El apoyo político al gobierno transitorio de Perú, que preside el legislador Manuel Merino, comenzó a evidenciar este viernes sus primeras fisuras en el Congreso, que se sumaron al masivo rechazo ciudadano y a las críticas internacionales por el uso excesivo de la fuerza para reprimir las movilizaciones en su contra.
David Blanco Bonilla / EFE
Tras las multitudinarias protestas que se presentaron el jueves a nivel nacional, dos bancadas legislativas que en principio apoyaron la toma de mando de Merino anunciaron que no darán la confianza al gabinete que preside el conservador Ántero Flores-Aráoz.
Mientras que Merino se mantiene en silencio, a pesar de las numerosas críticas a su legitimidad, países como Inglaterra, EE.UU. y España se sumaron a los pronunciamientos de organizaciones internacionales como la ONU para que se respete el proceso democrático y el derecho a la protesta en Perú.
FISURAS EN EL CONGRESO
Merino, quien era presidente del Congreso, juró este martes como presidente de transición de Perú después de que 105 de los 130 legisladores destituyeron a Vizcarra por «incapacidad moral» tras las denuncias, aún en investigación preliminar, de que recibió sobornos cuando fue gobernador de la región Moquegua (2011-2014).
Sin embargo, el sólido respaldo parlamentario a la salida de Vizcarra fue rechazado de manera masiva por los peruanos, quienes consideran que aquel debió terminar su mandato el próximo 28 de julio para luego ser investigado y, de ser necesario, procesado.
Esto se ha reflejado en protestas multitudinarias a nivel nacional de rechazo a la destitución de Vizcarra, contra la toma de mando de Merino, y de desagrado con la clase política en general.
Ante esta masivo movimiento ciudadano, la primera bancada en anunciar este viernes su decisión de no apoyar al nuevo gabinete de ministros fue la del Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap).
ESCUCHAR AL PUEBLO
La portavoz del Frepap, María Teresa Céspedes, aseguró que su bancada, cuyos 15 integrantes votaron por la destitución de Vizcarra, no le dará la confianza al gabinete porque «el pueblo no lo está respaldando» y Merino «tiene que escuchar al pueblo».
«Ellos van a tener que ir a pedir el voto de confianza. Ahí el Frepap le dirá no, porque no estamos de acuerdo con ese gabinete», remarcó en la emisora Radio Exitosa.
Poco después del anuncio de esta agrupación, la bancada el Frente Amplio de Izquierda, en la que seis de sus ocho miembros también votaron por la destitución de Vizcarra, informó que tampoco le dará la aprobación al gabinete.
Esta agrupación, que ha sido criticada por haber apoyado la destitución que generó la gran inestabilidad social en el país, aseguró que rechaza la designación del primer ministro, un veterano político conservador, y no le dará el voto de confianza.
Además del pronunciamiento de estas dos bancadas se conoció que los legisladores Hans Troyes y Orlando Arapa, del partido Acción Popular (AP), tampoco apoyarán al gabinete, a pesar de que pertenecen a la misma agrupación que Merino.
Hasta el momento, se da por hecho que el gabinete también será rechazado por los nueve integrantes del Partido Morado, que votaron contra la destitución de Vizcarra y su portavoz, Francisco Sagasti, dijo este viernes que no les genera «la más mínima confianza».
PRESIDENTE EN SILENCIO
A pesar de la gran inestabilidad política que afronta su país, Merino no ha hecho ninguna aparición en público ni ha emitido algún pronunciamiento en las últimas horas.
Sin embargo, envió un oficio al secretario general de Acción Popular para que le concedan licencia a su militancia partidaria hasta el 28 de julio de 2021, cuando debe culminar su mandato.
En el documento, que fue publicado por medios locales, Merino dijo que desea «mantener libre de responsabilidad al partido de cualquier acto de gobierno» y aseguró que durante la votación del lunes pasado todos los integrantes de su bancada actuaron «con plena libertad de conciencia, total independencia, convicción y ajenos a cualquier influencia del partido».
El gobernante sostuvo esto después de que Troyes afirmase este jueves que hubo presiones al interior de su bancada para que los parlamentarios votaran por la destitución bajo la amenaza de que sus proyectos no serían aprobados.
MANIOBRA ANTE EL TC
Este viernes se supo que el gobierno de Merino busca evitar que el Tribunal Constitucional (TC) lo declare inconstitucional e intentó interferir en la demanda que Vizcarra presentó hace un mes y medio para que el alto tribunal defina los alcances de una destitución por «incapacidad moral».
Esto quedó en evidencia luego de que se supiera que la nueva ministra de Justicia, Delia Muñoz, pidió la renuncia del procurador general, Daniel Soria, que ejerce la defensa del Estado en este caso, al argumentar que el Ejecutivo haría «un cambio en la estrategia» sobre este asunto.
Aunque esa información fue revelada por el mismo Soria, Muñoz evadió confirmarla pero aseguró que «nunca» dijo que se iba a desistir de la demanda y admitió que «aún no está definida cuál va a ser la estrategia» sobre el caso.
El gobierno de Vizcarra presentó la demanda ante el TC tras el primer intento de destitución por «incapacidad moral» que enfrentó en septiembre pasado, aunque el tribunal aplazó su decisión por un plazo que vence la próxima semana.
PRONUNCIAMIENTOS INTERNACIONALES
Tras las denuncias de uso excesivo de la fuerza por la policía durante las manifestaciones, gobiernos como los de Estados Unidos y Reino Unido se sumaron al pronunciamiento de organismos como la ONU que pidieron el respeto al derecho a la protesta en Perú.
La representación de la ONU en el país mostró su preocupación por la actuación de las fuerzas del orden y aseguró que «se han registrado violaciones del derecho de los detenidos al debido proceso, incluyendo detenciones de manifestantes adolescentes».
«Ante los desafíos que enfrenta el país, urge buscar soluciones pacíficas a través del diálogo y los canales institucionales existentes», remarcó el comunicado.
Por su parte, la embajada británica señaló que «sigue de cerca los acontecimientos políticos del Perú» y manifestó su preocupación por el «uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades peruanas en respuesta a las protestas».
La legación diplomática recordó que la protesta pacífica es «un derecho democrático y debe ser respetado» y se mostró de acuerdo con la confirmación de las elecciones generales de abril de 2021.
La embajada de EE.UU. también saludó, en un comunicado, el «compromiso del Gobierno» peruano para celebrar las elecciones y remarcó que «los peruanos, como todos los pueblos de las Américas, tienen el derecho a la democracia, y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla, incluyendo el derecho a protestar pacíficamente».
En declaraciones ofrecidas en Santiago de Chile a Efe, la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe de España, Cristina Gallach, aseguró que Perú «debe de encontrar una estabilidad y cumplir con los compromisos electorales previstos para el año que viene».
Gallach expresó, en ese sentido, su esperanza de que «las calles se calmen» y toda la movilización «se pueda reconducir».
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