La Corte Penal Internacional (CPI) acordó este martes enviar un equipo para investigar los crímenes de guerra supuestamente cometidos por el mariscal Jalifa Hafter en Libia, anunció el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), Muhamad al Qiblawi, a la prensa local.
«El Tribunal Penal aprobó la solicitud del Presidente del Consejo Presidencial, Fayez al Serraj, sobre el envío de un equipo para investigar los crímenes de la milicia de Hafter en Tarhuna (90 kilómetros al sureste de Trípoli) y al sur de Trípoli», dijo el responsable.
«El fiscal de la Corte Penal, Fatou Bensouda, estima que la misión del equipo comience en la segunda mitad de este mes de julio y subraya la necesidad de cooperar con las autoridades libias», señaló.
En junio pasado, Al Sarraj pidió a la CPI que enviara urgentemente un equipo para investigar «crímenes» de la milicia Haftar y se comprometió a tomar todas las medidas y proporcionar la asistencia necesaria al equipo de investigación.
Esta mañana, las Naciones Unidas acusaron a las milicias de Hafter de plantar minas indiscriminadamente en barrios residenciales que causaron la muerte de 138 civiles y de obreros en dos meses.
El Centro libio contra las Minas anunció, por su parte, que el 42% de las víctimas de minas en Libia son especialistas en remoción de estos artefactos de los ministerios de defensa e Interior.
Además de las minas, la ONU en Libia (UNSMIL) pidió en junio pasado una investigación «rápida y transparente» sobre el presunto hallazgo de ocho supuestas fosas comunes, la mayoría de ellas en la ciudad de Tarhuna, al sureste de Trípoli.
Libia es un Estado fallido, víctima del caos y la guerra civil, desde que en 2011 la OTAN contribuyera militarmente a la victoria de los distintas milicias rebeldes sobre la dictadura de Muamar al Gadafi.
Desde que en abril de 2019, el mariscal Jalifa Hafter, tutor del Ejecutivo no reconocido en el este y hombre fuerte del país, pusiera cerco a la capital para arrebatarle el control al Gobierno de Acuerdo Nacional sostenido por la ONU en Trípoli (GNA), el conflicto fratricida se ha convertido en un enfrentamiento multinacional totalmente privatizado, sin ejércitos regulares, librado por milicias locales y Compañías de Seguridad Militar Privadas (PSMC) extranjeras.
El mariscal cuenta con el apoyo económico, político y militar de Jordania, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Francia, Sudán y Rusia, Estados estos dos últimos que le proveen de mercenarios eslavos, sirios y africanos.
El GNA recibe el respaldo de Catar, Túnez, Italia y Turquía, nación está última que desde finales del pasado año ha reclutado y enviado a más de 10.000 mercenarios sirios a combatir a Libia. EFE
