EE.UU. se puso este viernes de espaldas a la historia. Después de ser uno de los pioneros en legalizar el acceso libre y seguro al aborto en el continente, retrocedió medio siglo, mientras el resto de América va dando pasos hacia una regulación más aperturista con la que las mujeres puedan decidir sobre sus propios cuerpos.
EFE
La conocida como ola verde, iniciada en Argentina hace unos años, ha provocado otras movilizaciones sociales en países como Colombia y México, una tendencia que ha ido ampliando los derechos y el debate en la región, hasta el revés que hoy les ha propinado la Corte Suprema estadounidense.
ARGENTINA TIÑE DE VERDE EL MAPA
La lucha feminista en Argentina respecto al aborto culminó a finales de 2020 cuando el Parlamento aprobó una ley que permite acceder libremente al aborto hasta la semana 14 de gestación, norma impulsada por el Gobierno del actual presidente, Alberto Fernández.
Hasta la aprobación de la nueva norma, en Argentina sólo se permitía abortar legalmente si la mujer había sufrido una violación o corría peligro su vida, y aunque la ley autoriza la objeción de conciencia de los facultativos que no quieran participar del aborto, siempre deben derivar con rapidez a las pacientes a otros profesionales que lo lleven a cabo.
Desde 2020, toda persona gestante puede acceder en el sistema de salud al aborto, de forma gratuita dentro de esas 14 semanas, y más allá de ese plazo en las dos causales que ya eran permitidas antes.
Las menores de 13 años pueden hacerlo con la asistencia de al menos uno de sus padres o representante legal, mientras que las que tengan entre 13 y 16 solo necesitan autorización si el procedimiento compromete su salud.
COLOMBIA, EL LOGRO MÁS RECIENTE
La Corte Constitucional de Colombia decidió el pasado febrero despenalizar el aborto libre hasta la semana 24 de gestación. Fue un proceso de varios meses, en el que la votación a favor de cinco magistrados -cuatro hombres y una mujer- se impuso a la de cuatro magistradas, concediendo la petición formulada por organizaciones feministas de una demanda histórica.
Fue el pasado 21 de febrero en la sentencia C-055, que no elimina el delito del aborto del Código Penal, pero da un plazo de seis meses a las gestantes que quieran poner fin a su embarazo, mientras que conserva las tres causales para interrumpirlo en cualquier momento: salud o riesgo de vida de la madre, malformación del feto o violación.
Sin embargo, el camino para ejercer libremente el aborto en Colombia aún es largo, con múltiples trabas en las clínicas y sobre todo en zonas rurales, y con la oposición de varios sectores de la sociedad, incluido el actual Gobierno, que criticó la sentencia a las pocas horas de conocerla.
LOS NUEVE ESTADOS DE MÉXICO
En México, la interrupción del embarazo es legal en 9 de sus 32 estados.
En 2007, Ciudad de México se convirtió en la primera entidad en legalizar el aborto por cualquier motivo hasta las 12 semanas de embarazo; 12 años después, en 2019 Oaxaca secundó esta decisión.
En 2021, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima hicieron reformas a sus legislaciones locales para garantizar el aborto legal para las mujeres; mientras que en 2022 Sinaloa, Guerrero y, más recientemente, Baja California Sur hicieron lo mismo.
El 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró, tras una decisión histórica votada por unanimidad, que era inconstitucional el Código Penal de Coahuila que establecía una pena de prisión a la mujer que voluntariamente o con consentimiento practicara su aborto, al considerar que vulneraba el derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir.
La decisión del Supremo solo invalidó el código penal de Coahuila, pero sentó un precedente obligatorio para todos los tribunales del país, que deberán fallar a favor de las mujeres de otros estados.
EL DEBATE Y LOS SUPUESTOS DE CHILE Y BRASIL
En Chile, se puede abortar bajo tres supuestos desde 2017 (violación, inviabilidad del feto y riesgo vital para la madre), gracias al empuje del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018).
Hasta entonces, las interrupciones voluntarias del embarazo estaban totalmente penalizadas, algo que estableció la dictadura de Augusto Pinochet poco antes de que el general dejara el poder en 1990.
Hasta 2017, según diversos estudios, se realizaban unos 70.000 abortos anuales en Chile, todos ellos en la clandestinidad.
De acuerdo a datos del Ministerio de Salud, entre 2018 y 2020 se registraron 1.827 abortos legales en Chile, una cifra que deja entrever que todavía decenas de miles de mujeres siguen poniendo fin a su embarazo de forma ilegal.
El pasado noviembre, la Cámara de Diputados rechazó y ordenó archivar durante un año un proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto completamente hasta la semana 14 de gestación, alejando así uno de los principales anhelos del colectivo feminista en el país.
Mientras, en Brasil, la legislación vigente permite la interrupción del periodo de gestación solo en casos de violación, riesgo para la madre y anencefalia fetal, de lo contrario, se puede llegar a aplicar una condenada de hasta 3 años de prisión.
