La administración del presidente Joe Biden anunció recientemente una extensión y redesignación del programa que brinda protección temporal contra la deportación a ciudadanos de Sudán y Ucrania. Esta protección también ha sido extendida para nacionales de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua.
Por VOA Noticias
El programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) permite a los inmigrantes -cuyos países de origen se consideran inseguros- vivir y trabajar en Estados Unidos durante un período de tiempo, si cumplen con ciertos requisitos establecidos por el gobierno estadounidense.
En una llamada con reporteros el miércoles, los defensores de la inmigración instaron a la Casa Blanca a incluir nuevos países en el estatus de TPS y reconfigurar los actuales otorgamientos a fin de permitir que más personas califiquen para el programa y trabajen legalmente en EEUU.
Daniel Costa, director de investigación de políticas y leyes de inmigración en el Instituto de Política Económica, destacó que los actuales beneficiarios del TPS tienen altas tasas de participación en la fuerza laboral y aportan miles de millones de dólares a la economía estadounidense cada año.
«El TPS aumenta los salarios mediante la provisión de una autorización de trabajo para personas que no la tienen. Salarios más altos también significan un mayor gasto en la economía, lo que crea más empleos», explicó.
Las designaciones originales de TPS para Honduras, Nicaragua y El Salvador se hicieron hace más de 20 años. Cuando la Administración Biden extendió el TPS para esos países en junio, lo hizo para los actuales titulares de este beneficio.
Si el gobierno de EEUU volviera a designar el TPS, cambiaría la fecha límite en la que las personas debían haber ingresado al país para calificar para el programa, y aquellos que ingresaron dentro de los últimos 20 años serían elegibles.
Según un informe del Centro Niskanen, un instituto de investigación de políticas con sede en Washington, la «gran mayoría» de los beneficiarios del TPS están empleados.
«Más del 94 % de los beneficiarios del TPS formaban parte del mercado laboral en 2017, trabajando en sectores que van desde el comercio minorista hasta la atención médica. Según algunas estimaciones, terminar el TPS solo para El Salvador, Honduras y Haití conduciría a una pérdida de más de 160.000 millones de dólares al Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos en una década», muestra el informe.
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