La cerca de 600.000 propuestas de sanción hechas por las diferentes policías contra infractores del estado de alarma desde que este entró en vigor el pasado 14 de marzo han llevado al Ministerio del Interior a elaborar una guía para unificar tanto la actuación de los agentes como la tramitación de los expedientes en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.
El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, fue enviado el pasado martes por la noche a delegaciones y subdelegaciones después de que un informe de la Abogacía del Estado cuestionara el modo en el que se estaba aplicando la Ley de Seguridad Ciudadana ―conocida por ley mordaza― y, en concreto, su artículo 36.6 para sancionar aquellos que incumplen el confinamiento.
Interior especifica las doce infracciones más comunes y las sanciones que les corresponderían, así como “circunstancias” que influyen en las cuantías. Así, propone multar con 1.500 euros los desplazamientos no autorizados que se hacen a “segundas residencias”. En este sentido, el documento hace hincapié a los agentes que deben especificar en los boletines de denuncia específicamente esta circunstancia, al considerar que en ese caso «implicaría una actitud evidentemente dolosa y dotada de mayor culpabilidad” por parte del infractor.
Además, el documento especifica que cualquier “desplazamiento no autorizado” debe tener una propuesta de sanción de 601 euros, la mínima contemplada en la ley mordaza. Esta aumentará a 2.000 euros si el infractor muestra “menosprecio” al agente y a los 3.000 si hay “intimidación”. Si la reacción llega a la “violencia o amenaza cuando no constituyan infracción penal», ascenderá a 10.400 euros. En el caso de que el infractor del confinamiento sea reincidente, Interior plantea que la sanción que se proponga varíe “en razón de la persistencia”, aunque fija la cuantía de 1.200 euros como orientativa. Si esa “persistencia” se refiere a “realización de actividades no permitidas en establecimientos comerciales o industriales”, la propuesta de sanción ascendería a 2.000 euros.
Interior plantea que se sancione con 1.500 euros a aquellos que lleven “menores, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad” sin causa justificada, sobre todo si es en un vehículo. La misma cuantía propone para los desplazamientos no autorizados “en compañía”. En el caso de que el infractor dificulte su identificación inicial, el documento cifra en 700 euros la sanción. Si esta actitud se considerase “deliberada”, esta cuantía se elevaría a los 1.500 euros. Finalmente, la “organización o participación en actividades en común, festejos, celebraciones etc” puede tener una propuesta de sanción de hasta 10.400 euros si se considera que el nivel de riesgo es “elevado” por “el número de personas, circunstancias y proximidad” entre estas.
Interior detalla que estas 12 propuestas de sanción han sido realizada “con la casuística más común” hasta ahora, pero recalca que “no constituye una relación cerrada […] sino que podrá ser enriquecida a través de las prácticas que los propios agentes e instructores de los expedientes puedan transmitir». De hecho, el departamento de Grande-Marlaska insiste en que “resulta trascendental que los boletines de denuncia [que elaboran los policías] reflejen lo más precisamente posible los hechos objeto de denuncia y las circunstancias concurrentes en cada caso, a fin de que las mismas sean tenidas en cuenta por el instructor del expediente sancionador”.
Para ello, detalla que se refleje la “actitud del denunciado hacia los agentes”. Si esta es de “aceptación resignada”, considera que no es necesario hacerla constar. “Por el contrario, sí se consignará si el infractor ha reaccionado con menosprecio, jactancia o mala educación o […] haya proferido insultos o amenazas contra/hacia los agentes por si se deduce intimidación o amenazas”. Los boletines también deben recoger “el nivel de riesgo producido para la seguridad ciudadana o la salud pública” por el número de personas, circunstancias y proximidad, así como la presencia de menores, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad». También si el infractor es reincidente o dificulta su identificación. Interior también quiere que se refleje el número de ocupantes de los vehículos que incumplan el confinamiento y que se identifique a todos los que sean mayores de edad.
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