Una demanda para detener el traslado de diez migrantes desde Estados Unidos a Guantánamo, Cuba, varios de ellos de origen venezolano, fue presentada en contra de la administración del presidente Donald Trump argumentando viola leyes federales y la Constitución.
Por Sonia Osorio / El Nuevo Herald
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Centro de Derechos Constitucionales, el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP) y la ACLU del Distrito de Columbia presentaron la demanda en nombre de los migrantes que corren el riesgo de ser transferidos a la base militar de EEUU en la bahía de Guantánamo.
“Enviar inmigrantes a una prisión remota y abusiva no sólo es ilegal y sin precedentes, sino ilógico dado el costo adicional y las complicaciones logísticas. En última instancia, se trata de una cuestión teatral”, dijo Lee Gelernt, abogado principal y subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
Siete de los diez migrantes son venezolanos, uno es de Afganistán, otro de Pakistán y uno de Bangladesh, según se detalló en el documento de la demanda que se anunció el sábado.
Las organizaciones que lideran la acción judicial dijeron que Guantánamo alberga una de las prisiones más notorias del mundo, utilizada cuando el gobierno de Estados Unidos ha “intentado operar en secreto, sin rendir cuentas”.
Trump firmó en enero un memorando en el que aprueba el uso de la base militar para detener a extranjeros criminales como parte del operativo lanzado a nivel nacional para deportar a migrantes indocumentados y a quienes cometieron delitos.
“Algunos de ellos son tan malos que ni siquiera confiamos en que los países los retengan porque no queremos que regresen, así que los enviaremos a Guantánamo. Esto duplicará nuestra capacidad de inmediato. Es un lugar difícil del que salir”, dijo Trump.
Tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 presuntos terroristas fueron albergados en la base militar.
Inquietante lo que sucede
En el documento de la demanda se mencionan varias violaciones que las organizaciones consideran está cometiendo el gobierno estadounidense como remoción ilegal puesto que Guantánamo es parte de Cuba, no territorio de Estados Unidos; detención ilegal, violación a la ley del Proceso Administrativo, violación al debido proceso y del habeas corpus.
Las organizaciones dijeron que en un intento de justificar los traslados, el gobierno ha afirmado que los individuos que envió a Guantánamo son miembros de pandillas y criminales peligrosos, “lo peor de lo peor”.
“Esa caracterización es patentemente falsa. También es legalmente irrelevante porque el gobierno carece de autoridad legal para enviar a Guantánamo a detenidos inmigrantes de Estados Unidos”, afirmaron.
También detallaron en la demanda que lo que han revelado hasta ahora las personas que han sido transferidas a Guantánamo “es inquietante”.
Los detenidos son confinados en celdas solitarias sin ventanas durante al menos 23 horas al día, si no más. Se les permite un tiempo extremadamente limitado fuera de sus celdas, son constantemente encadenados y sometidos a registros corporales invasivos, y nunca se les permite ponerse en contacto con sus familiares, precisaron.
Los guardias “incurren en abusos físicos y verbales”, incluyendo la sujeción de personas en una “silla de castigo” durante horas, la retención de agua como represalia, la amenaza de disparar a los detenidos y la fractura de la mano de algunas personas al golpearla con una radio, aseveraron en la demanda.
“Los demandantes buscan la intervención de este Tribunal para poner fin a estos traslados crueles, innecesarios e ilegales a Guantánamo y a su detención en ese lugar”, se indicó.
«Sórdida historia»
Arthur Spitzer, asesor principal de la ACLU del Distrito de Columbia, dijo que nada en la ley estadounidense autoriza al ICE a detener a personas en países extranjeros, “pero eso parece no ser una preocupación para la administración Trump”.
“Para una administración que ha estado promocionando una supuesta eficiencia con el dinero de los contribuyentes, el presidente Trump parece ansioso por desperdiciar dinero en malos tratos innecesarios e ilegales a los inmigrantes,” agregó.
Los grupos presentaron una demanda el mes pasado en nombre de los familiares de los detenidos y los proveedores de servicios legales que buscan acceso a los inmigrantes que fueron transferidos de Estados Unidos y retenidos en Guantánamo y dijeron que esa demanda sigue pendiente.
Kimberly Grano, abogada de personal de litigios en Estados Unidos del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP), dijo que durante décadas, Guantánamo ha sido el lugar de “graves abusos de los derechos humanos perpetrados por el gobierno de Estados Unidos.”
“La administración Trump está explotando esta sórdida historia para enviar el mensaje de que ninguna crueldad está prohibida en su ataque a los derechos y la humanidad de los inmigrantes. Este proyecto ilegal de sacar a personas del suelo estadounidense y detenerlas en esta tristemente célebre prisión en alta mar debe detenerse”, enfatizó.
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