La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el martes el intento del estado de Carolina del Sur de cortar los fondos públicos destinados a la organización Planned Parenthood, el último caso que involucra a un estado conservador que busca privar de financiación estatal al proveedor de servicios de atención sanitaria y aborto para las mujeres.
Los jueces de la Corte Suprema rechazaron atender la apelación de Carolina del Sur de un fallo de un tribunal inferior que impedía que el estado bloqueara la financiación del programa Medicaid para Planned Parenthood South Atlantic, la filial regional de la organización.
Planned Parenthood South Atlantic opera clínicas en Charleston y Columbia, en el estado de Carolina del Sur, donde realiza exámenes médicos, análisis oncológicos y otras pruebas de salud, así como abortos. Cada año las clínicas atienden a cientos de pacientes que reciben Medicaid, un programa de seguro médico del Estado federal para estadounidenses con bajos ingresos.
Numerosos estados con gobiernos republicanos han establecido restricciones directas e indirectas en relación con el aborto. Planned Parenthood es el blanco habitual de los activistas antiaborto. Se trata del mayor proveedor de abortos de los Estados Unidos y también recibe millones de dólares en fondos públicos para otros servicios de atención sanitaria.
Julie Edwards, paciente de Planned Parenthood y Medicaid, demandó al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Sur en 2018 después de que las autoridades pusieran fin a la participación de la organización en el programa estatal Medicaid.
El estado tomó la acción después de que el gobernador republicano Henry McMaster emitiera órdenes ejecutivas que declaraban que cualquier proveedor de servicios de aborto no estaría calificado para brindar servicios de planificación familiar, cortando su financiación estatal. La acción del estado obligó a Planned Parenthood a rechazar a los pacientes de Medicaid que buscaban servicios de atención médica, según un expediente judicial.
Carolina del Sur dejó de proporcionar reembolsos de Medicaid para el aborto, excepto en casos de violación, incesto o si la vida de la madre corre en peligro, como lo exige la ley federal.
La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos, con sede en Richmond, en el estado de Virginia, bloqueó la decisión del estado en 2019, diciendo que al poner fin al acuerdo entre Medicaid y Planned Parenthood por razones no relacionadas con la competencia profesional, el estado violó el derecho de Edwards, según la Ley federal de Medicaid, de recibir asistencia médica de cualquier institución que esté “calificada para prestar el servicio”.
Al apelar a la Corte Suprema, el departamento de salud del estado dijo que los beneficiarios de Medicaid no tienen derecho a impugnar la determinación del estado de que un proveedor específico no está calificado para prestar determinados servicios médicos.
En 2018, la Corte Suprema rechazó apelaciones similares de Louisiana y Kansas que buscaban terminar la financiación de Medicaid de Planned Parenthood. En ese momento, tres jueces conservadores – Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch – dijeron que la corte debería haber escuchado las apelaciones de los estados.
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