El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, sustituyó este lunes al jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y al de prisiones, y llamó a todos los poderes a un «acuerdo nacional», en un intento por aplacar una crisis carcelaria atizada por el narcotráfico y que este año deja más de 320 presos muertos en brutales enfrentamientos.
AFP
Lasso «aceptó la renuncia» del jefe del comando conjunto, vicealmirante Jorge Cabrera, y del director del organismo a cargo de prisiones (SNAI), Bolívar Garzón, indicó la secretaría de Comunicación en un comunicado.
Los responsables salieron de sus cargos ante un sistema penitenciario en caos por el desafío de las bandas del narcotráfico que se disputan el poder dentro y fuera de las prisiones. El fin de semana, 68 reclusos murieron en un choque a bala, con explosivos y a machete en la principal cárcel del puerto de Guayaquil (suroeste), que el gobierno calificó de «barbarie».
Este lunes Lasso, en el poder desde mayo, se reunió en Guayaquil con los comandantes de las Fuerzas Armadas y Policía, además de ministros de seguridad y los titulares del Congreso, la Corte Nacional de Justicia y la Corte Constitucional para -según dijo por Twitter- concretar un denominado «Acuerdo Nacional para Afrontar la Crisis Carcelaria».
Añadió que dará un mensaje a la nación hacia las 20H00 locales del lunes (01H00 GMT del martes).
«El país está bajo el ataque, bajo una mafia internacional de los cárteles de la droga», expresó a su vez el vocero presidencial, Carlos Jijón, al canal Teleamazonas.
«Acto de terrorismo»
Sin embargo, el portavoz también deslizó la tesis de un complot político para desestabilizar al gobierno de Lasso, investigado por el Congreso por su relación con el escándalo de los «Pandora Papers».
«El objetivo real (de la masacre) era cometer un acto de terrorismo que conmocione a la nación», señaló Jijón, y agregó que la crisis no se reduce a «un enfrentamiento entre bandas o pandillas de la cárcel», sino que se trata de «una situación extremadamente grave que tiene ramificaciones políticas».
El mandatario designó como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas al general Orlando Fuel, quien era comandante del Ejército, y encargó la dirección del SNAI a la agencia de inteligencia del gobierno CIES. El general Luis Burbano pasó a ser comandante del Ejército.
Los enfrentamientos del viernes y sábado sacudieron la penitenciaría Guayas 1 de Guayaquil, donde en septiembre ya habían muerto 119 reclusos en la masacre carcelaria más cruenta ocurrida en Ecuador y una de las peores de Latinoamérica.
Según autoridades, desde el domingo no se registran incidentes en el sistema penitenciario del país, sumidos en la anarquía y la violencia y con una sobrepoblación del 30%.
Más de 1.000 uniformados en cárcel
Debido a la situación en las prisiones y la violencia del narco, Lasso decretó dos estados de excepción: uno el 30 de septiembre por 60 días para las cárceles, y otro el 18 de octubre también por 60 días, movilizando a los militares a las calles para que apoyen a la policía en patrullajes y requisas.
Pero la Corte Constitucional limitó su alcance, prohibiendo el ingreso de efectivos militares a las penitenciarías y autorizando solo su presencia en los exteriores hasta finales de este mes. También dispuso que los militares patrullen las calles por no más de 30 días.
A pesar de las restricciones, militares armados de fusiles ingresaron a la cárcel Guayas 1, constataron periodistas de la AFP.
«Han entrado el día de hoy más de mil efectivos», declaró el gobernador de la provincia del Guayas (cuya capital es Guayaquil), Pablo Arosemena, al canal Ecuavisa.
La tasa de homicidios subió de 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2020 a 10,6 entre enero y octubre de 2021, según el gobierno.
Ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores mundiales de cocaína, Ecuador pasó de ser un punto de almacenamiento y tránsito de droga a enfrentar las mafias del negocio y sus milllonarios recursos. Solo este año ha decomisado la cifra récord de 167 toneladas de drogas.
Las masacres carcelarias en el país son cruentas, con cuerpos quemados, decapitados y desmembrados.
La violencia del fin de semana dejó personas «asesinadas, incineradas, mutiladas», y varios de los «cuerpos están irreconocibles, tienen que hacerse pruebas de ADN» para ser identificados, dijo el vocero presidencial.
Además, las autoridades investigan si un radar militar que Ecuador puso a funcionar en octubre para luchar contra el narcotráfico y que dejó hace una semana de funcionar debido a una explosión, fue blanco de un ataque «terrorista».
Con capacidad para 30.000 personas, las 65 prisiones ecuatorianas están ocupadas por 39.000 reclusos, una superpoblación del 30%. Del total de reos, 15.000 carecen de sentencia.
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