La discusión volvió al centro del debate esta semana después de que una jueza negó el aborto a una niña de 11 años que quedó embarazada tras ser víctima de una violación por considerar que, al estar de más 20 semanas, interrumpir el embarazo sería un «homicidio».
Tras semanas de indecisión, la niña consiguió abortar el miércoles en un hospital público, una decisión duramente condenada por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien consideró «inadmisible» haber «quitado la vida» a un «ser indefenso».
LA DURA REALIDAD EN CENTROAMÉRICA Y PERÚ
En El Salvador se encuentra vigente una penalización plena del aborto y el Código Penal establece condenadas de entre 2 y 8 años de prisión a las mujeres que se provoquen o consientan un aborto.
Sin embargo, quienes sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, pero son procesadas bajo el cargo de homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años.
Unas 181 mujeres han sido procesadas por aborto u homicidio agravado en las últimas décadas. Desde 2009, han sido liberadas 65 que recibieron altas condenas de prisión, mientras que actualmente 4 se encuentran en la cárcel y 5 enfrentan un proceso penal en libertad, según la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto.
El presidente salvadoreño, Nayi Bukele, se ha mostrado en contra de la despenalización y el Congreso, de amplía mayoría oficialista, desechó en 2021 las propuesta para despenalizar algunas causales.
En Honduras, el aborto está penalizado en todas sus formas desde 1997 y varias iniciativas que buscan despenalizarlo en tres supuestos -riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación- no han tenido eco entre los diputados.
De hecho, en enero de 2021 el Parlamento aprobó un proyecto de ley que prohíbe de forma absoluta el aborto en el país, donde uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años, pese a la oposición de organizaciones feministas locales.
En Nicaragua es prohibido cualquier tipo de aborto desde 2006, según el Código Penal. En el contexto de la campaña por las elecciones presidenciales de ese año, la Asamblea Nacional (Parlamento), con el voto de los sandinistas, aprobó las peticiones de las Iglesias católica y evangélica para prohibir el aborto terapéutico.
Hasta ese momento, la legislación facultaba a practicar este tipo de interrupción del embarazo si era «determinado científicamente, con la intervención de tres facultativos, por lo menos, y el consentimiento del cónyuge o pariente más cercano a la mujer».
En Guatemala, el aborto está prohibido por la ley y contempla penas de 1 a 3 años de cárcel. Pese a ello, son pocos o casi nulos los casos documentados de detenciones al respecto.
El Congreso decretó este año penas mayores para el aborto bajo la «Ley para la Protección de la Vida y la Familia».
Sin embargo, la medida, que también contemplaba estatutos contra las minorías, finalmente fue derogada y archivada por el Congreso ante la presión de diversos sectores locales e internacionales, además del posible veto del presidente, Alejandro Giammattei.
En Perú, el aborto es ilegal, incluso en casos de malformaciones congénitas o violencia sexual, un escenario que, cada año, conduce a miles de mujeres a optar por la peligrosa clandestinidad.
La ley del aborto terapéutico, vigente e intacta desde 1924, solo lo permite cuando la salud o la vida de la gestante están en riesgo inminente, aunque el acceso sigue siendo muy limitado ante el estigma, la desinformación, las creencias religiosas y la oferta restrictiva.
Durante años, el debate sobre el aborto despertó poco interés en las más altas esferas de la política peruana, pero en los últimos meses el tema se ha puesto nuevamente en la agenda del Congreso, con dos iniciativas legislativas completamente opuestas, si bien parece complicado que se abra camino una que proteja completamente el derecho de las mujeres.
CUBA, PIONERO. URUGUAY, DESPENALIZADO DESDE 2012
Cuba fue el primer país latinoamericano en despenalizar el aborto y desde 1965 es un derecho legal y asistido dentro de los servicios médicos gratuitos.
En 1936 era legal para salvar la vida de la madre o evitar un daño a su salud, en caso de violación o si existía la posibilidad de transmitir al feto una enfermedad grave. Las clínicas privadas de entonces lo realizaban a quienes podían pagarlo.
Se realiza dentro de las primeras 12 semanas de gestación y el Código Penal establece que solo es delito si se realiza por lucro, fuera de instituciones sanitarias, por personal no médico o en contra de la voluntad de la gestante.
Uruguay cuenta, desde octubre de 2012, con una ley que despenaliza el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, 14 semanas en supuesto de violación, y en cualquier momento del embarazo en caso de malformación o riesgo para la salud de la madre.
Tras una década de lucha de un grupo de trabajadores de la salud (la organización Iniciativas Sanitarias), en la que incluso estuvo a punto de aprobarse en 2008 pero fue vetada por el entonces presidente Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020), del izquierdista Frente Amplio (FA), Uruguay aprobó bajo el mandato de José Mujica (2010-2015), de la misma formación, la ley 18.987, una norma pionera por despenalizar el aborto y velar por los derechos sexuales y reproductivos.
Dicha ley permite la objeción de conciencia de los médicos y personal sanitario, pero la limita a recetar el fármaco abortivo o practicar la interrupción del embarazo y los obliga a participar en todos los procedimientos previos y posteriores al mismo.
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