La defensa de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez rechazó este lunes la interpretación que hizo el Gobierno de Luis Arce sobre una reciente sentencia constitucional para asegurar que en 2019 no hubo un vacío de poder en el país.
EFE
Los abogados de la exmandataria transitoria difundieron un comunicado en el que sostienen que la citada sentencia conocida el pasado viernes «en ningún punto alude o menciona el nombre de Jeanine Áñez, menos refiere términos o palabras como ‘Golpe de Estado’ o Autoproclamación a la presidencia», como lo han señalado las autoridades.
El pronunciamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) respondió a un recurso de nulidad interpuesto en 2019 por la entonces diputada Margarita Fernández contra Susana Rivero, quien pese a anunciar su renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados por Twitter, posteriormente continuó ejerciendo ese cargo.
El fallo señala que «no es posible la sucesión ipso facto tras la dimisión de autoridades electas, sin que previamente la instancia competente para declarar su admisión o rechazo analice el cumplimiento de las condiciones de validez constitucional para su eficacia».
Es decir que Rivero sí tenía competencia para ejercer la presidencia de la Cámara baja, pues su renuncia no se formalizó por la vía legal que señala que quien deja de manera voluntaria un cargo de elección popular debe presentar por escrito y en persona su dimisión para que el órgano competente dé trámite.
Esto valió para que el ministro de Justicia, Iván Lima, considerara el viernes que la sentencia «ratificó que en el país hubo un golpe de Estado» y no se produjo un vacío de poder llenado por Áñez.
Según Lima, el fallo indica que «quien ejerce primera y segunda vicepresidencia de Diputados o Senadores no ejerce un cargo democrático, quien ejerce una vicepresidencia en Diputados o Senadores representa una minoría», en referencia a que Áñez ejercía la segunda vicepresidencia de la Cámara alta en 2019.
ANTECEDENTES Y REACCIONES
Evo Morales renunció a la Presidencia boliviana el 10 de noviembre de 2019 denunciando que fue forzado por un supuesto golpe de Estado, en medio de protestas ciudadanas y denuncias de un presunto fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de octubre de ese año, luego anulados.
Durante dos días nadie se hizo cargo de la Presidencia boliviana, ya que con Morales anunciaron sus renuncias todos los que constitucionalmente podían sucederlo, hasta que Áñez asumió de forma interina tras activar un mecanismo de sucesión que en su momento contó con el visto bueno del Constitucional.
La defensa de Áñez sostuvo que «más allá de las interpretaciones», el Constitucional boliviano «se ha manifestado mediante jurisprudencia y actos claros de reconocimiento» a su gestión interina, como la declaración de enero de 2020 en la cual aceptó prorrogar el mandato de los entonces Ejecutivo y Legislativo hasta las nuevas elecciones generales.
Los abogados también recordaron el comunicado emitido por el Tribunal el 12 de noviembre de 2019 que avaló la sucesión.
«Es imposible poder borrar o cambiar las acciones y jurisprudencia emitida por el TCP en el reconocimiento de la Presidencia de Jeanine Áñez» y la sentencia sobre el caso de Diputados no es aplicable en su caso, agregaron.
La fuerza opositora Creemos consideró en un comunicado que «estaría en curso un golpe de Estado de Evo Morales en contra de todas las autoridades electas» mediante «maniobras» apoyadas por el órgano Judicial para «restituirlo en el poder».
Áñez y dos exministros suyos están en prisión desde marzo dentro del caso «golpe de Estado» referido a la crisis de 2019.
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