Las autoridades españolas, en colaboración con la inteligencia colombiana y la Interpol, detuvieron en Valencia (España) al colombiano Diego Marín, conocido como ‘Pitufo’ o ‘Papá Pitufo’, quien es señalado de controlar el 80 % del contrabando que ingresa al país andino, según informó el mandatario Gustavo Petro.
EFE
«Esta persona es el jefe de una enorme asociación para delinquir que incluye personas que están al interior del Estado, en la vida política y en general en la delincuencia en Colombia dedicados a lo mayor del contrabando en el país», explicó este viernes Petro en una rueda de prensa.
El propio Petro habló con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cuando la Inteligencia colombiana logró ubicarlo para que la Policía y la Guardia Civil española le ayudaran a detenerlo: «le pedí su colaboración, lo teníamos ubicado pero aún no se capturaba y gracias a esa colaboración hoy se produjo su captura».
«Lo que se ha presentado en el día de hoy es básicamente la mayor operación en la historia de Colombia contra el contrabando», alegó el mandatario, quien explicó que el «contrabando en Colombia es la otra cara del narcotráfico, la manera como la cocaína exportada se convierte en pesos colombianos».
‘Pitufo’ será enviado a Colombia, según informó el presidente colombiano, quien le pidió que «diga toda la verdad, que confiese todas sus relaciones políticas, de funcionarios del Estado».
Se trata del segundo gran golpe contra el contrabando en Colombia en un mes, pues a mediados de marzo la Fiscalía y la Policía anunciaron que habían desmantelado a la mayor banda dedicada al contrabando del país, señalada de ser responsable del ingreso de mercancías provenientes de Estados Unidos, Asia y Europa.
En la operación detuvieron a cinco personas, entre ellas al ‘zar’ del contrabando en el puerto de Buenaventura, Ricardo Orozco Baeza, también conocido con los alias de ‘El Bendecido’ o ‘El Zar’, además del coronel en retiro Alexander Galeano Ardila y al mayor de la Policía Mario Andrés Sarmiento.
La estructura supuestamente desmantelada gestionaba semanalmente el acceso ilegal de 30 contenedores con textiles, calzado, cigarrillos y otros productos a Buenaventura, el mayor puerto colombiano del Pacífico.
Según la Fiscalía, esto habría representado una renta ilícita que ascendió en un año a ocho billones de pesos (unos 2.059 millones de dólares).
En ese momento, Petro aseguró que se trataba del «golpe más grande dado al contrabando en la historia de Colombia».
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