Un reporte llegado a nuestras manos revela que los diputados de la Asamblea Nacional pertenecientes a la denominada Fracción CLAP, habría cobrado USD 3.500.000 por hacer desaparecer el informe de la investigación sobre el empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Saab, encargado del negocio de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, programa de alimentación del gobierno venezolano, señalado de manejos irregulares y corrupción.
El grupo parlamentario integrado por los diputados Conrado Pérez (Primero Justicia), Richard Arteaga (Voluntad Popular), Luis Parra Rivero (Primero Justicia), Adolfo Superlano (Cambiemos), José Brito (Primero Justicia, Chaim Bucaram (Un Nuevo tiempo) y Guillermo Luce (Voluntad Popular), sería el responsable de haber hecho “desaparecer” de la Comisión permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, el informe de las investigaciones que se desarrollaron sobre Saab y la irregularidades por él cometidas en la implementación del programa CLAP.
Precisa el informe que cada uno de estos diputados habría supuestamente recibido USD 400.000 a cambio de ·esconder” el expediente de la investigación; USD 10.000 mensuales durante el año 2019, y USD 100.000 por cada gestión realizada. También se les aseguró —de acuerdo a la versión del reporte— continuidad como diputados en las elecciones parlamentarias programadas irregularmente por el Consejo nacional Electoral (CNE) y la Asamblea Nacional Constituyente. Para lograr tal propósito, con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por el oficialismo, se apropiarían de los partidos políticos Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo tiempo. Desde el seno de estos partidos títeres, establecerían alianzas con el PSUV.
Igualmente, los citados parlamentarios se habrían encargado de una serie de jugadas destinadas a la destitución de Juan Guaidó de la presidencia del Poder Legislativo Nacional. Este hecho se materializó el 5 de enero de 2020, cuando los diputados CLAP se confabularon con los parlamentarios del PSUV para impedir la entrada de Juan Guaidó y los demás diputados de la fracción democrática de oposición al Palacio Federal Legislativo, para así poder defenestrarlos del poder parlamentario y designarse con directivos de la Asamblea Nacional[1].
Esta jugada parlamentaria se conoció como “operación alacrán”, habiendo sido descubierta cuando el diputado Alfonso Marquina (Primero Justicia) publicó un video en el que intentaban sobornarlo para que se sumara a la Fracción CLAP[2].
La diputada de Un Nuevo Tiempo, Delsa Solórzano, había denunciado previamente —el 19 de diciembre de 2019— que Nicolás Maduro había instrumentado la referida operación para evitar que Guaidó fuera reelecto titular del Parlamento el 5 de enero de 2020. “La dictadura ha intentado comprar conciencias ofreciendo un millón de dólares a parlamentarios para comprarle su voto el 5 de enero” y agregó que “como no lo lograron encarcelan y allanan sus inmunidades”. Explicó que la propuesta oficialista consistía en pagarles a cambio de que no asistieran a la sesión en que se produciría la votación para así romper el quorum[3].
La Fracción CLAP también habría hecho paralizar leyes y deshacerse de la oposición democrática del parlamento, para lo cual presuntamente contaron con el financiamiento de Álex Saab en toda la trama de corrupción.
Luis Parra, quien fue designado de manera fraudulenta como presidente de la Asamblea Nacional, fue protagonista de un nuevo escándalo recientemente, cuando circuló un video en el que se le veía contando un fajo de billetes —euros o dólares— en un baño cuando se encontraba de compras por Europa.
Parra, de acuerdo a investigaciones desarrolladas por el periodista, Roberto Deniz, encabezó “La llamada ‘rebelión de las regiones’ [la cual] comenzó en Europa defendiendo a Alex Saab y contando fajos de euros. El chavismo había dicho que iba a investigar a los diputados involucrados en el caso. Luego formaron un frente para asaltar la Asamblea Nacional y dijeron que Saab es diplomático (…) En 2019 Luis Parra dirigió la operación para defender en Europa y Colombia a Alex Saab, sus colaboradores y sus empresas, especialmente las relacionadas al negocio de los CLAP. Posteriormente llegó el asalto a la presidencia de la AN el pasado 5 de enero con el apoyo del chavismo”[4].
El periplo europeo de Parra y el resto de los diputados CLAP se. Llevó a cabo sin que nunca el referido parlamentario explicara nunc, cómo no formando parte de la Comisión de Contraloría, viajó a Bulgaria en abril de 2019 junto a Conrado Pérez y Richard Arteaga, en inexplicada gira, que según sugirió el portal Armando.Info tuvo como objetivo entregar oficios en favor de Álex Saab y sus empresas relacionadas con los CLAP. No explicó quién costeó ese viaje y el realizado en mayo con parlamentarios de esa comisión a Roma y Madrid[5].
La desaparición del expediente de Saab
De acuerdo a lo referido en el informe, los diputados de la Fracción CLAP supuestamente extrajeron las pruebas del expediente sobre la investigación que se le siguió al programa alimentario del gobierno y a los empresarios y empresas encargados del mismo que se desarrollaba desde el año 2016 en el seno de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN.
Los parlamentarios presuntamente también ocultaron que el hijo de Álex Saab, igualmente formaba parte de la empresa Grand Group Limited.
