Entre el 26 de noviembre de 2020 y el 12 de febrero de 2021, en tres ocasiones el Gobierno cubano apagó internet o bloqueó deliberadamente el acceso a páginas. La primera vez fue durante los minutos que duró el violento desalojo por parte de la Seguridad del Estado de los huelguistas acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro; la segunda, cuando golpearon y detuvieron a una veintena de manifestantes frente al Ministerio de Cultura. Para la tercera vez, todos se preguntaban dónde estaría ocurriendo la protesta, pero luego el Gobierno informó que este corte del servicio se debía a reparaciones.
Según elúltimo informe de Access Now, una ONG que monitoriza la violación de derechos digitales, en 2020 las autoridades de 29 países cortaron o interfirieron el servicio de internet. Entre los países afectados, Cuba ocupa un lugar significativo, ya que el Gobierno hizo uso de ese mecanismo de censura con el objetivo de limitar la libertad de expresión, de acceso a la información y de asociación, o encubrir abusos contra los derechos humanos.
«Cuba presenta un caso interesante porque el país recientemente liberalizó el acceso a internet móvil (…) El cierre en 2020 muestra que si bien mejorar la conectividad puede conducir a un mejor discurso cívico, también se puede utilizar para organizar la desobediencia civil, lo que a su vez, puede provocar una respuesta del Gobierno», señala el informe.
Un fenómeno reciente
Internet llegó a los móviles cubanos en diciembre de 2018. Antes de eso, el acceso a la red de redes estuvo disponible a partir de 2015, y solo a través de puntos wifi instalados en parques o plazas públicas. Actualmente, pese a ser excesivamente caro e inestable el servicio, 4,2 de los 11,2 millones de habitantes se conectan con su teléfono.
Este acceso ha posibilitado una mayor proliferación de medios independientes, de acceso a la información vedada por el régimen, el aumento y difusión de iniciativas de la sociedad civil independiente y la participación ciudadana.
En poco tiempo, las redes sociales se han convertido en un motivo de preocupación para las autoridades cubanas, lo que dio lugar, en julio de 2019, al Decreto-Ley 370, Sobre la informatización de la sociedad en Cuba, que tiene como objeto penalizar la difusión «a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas». En la práctica, trata de perseguir todos aquellos contenidos que denuncien la realidad cubana o los exceos del Gobierno. Entre enero y septiembre de 2020, treinta periodistas independientes, activistas pro derechos humanos y disidentes fueron multados con 3.000 pesos (125 dólares) o se les confiscó su teléfono celular por vulnerar este decreto-ley.
Para leer la nota completa, pulsa aquí
Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https://t.me/albertorodnews y dale click a +Unirme.
