La defensa de la exmandataria interina de Bolivia Jeanine Áñez aseveró este martes que el Gobierno cayó en «falta de veracidad» en aspectos sobre el estado de salud y condiciones del encarcelamiento de la expresidenta en el informe que presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según el abogado Luis Guillén existieron aspectos que «no condicen con la realidad» y que «aparecen registrados en los datos que ha proporcionado el Estado» boliviano a la CIDH, que el pasado viernes comunicó sobre la negativa y el cierre de la solicitud de medidas cautelares que presentó Áñez.
Guillén tomó como ejemplo las restricciones de visitas penitenciarias a la exmandataria interina que han sido de «pleno conocimiento público», entre las que figuran alrededor de 1.606 visitas médicas según el Gobierno y que se presentan como si «hubieran sido consolidadas».
El jurista explicó que Áñez «no ha recibido» esa cantidad de visitas y recalcó que aseverar aquello «no condice con la verdad» puesto que tanto sus abogados como sus familiares «han tenido complicaciones» para visitarla y conocer detalles de su salud.
La ex jefa de Estado interina, recluida desde hace siete meses en una cárcel en La Paz, sufre «hipertensión de base», neuropatía periférica» y «anorexia nerviosa», según informó hace unos días su hija Carolina Ribera en un tuit en el que criticó la decisión de la CIDH.
No obstante, la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, manifestó este martes a medios locales que el Estado boliviano «de alguna manera ha garantizado» mecanismos de cuidado y revisión de la salud de Áñez.
Reneaum también indicó que el Estado boliviano tomó «todas las medidas con anticipación para que Áñez no continuara autolesionándose», como pasó tras padecer la que se cree fue una crisis nerviosa a finales de agosto pasado.
También aseveró que la CIDH seguirá «monitoreando y pidiendo información» sobre el estado de salud y las condiciones de atención que el Gobierno de Bolivia brinda para la «protección de la salud» de la expresidenta interina.
Áñez está acusada de terrorismo, sedición y conspiración por el caso denominado «golpe de Estado» a raíz de una denuncia que presentó la exdiputada del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) por hechos durante la crisis política y social de 2019.
La justicia del país que inicialmente estableció cuatro meses de detención preventiva para Áñez primero hizo una ampliación a seis y luego otorgó otros seis adicionales con lo que la exmandataria interina permanecerá recluida un año.
Además de ese proceso, han ingresado al Parlamento boliviano al menos cuatro proposiciones acusatorias de la Fiscalía por delitos que considera Áñez cometió durante su mandato, entre ellos la muerte de una veintena de civiles en acciones conjuntas de militares y policías en 2019.
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