En tal sentido, habrían elaborado un informe paralelo en los que eximieron y favorecieron a Álex Saab y su entramado de 20 empresas de toma responsabilidad en la trama de corrupción de que se les acusaba. Las denuncias en su contra sostienen que estos empresarios conformaron y registraron empresas en el exterior con apoderados venezolanos y cuentas bancarias diferentes a las del país de origen de dichas empresas de maletín, con el objetivo de crear un velo corporativo y así dificultar las investigaciones y su detección.
El informe real que los diputados CLAP supuestamente desaparecieron, demostraba el sobreprecio aplicado por todas las empresas involucradas en el esquema, ocasionando con esto un daño al patrimonio público por miles de millones de dólares.
Del mismo modo, el informe comprobaba el daño a la salud ocasionado a la población venezolana debido a los productos de mala calidad que se suministraban para el programa CLAP.
A pesar del daño y los crímenes de lesa humanidad causados, inexplicablemente la Comisión permanente de Contraloría de la AN, otorgó cartas de buena conducta a los empresarios señalados y sus empresas para trámites en bancos en España y Estados Unidos.
El reporte en nuestras manos que da cuenta de las acciones de la Fracción CLAP, recomienda que Álex Saab, Shadi Saab, Carlos Lizcano, así como los diputados, sean denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI), por la vulneración al derecho de la alimentación y a la salud cometidas por ellos, lo cual constituyen crímenes de lesa humanidad.
Las cartas de buena Conducta
Refiere en informe, que la Fracción CLAP habría emitido 48 oficios desde el seno de la subcomisión de contraloría encargada de la averiguación de las denuncias formuladas por supuestas irregularidades y corrupción imperante en el programa alimentario oficialista. Estas comunicaciones estuvieron dirigidas a organismos internacionales, instituciones financieras y ministerios de gobiernos extranjeros, con el objeto de exculpar a Alex Saab y Carlos Lizcano y sus empresas de denunciadas.
Tales oficios de la Comisión de Contraloría, según reza el informe, fueron emitidos como cartas de buena conducta en favor de las firmas Salva Foods 2015, Mulberry Proje Yatirim, Group Grand Limited, Adon Trading, Asasi Food Fze. En detalle, estos oficios se emitieron a favor de Group Grand Limited, el 29 de noviembre de 2018; Salva Food, el 28 de noviembre de 2018; de Ramsés Reyes, el 1 de agosto de 2018.
Se emitió, además, una Resolución de la Subcomisión Especial; un Poder para el abogado italiano, Frediano Sanneris, el 2 de julio de 2019.
Oficios de la Comisión Permanente de Contraloría (CPC/P/18/08), el 1 de agosto de 2018; (P/18/06314), el 27 de junio de 2018; (CPC/P/18/08), el 1 de agosto de 2018, dirigido a Luisa Ortega Díaz (Fiscal General).
También se remitieron informes para el Primer Ministro de los Emiratos Árabes, Mohamed Bin Rachid Al Maktun, el 2 de mayo de 2019; para Grand Group Limited, el 29 de noviembre de 2018.
Igualmente, una Constancia de fecha 29 de noviembre de 2018; una Certificación de documentos, el 14 de agosto de 2018; a los Servicios Financieros de Dubai, Saeb Eigner, el 3 de mayo de 2019; a favor de Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi, el 29 de noviembre de 2018; a favor de Carlos Lizcano Presidente de Salva Foods (P/18/11505), el 16 de noviembre de 2018.
A la ministra de Asuntos Exteriores, Justicia y Cultura del Principado Liechtestein, Aurella C.K. Frick, se le dirigieron varias comunicaciones, una el 9 de abril de 2019; otra el 8 de abril de 2019; y otra el 10 de abril de 2019.
A favor de Adon Trading Fze, el 29 de noviembre de 2018; a favor de Carlos Lizcano, presidente de Salva Foods, el 16 de noviembre de 2018.
La absolución a Alex Saab se emitió el 29 de noviembre de 2018.
Una comunicación de la Comisión Permanente de Contraloría (CPC/P/000520/2018), dirigida al Banco Itau Panamá, se remitió el 27 de noviembre de 2018; otra identificada con el código CPC/P/000519/2018, para el Banco Banesco, se emitió el 27 de noviembre de 2018; una para el Banco Itau Bogotá, el 27 de noviembre de 2018; una con el código CPC/P/000522/2018, para el Banco Corp Banca Helm, se remitió el 27 de noviembre de 2018.
Al ministro de asuntos exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, le enviaron un oficio el 9 de abril de 2019; al embajador de Suiza en Venezuela, Didier Chassot, el 29 de mayo de 2019; al Primer Ministro de Bulgaria, Boyko Borissov, se le enviaron dos comunicaciones, una el 9 de abril de 2019 y la otra el 10 de abril de 2019; a Miguel Oliveira, director de Novo Banco, el 10 de abril de 2019 y el 9 de abril de 2019.
Por su parte, los diputados señalados, así como también el ex vicepresidente de la Comisión de Contraloría, Conrado Pérez (padre), con propiedades en Georgia (EE. UU.), consignaron ante la Fiscalía de Colombia y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, cartas de Buena Conducta y Certificación de la Comisión Permanente de Contraloría de la AN, en las que se absuelve de toda responsabilidad en la comisión de irregularidades y corrupción a los empresarios Álex Saab y Carlos Lizcano.
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