El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró este lunes que es necesario que la exguerrilla FARC diga toda la verdad sobre el reclutamiento de menores, el paradero de personas secuestradas que todavía están desaparecidas y sus vínculos con el narcotráfico.
EFE
Al firmar una ley por medio de la cual se rinden honores a los militares que hace doce años participaron en la “Operación Jaque” el jefe de Estado afirmó que el “país entero exige” que se diga toda la verdad, que se haga justicia, que exista reparación y que no haya repetición “por parte de quienes flagelaron por décadas al pueblo colombiano”.
En la “Operación Jaque”, desarrollada el 2 de julio de 2008, fueron rescatados en las selvas del sur de Colombia la excandidata presidencial Íngrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y once soldados y policías colombianos, algunos de los cuales llevaban más de 10 años secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“Eso implica que se conozca toda la verdad sobre el reclutamiento de menores y que también se impongan las sanciones ejemplarizantes a la luz del derecho internacional”, dijo el gobernante colombiano.
Igualmente, aseveró que “el reclutamiento de menores ha sido uno de los flagelos más dolorosos que ha visto” el país y que ese crimen conllevó a que los niños fueran “despojados de su ingenuidad, despojados de su transparencia, despojados del afecto familiar para ser convertidos en máquinas de guerra, lavándoles el cerebro”.
NO HAY PACIENCIA ETERNA
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó el viernes pasado a 14 exjefes de las FARC, incluido Rodrigo Londoño, su último líder, para que den su versión en un proceso que les sigue ese tribunal por reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado colombiano.
Según el informe “La guerra sin edad” del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), publicado en 2018, un total de 16.879 menores de 18 años fueron víctimas de reclutamiento entre 1960 y 2016 por parte de todos los grupos del conflicto armado colombiano.
El grupo que más lo hizo fue las FARC (54 % de los casos), seguido por los paramilitares (27 %) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que se le atribuye el 10 %.
Las FARC siempre han negado que haya reclutado menores para sus filas, incluso la semana pasada la senadora de ese partido, Griselda Lobo, conocida como “Sandra Ramírez”, aseguró en una entrevista con Blu Radio que no conoce ningún caso de reclutamiento forzado dentro de la guerrilla, afirmación que fue rechazada por varios sectores de la sociedad.
“Nadie puede pretender ocultar esa verdad ni tampoco tenemos paciencia eterna para esa verdad, porque no estamos hablando de asuntos que requieren sofisticación en las investigaciones, porque ese reclutamiento fue ostensible ante los ojos del pueblo colombiano”, enfatizó Duque, quien exigió que los máximos responsables de esos delitos respondan ante el país.
EL NARCOTRÁFICO
El jefe de Estado también aseguró que el país exige que se conozca toda la verdad sobre las operaciones de “narcotráfico que por décadas alimentaron esas estructuras criminales”.
Remarcó la importancia de que se den a conocer las rutas, los mecanismos de lavado de activos, las transferencias y los suministros de insumos y de precursores químicos para el procesamiento de la droga, para desmantelar esas organizaciones criminales que se lucran de ese negocio ilícito.
Igualmente, Duque puso de presente que el país debe saber la verdad sobre lo que pasó con las personas que por años fueron secuestradas y cuyo paradero se desconoce porque no se ha dado la información respectiva.
“Muchas de esas personas seguramente y tristemente, están en fosas comunes, pero necesitamos conocer la verdad y que se haga justicia. La construcción de una paz duradera en una sociedad implica que la justicia reine”, apostilló.
Al hacer referencia a la reparación de las víctimas de las FARC, Duque aseguró que el proceso “requiere que los victimarios aporten todos los bienes con total transparencia y con un tiempo definido”.
Las FARC tienen hasta el próximo 31 de julio para entregar los bienes destinados a reparar a las víctimas del conflicto armado, según el plazo otorgado por el Gobierno colombiano.
En su momento el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, dijo que las FARC fueron las que informaron al Estado que entregarían bienes por un billón de pesos (unos 270,2 millones de dólares de hoy).
EFE
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