directiva del Legislativo para que asuma esa condición alguien del MAS según el reglamento.
Aquello fue calificado, a juicio del oficialismo, como un «golpe de Estado».
Mientras que Áñez y su defensa argumentan que el procedimiento se apegó a la Constitución al haber existido un «vacío de poder» tras la renuncia de Evo Morales, por protestas en la que se denunció un fraude electoral en los frustrados comicios de ese año.
A la renuncia de Morales también le siguieron las del vicepresidente del país y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados.
El encarcelamiento de Áñez ha estado marcado por problemas en su salud como hipertensión, crisis nerviosas y depresión, con momentos en los que se provocó lesiones o la huelga de hambre que mantuvo por más de dos semanas para conseguir su libertad.
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